Las patentes son
mencionadas por los organismos internacionales de propiedad intelectual OMPI,
EPO (EUROPA) o USPTO (EEUU) como un indicador relevante de la actividad
innovadora en materia de ciencia y tecnología de un determinado país, pues en
general, los inventores o creadores -empresas- protegen aquellos aparatos,
métodos o productos que pretenden utilizar o comercializar en el territorio en
el que solicitan un registro monopólico por 20 años.
Los países de economías más desarrolladas
acaparan aproximadamente el 95% de toda la inversión en ciencia y tecnología y
un 96% de los registros de patentes sumando los EEUU, Europa. Japón, Canadá,
China y Corea. Apenas un 0.5% de las patentes son creadas en Latinoamérica y El
Caribe.
Las empresas focalizan el registro de patentes
en aquellas industrias en las que pretenden instalar monopolios o impedir que
una industria local se desarrolle. Esa es la doble función de las patentes
proteger monopólicamente o patentar en aquellas industrias en las que otro país
es competitivo respecto de los países desarrollados.
El caso más demostrativo junto al de la
industria farmacéutica es la denominada agro-industria con sus organismos
genéticamente modificados, sus semillas e insumos para el tratamiento de las
plantas, siendo Brasil, Argentina y Paraguay tres de los cuatro mayores
productores de soja y otras transgénicas del mundo. Las empresas
multinacionales desplegaron diversas estrategias de dominación para diseminar y
ampliar la frontera y las ganancias por propiedad intelectual engañando y
cooptando sectores de gobiernos para llevar a cabo sus negocios y controlar los
reclamos y críticas de organizaciones ambientales y la opinión pública en
general.
En Argentina,
la inteligencia de Monsanto cooptó al entonces director de la Agencia
Nacional de Ciencia y Tecnología, hoy ministro del área, Lino Barañao, quien
estableció un sistema de préstamos (FONDEN y FONTAR) financiados con créditos
del BID para proyectos de innovación originales o no (subsidios o préstamos con
devolución) que en todos los casos debían ser susceptibles de ser protegidos
por patentes a través de un tribunal de evaluación. La Agencia determina año
tras año cuales son los proyectos susceptibles de recibir los subsidios.
El director de la Agencia nacional a través
del periodista y matemático Adrián Paenza, convenció al entonces presidente
Néstor Kirchner, en medio de la disputa con Monsanto por el cobro de royalties,
de impulsar un modelo de desarrollo tecnológico basado en el patentamiento de
los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por científicos
argentinos que luego de emigrar por mejores salarios en dólares o euros,
querían ser repatriados a su país con buenos sueldos y mudanza asegurada. Era
necesario para ello crear el primer Ministerio de Ciencia y Tecnología, un
golpe de efecto poderoso para quienes no diferencian demasiado (como los
presidentes) la ciencia y la tecnología de fetiche, a la de negocios
empresariales.
Así se planeó la construcción de un Polo
Tecnológico para concentrar físicamente a los investigadores repatriados para
los proyectos agro-tecnológicos, nano-tecnológicos y de punta, aunque el mayor
negocio es el de las compañías transgénicas pues el plan cierra cuando recursos
del Estado nacional son invertidos ahora para investigaciones destinadas a
“desarrollos innovadores nacionales” que tendrán como destino las ganancias de
las empresas semilleras que hacían lobby a Néstor Kirchner por el pago de royalties
de propiedad intelectual.
Fallecido Néstor, la presidenta fue finalmente
convencida por Barañao y sus colegas de CONICET que el patentamiento de los
desarrollos hechos en Argentina por científicos repatriados argentinos, era la
mejor forma de lograr una ciencia aplicada a su modelo de “crecimiento con
inclusión social”. Los científicos y los desarrollos financiados por su
gobierno, (alrededor de unas 20 solicitudes de patentes) a cambio de ganancias
fabulosas para las empresas Monsanto, Syngenta, Cargill o Nidera quienes
monopolizan mas del 80% de las semillas transgénicas en todo el Mundo.
(En la foto, los
funcionarios Hernán Lorenzino, Héctor Timerman, Déborah Giorgi y la Presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en una reunión con directivos de
la empresa Monsanto.)
Leer completo el artículo
de Marcos Piña para el Observatorio Sudamericano de Patentes aquí.
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