(Por Laura Guarinoni. Red Eco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
viernes 15 de marzo de 2013) - Si uno se dispone a entrar en la página del
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires encontrará un link del
presupuesto 2013. Allí se muestran, acompañados por unos dibujitos que hacen la
explicación muy amigable, los datos oficiales de lo realizado en materia
educativa hasta el momento y lo proyectado para este año. En éste se afirma que
en 2012 se llegó a niveles de inversión records (alrededor de $20.811 millones
en el 2012), que se triplicó el salario docente y que se realizó la inversión en
infraestructura educacional más grande de los últimos años. Entonces, ¿cómo se
explican los constantes problemas que surgen en materia educativa? La respuesta
es fácil si revisamos la redistribución de ese presupuesto y las diferencias
que se vienen realizando entre las escuelas públicas y privadas de la ciudad
desde el comienzo de la gestión macrista.
La política educativa
que desarrolla el líder del PRO y su ministro de Educación, Esteban Bullrich,
en la CABA genera un conflicto permanente, desde hace años, con los sectores
que defienden la educación pública. Recordemos las tensiones que se dieron con
la toma de numerosos establecimientos educativos el año pasado y el anterior
(más de35 colegios de la capital).
Según los propios
números del PRO, durante 2012 se destinaron más de 1500 millones de pesos a la
Dirección General de Educación de Gestión Privada. En 2013, las políticas de
corte privadas se profundizan. Según el Decreto de Distribución de Créditos del
GCBA, el total de fondos para dicha Dirección General es de $1.652.057.674, en
tanto que los destinados a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento son $157.876.079 (casi un 10% de lo asignado a la educación
privada para este año).
Resulta difícil
encontrar cuáles son los motivos, o el criterio de asignación de los subsidios
otorgados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada. No hay un
registro claro y público que lo explique. No se llevan a cabo auditorías, no se
sabe quiénes reciben los subsidios, van a escuelas que tienen cuotas muy altas,
por encima de los 1.500 o 2.000 pesos, y reciben entre el 60% o 80%, y no son
destinados a escuelas que cumplen una función social, ni para la inclusión de
la gran cantidad de chicos que quedan afuera del sistema educativo por falta de
vacantes en instituciones públicas. En 2013 el gobierno de la ciudad proyecta
subsidiar 1.022 escuelas privadas, mientras que el total de escuelas primarias
públicas en la Ciudad, contempladas en el mismo presupuesto, es de 441 y 210
jardines públicos.
La construcción de
escuelas es otro gran conflicto que cruza la división público-privado. Al final
de 2012, el crédito asignado al programa Infraestructura Escolar era de
$326.306.071. Esté es 400% menor que el destinado a la Educación Privada
($1.584.190.080).
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