El gobierno nacional , lejos de las promesas de campaña, ha resuelto pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional; una deuda usurera, ilegítima y fraudulenta, que someterá por décadas a nuestro pueblo. Para pagar esa deuda, la política económica tendrá como prioridad fundamental recaudar dólares en lugar de resolver los reclamos populares más urgentes: el acceso al trabajo, la vivienda y terminar con la pobreza y la indigencia que avanza en los lugares de trabajo y en los barrios.
Como viene ocurriendo desde hace décadas, el mecanismo de la deuda es utilizado para imponer el sometimiento a nuestros países: el FMI impone planes de ajuste, reformas laborales y educativas, recortes, privatizaciones, eliminación de asistencia social y presupuestos para la salud y la educación pública. Todo lo recaudado debe utilizarse para pagar esa deuda. Esos dólares que fueron prestados a nuestro país pero que de ninguna manera fueron utilizados para resolver las necesidades populares, sino que fueron a los bolsillos de los grandes empresarios locales y extranjeros, que luego además fugaron ese dinero al exterior.
De la mano del pacto con el Fondo Monetario se viene una profundización del ajuste económico y fiscal que ya se está descargando sobre las espaldas de las mayorías populares. A contramano de lo que se dice, no habrá crecimiento y desarrollo, sino que asistiremos a una mayor política de ajuste que supone devaluaciones, tarifazos e impuestazos y un avance de la reforma laboral, para lo que se cuenta con el aval de la CGT y las CTAs. Un ajuste que golpea también a la educación, la salud, los salarios y el acceso a la vivienda. Se trata de una enorme transferencia de recursos desde los bolsillos del pueblo trabajador a los empresarios, las multinacionales, los bancos y el FMI mismo.
En momentos en que más del 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza y crece la indigencia, nos manifestamos contra el pago de una deuda que se hará a costa del hambre, la salud y la vida de nuestro pueblo; que profundizará una política de saqueo y extractivismo que contamina nuestros territorios, que implicará por supuesto, recortes en los presupuestos educativos y de salud. En educación, significará como ya se hace evidente, una continuidad de las políticas de vaciamiento, recortes presupuestarios, mayor pérdida del salario docente, un mayor avance de la precarización de las condiciones laborales y educativas.
Como docentes, no podemos estar al margen de este debate. Desde Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior), convocamos a las compañeras y compañeros trabajadores de la educación a movilizarnos junto a todas las organizaciones populares para enfrentar esta política.
No al pacto con el FMI y el pago de la deuda. Abajo el plan plurianual y el ajuste, no a la reforma laboral. Por un plan de lucha nacional contra el acuerdo.
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