(Por Luis Reyes, Tribuna Docente, Río Negro, domingo 30
de mayo de 2020)- La ministra de educación de la provincia de Río Negro, Mercedes
Tracchia (en la foto junto a la a gobernadora Arabela Carreras) ha emitido una
resolución donde intenta establecer los fundamentos políticos y pedagógicos en
tiempos de aislamiento social y una propuesta de evaluación de las trayectorias
escolares. La intención es la de seguir desentendiendo al Estado de su rol en
garantizar el derecho de las y los estudiantes a recibir educación e imponer
una reforma antilaboral a la docencia rionegrina.
La fundamentación de la
resolución parte por establecer a la docencia como agentes del Estado, y por lo
tanto la responsabilidad de establecer vínculos con los estudiantes y sus
familias. Este planteo pretende confirmar el accionar del Ministerio de Educación,
que no ha puesto en funcionamiento ninguna estructura institucional para que
docentes y estudiantes tengan gratuitamente acceso a dar y recibir educación.
Hoy es es la docencia quien está poniendo sus propios recursos económicos y
materiales para llevar adelante el proceso educativo.
La realidad cotidiana
nos muestra que como docentes sufrimos una sobrecarga de trabajo y extensión de
la carga horaria, el desembolso de onerosos recursos económicos para obtener
conectividad y acceso a las nuevas tecnologías, siendo que la patronal no
otorga como marca la ley, las herramientas para llevar adelante nuestro
trabajo. La continuidad pedagógica que nos reclama a la docencia, se convierte
en un apriete por parte de las direcciones de nivel, obligando a establecer por
fuera de todo canal institucional, a una relación pedagógica que es violatoria
del derecho laboral, el estatuto docente, y de la privacidad de cada trabajador
y trabajadora de la educación, una muestra de que la patronal obra de mala fe.
Lo inédito y
escandaloso de la resolución, es que parte de desconocer al sujeto y el
contexto de quien va a recibir la educación. Si el Ministerio de Educación y
Derechos Humanos partiera de la realidad, tendría que dar cuenta que la
política económica que han desarrollado, ha dejado a las comunidades educativas
empobrecidas enormemente y con dificultades o nulas posibilidades de acceso a
Internet o las redes sociales.
Derogación
inmediata de la Resolución 2580/20
Claramente, la
gobernadora Arabela Carreras y su ministra Tracchia pretenden llevar a fondo el
proceso de descentralización educativa que desde el último gobierno militar a
la fecha, ha provincializado y fragmentado el sistema educativo, auspiciando el
negocio de la educación privada con millonarios subsidios y llegando al extremo
que en plena crisis por la pandemia del Covid-19 se obliga a solventar
económicamente el proceso educativo rionegrino a docentes y comunidades
educativas.
Desde Tribuna Docente decimos que no somos
agentes del Estado, somos trabajadores y trabajadoras intelectuales de la
educación y es el Estado quien debe garantizar el derecho irrenunciable de cada
alumno y alumna a recibir educación. El planteo gubernamental es una
provocación y solo ha sido posible por la complicidad de UnTER (Unión de los Trabajadores
de la Educación de la provincia de Río Negro), Central, que en la última
reunión con el gobierno pretende avanzar y convalidar estos atropellos; que,
aprovechando la excusa de la cuarentena, pasa por encima de la paritaria
(¿también del congreso?), aceptando el planteo del ministerio que dice: “de ser
necesario (ya que también contamos con Vocalía CPE [Consejo Provincial de
Educación] representativa de las partes) se pueden homologar en la Secretaría
de Trabajo los acuerdos a los que se arriben en las comisiones. Entiende que es
un momento de trabajo y debate en comisiones ante esta nueva realidad
imperante” (Informe UnTER Central).
La defensa de nuestras
condiciones laborales debe partir de la inmediata derogación de la Resolución
2580/20 y de todas aquellas que modifican nuestra legislación laboral, la
provisión de recursos materiales a docentes y estudiantes, y un salario acorde
a la canasta familiar como parte de la defensa de una educación integral,
social y colectiva para los hijos de los trabajadores, que eduque con todos los
sentidos y todos los recursos al servicio de entender la realidad y modificarla
en servicio de la clase trabajadora.
Todo esto será posible
si a contramano del inmovilismo y complicidad de la conducción provincial
debatimos y organizamos un plan de lucha de toda la docencia rionegrina.
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