Cada
medida de las anunciadas por la Nueva Mayoría en su programa de
gobierno, ha resultado una sorpresa para quienes finalmente, están
llamados a ser sus potenciales beneficiarios o víctimas.
Así
ha pasado con la pretendida reforma educacional, la que entre
cambios, ofertas y modificaciones, dejará las cosas tal cual como
son ahora, sin entrar en cambios de verdad relevantes, porque entre
otras cosas, mantiene la columna vertebral de la educación de
mercado, como es el financiamiento por subvención.
Caso
similar es el esfuerzo por realizar una reforma tributaria, anunciada
para resolver las aberrantes diferencias que hacen de Chile el país
más desigual del planeta. Pero ya se sabe, que lo que entró al
parlamento no es lo mismo que saldrá de él.
Se
creará una AFP Estatal, que en boca de la propia presidenta no
cambiará el problema de fondo; o sea no entregará mejores pensiones
y eso no es lo que quieren ni por lo que votaron millones de
compatriotas.
Y,
en el plano de los cambios políticos que buscan modificar el sistema
binominal, lo único que se puede esperar es que aumenten los
honorables, dejando intactas las actuales proporciones que se
reparten la exuberante torta de asignaciones, viáticos y salarios
millonarios.
Pero
cuando ya se creía agotada la capacidad de asombro, llegan los
resultados de la negociación que ha reunido a la CUT con el Gobierno
para acordar el monto del salario mínimo.
No
hace mucho tiempo, para ser precisos el 1 de mayo de 2013, la
presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa decía: “¿Quién cree hoy
que un trabajador con 205.000 puede superar la pobreza? …. el
salario mínimo no debería ser inferior a 370.000 pesos brutos.”
No
pasó mucho tiempo para que cambiara de opinión, interesada más que
en aumentar la alicaída capacidad adquisitiva de los trabajadores,
en mantener plena coherencia con un gobierno que una vez más da la
espalda a los trabajadores.
Para
decirlo con toda crudeza, acordar un salario mínimo de 225.000 pesos
es una bajeza que no se condice con un gobierno que ha ofrecido, pero
que no ha cumplido, ni con una dirigencia sindical que ha dicho una
cosa, pero luego parece trabajar para el gobierno más que por los
trabajadores.
La
ilegitimidad de la Central, cuya conducción está en manos del
Partido Comunista, ahora integrante del bloque político que gobierna
el país, queda una vez más al descubierto. Esta forma de hacer
sindicalismo en Chile está en una desintegración moral que exige a
los sindicatos y gremios que aún se mantiene en la CUT, decir
vivamente su palabra.
No
se puede aceptar que la conducción de una Central que se supone al
servicio de los trabajadores, se transforme en un apéndice del
Ministerio del Trabajo y de los empresarios.
Hipotecar
las expectativas de los trabajadores que menos ganan y que por esa
razón se ubican en los rangos de los más pobres del país, a un
tiempo en que producto de las variaciones del IPC, ese miserable
dinero ya no valdrá lo mismo, es una burla.
Es
necesario que los trabajadores digan su palabra. Es necesario que las
organizaciones gremiales y sindicales se opongan a ese acuerdo
espurio que afecta a los más desposeídos.
Y
es absolutamente indispensable que se retome la discusión acerca de
la función de la Central Unitaria de Trabajadores, que en el lapso
que ha durado la post dictadura ha perdido su esencia y se ha
transformado en una correa transmisora de los intereses mezquinos de
los partidos políticos que la han dirigido.
Darío
Vázquez,
Secretario
General Colegio de Profesores de Chile - Fuerza Social del Magisterio
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