(Prensa Latina. Viernes 17 de mayo de 2013)- En su habitual reunión
semanal, el Consejo de Ministros dio luz verde este viernes a la denominada Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce), impulsada por el
derechista Partido Popular, tras lo cual será remitida al Congreso de los
Diputados.
En rueda de prensa
junto al ministro de Educación, José Ignacio Wert, la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que la educativa es una de las
reformas fundamentales de la administración conservadora de Mariano Rajoy.
Sáenz de Santamaría
explicó que la futura norma tiene el doble cometido de mejorar la calidad de la
enseñanza y acabar con los elevados niveles de fracaso escolar, que, según su
criterio, dificultan la inserción laboral de los jóvenes españoles.
Sin embargo, para la
comunidad educativa (docentes, alumnos y asociaciones de padres) y casi todas
las fuerzas políticas de la oposición, la Lomce es segregadora, elitista,
adoctrinadora y mercantilista.
Hace una semana, la
Plataforma Estatal por la Escuela Pública realizó una huelga general en todos
los niveles de enseñanza de esta nación europea contra la proyectada
legislación y los duros recortes en educación aplicados por Rajoy.
La citada plataforma,
que aglutina, entre otros, al Sindicato de Estudiantes, la Confederación
Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y varias centrales
obreras, valoró de masiva la adhesión a la medida de fuerza.
Además del paro, en
numerosas ciudades tuvieron lugar multitudinarias manifestaciones para
protestar contra la también conocida como Ley Wert (por el apellido del titular
de Educación).
Entre otras impopulares
medidas, esa norma incrementa las tasas universitarias, reduce la capacidad de
decisión de las autonomías, que tienen transferidas las competencias en la
instrucción estatal, suprime la selectividad e introduce exámenes de reválida
al final de cada ciclo.
Estudiantes, profesores
y familias impugnan los cambios promovidos por el ministro, al considerar que
son contrarios a la igualdad de oportunidades y favorecen la privatización de
la escuela pública.
Cataluña, Canarias,
Asturias, País Vasco y Andalucía son algunas de las 17 comunidades autónomas
españolas que exteriorizaron su repudio a la Ley Wert.
El Sindicato de
Estudiantes acusó a la derecha gobernante de utilizar la crisis económica como
coartada para el desmantelamiento del sistema educativo universal.
La intención del
Gobierno es expulsar del sistema educativo a miles de jóvenes de las familias
más humildes, denunció la organización juvenil.
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