La salud no se vende, se defiende

El día miércoles 6 de noviembre la UTE (Unión de los Trabajadores de la Educación) estuvo presente en la Jornada en defensa del Centro de Salud Mental Nº 1.

Por tercera vez, el gobierno nacional intenta rematar la propiedad donde funciona el Centro de Salud Mental desde el año 1968. Este Centro cuenta en su planta con más de 110 trabajadoras y trabajadores de la salud mental brindando asistencia ambulatoria a niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores de la Ciudad y del Gran Buenos Aires. Por los consultorios y los dos hospitales de día, uno de adultos y otro infanto-juvenil especializado en autismo y psicosis, pasan semanalmente más de mil personas.

Para lucrar con la venta de los terrenos en los que está emplazado- zona mas cara de la Ciudad-, el Gobierno Nacional lo pone en subasta y la gestión del Jefe de Gobierno Jorge Macri omite expedirse contra esta avanzada que intenta destruir una prestigiosa institución que desde hace más de cincuenta años brinda servicios gratuitos y de calidad de salud mental a la población.

La salud es un derecho.

No a la subasta del Centro de Salud Mental Nº 1.

No al vaciamiento de la Salud Pública, gratuita y de calidad.

 

Ciencia y universidad: ¡un solo puño!

Leer la convocatoria completa aquí.

El Frente Gremial Docente de Chaco rechaza el proyecto que "busca reducir salarios aumentando los descuentos para las obras sociales"

Las entidades del Frente Gremial Docente -ATECH, UTRE CTERA, SADOP- ratifican su rechazo que fuera anticipado en su momento una vez que se conociera el solapado proyecto de ley 2343/24 que fuera ingresado por el oficialismo conjuntamente con el proyecto libertario de “libre elección de obra social para los afiliados al InSSSeP”, y que recibiera el rechazo unánime de los trabajadores de los distintos sectores, como de la docencia en particular.

Está claro a la fecha que el citado citado proyecto libertario, fue utilizado como “cortina de humo” tal lo advertíamos desde el espacio, para avanzar con el proyecto de incremento de aportes para los empleados estatales de la provincia, para el Fondo de Alta Complejidad del InSSSeP, de un 1% a un 2 %. Porcentaje ampliado en la Comisión legislativa de Hacienda, con despacho positivo, para que el incremento cuestionado finalmente pase de un 1 % a un 3 %. Un verdadero despropósito toda vez que lo que se proyecta claramente a través de la ley pretendida por el oficialismo es la reducción confiscatoria de los salarios de los trabajadores chaqueños afiliados al InSSSeP, triplicando los aportes actuales que efectivizamos para con el FAC; máxime frente a una total falta de política de recomposición salarial como la reclamada a diario para los trabajadores de la educación, obteniendo como respuesta el silencio al respecto, con el incumplimiento de lo establecido por la Ley misma, que obliga al Estado a cumplir con la convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo a tales fines.

El mismo gobierno que implementa la nefasta política de los montos en negro como el presentismo en el sector docente –ahorrando dinero a costa de los trabajadores no haciendo los aportes patronales que le corresponde y convirtiéndose así en el principal evasor, desfinanciando la obra social-, es el mismo que arremete contra los salarios de los trabajadores para confiscarlos incrementando aportes de manera suculenta para el FAC en este caso.

La política neoliberal salvaje reavivada a la fecha y con creces, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, avanzando sobre los salarios de los trabajadores, como sobre todos los derechos y conquistas del pueblo trabajador.

Sigue la pelea de los maestros porteños

 

UNTER (Unión de losTrabajadors de la Educación de Río Negro): paro y movilización

Jueves 31 de octubre, en el marco del paro provincial, se realizaron acciones locales para reclamar el adelantamiento de la paritaria con una oferta de recomposición salarial urgente para todos los cargos del sistema educativo, la corrección de las grillas salariales desfasadas y que no haya trabajadorxs de la educación con salarios por debajo de la línea de pobreza. Representantes de UnTER se presentaron en la Secretaría de Trabajo para expresar el malestar y comunicar sobre el recurso para impugnar la validez de la Resolución 4092, emitida por la Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, ante el ilegal proceder que intenta vulnerar el derecho constitucional.

Con el paro y las acciones se denuncia también la actitud extorsiva del gobierno con el quite de las licencias gremiales y con la implementación de un sistema de auditorías médicas privatizado en desmedro de la salud de lxs trabajadorxs de la educación.

Se exige la devolución del descuento por días de paro, al tiempo que se rechaza por tratarse de una acción ilegítima y arbitraria que atenta contra el derecho constitucional a huelga.

También se reclama la derogación de las Resoluciones N° 5153/24 y 5154/24, y el cumplimiento irrestricto del régimen de licencias docentes, vigente en la Resolución 233/98.

Se requiere el cese de los descuentos por impuesto a las ganancias en los haberes jubilatorios.

La continuidad del plan de lucha fue definido en el Congreso de UnTER, realizado en Regina el 28 de octubre que resolvió además la realización de acciones políticas en la semana del 4 al 8 de noviembre.

"El viernes los trabajadores del Garrahan otra vez van al paro. Se organizó un gran festival para acompañar la lucha. Invitamos a toda la población a acercarse desde las 10 y hasta las 22 horas"

 

ULTEPa (Unión de los Trabajadores de la Educación de la provincia de La Pampa) junto a la lucha universitaria

Como formadoras/es y docentes vemos con preocupación la irrupción de distintos grupos, que, con violencia, intervienen en las asambleas estudiantiles y las tomas en todo el país y en La Pampa también.

Advertimos que estos actos de violencia, que buscan amedrentar a quienes ejercemos el derecho democrático a la protesta, son peligrosamente alentados por los discursos de odio que en estos días pronuncian los propios funcionarios que tienen el deber de preservar en nuestro país las garantías constitucionales.

Lejos de ello, la mentira y la estigmatización del reclamo universitario son la única respuesta frente a las legítimas demandas de quienes nos negamos a aceptar la destrucción de la universidad pública. 

Nos solidarizamos con las y los compañeros/as de ADU, con todas las Agrupaciones Estudiantiles y la comunidad académica de la UNLPam (Universidad Nacional de La Pampa), apoyamos su lucha, y reafirmamos la convocatoria a seguir organizándonos para defender la universidad pública, la democracia y la justicia social.