Dicho protocolo procede a la criminalización de la juventud y a adjudicar a la escuela la responsabilidad de intervenir ante posibles conflictos o hechos que exceden lo pedagógico y son el resultado de la grave crisis social y económica que atraviesan las familias de la comunidad educativa.
La función social de la escuela es enseñar y garantizar el derecho a aprender y no denunciar estudiantes ni enviarlos a la cárcel.
Firmá el pronunciamiento:
Reclamamos:
- Ampliación de equipos interdisciplinarios en los DOE y EOE y de profesionales para atender a la crisis de salud mental
- Programa de salud escolar, acceso a la educación, la cultura y el deporte para las y los pibes
- Becas y alimentación escolar, y mayor presupuesto educativo.
¡No a la baja de la edad de punibilidad!
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