La sorpresa llegó ayer con la decisión del centro de estudiantes del Carlos Pellegrini, que depende de la UBA. Si bien la escuela no es manejada por el Gobierno de la Ciudad, contra el cual están dirigidos los reclamos de los jóvenes, durante una asamblea los alumnos decidieron “solidarizarse” con las protestas que llevan adelante los otros colegios.
Hoy el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA), que también está en la órbita de la UBA, tendrá una sesión para definir una medida de fuerza. La opción que se impondría sería la de pasar la noche del jueves dentro del establecimiento, pero no impedir el dictado de clases.
Hasta el momento, las instituciones con ocupaciones actualmente son 11: el Carlos Pellegrini, el Mariano Moreno, la Osvaldo Pugliese, la Agustin Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Cerámica 1, la Rodolfo Walsh, la Julio A Roca, la Lengüitas y el Liceo 5 Pascual Guaglianone. Los reclamos que más se repiten son mejoras edilicias, cambios en las viandas alimentarias y rechazo a las prácticas laborales obligatorias en empresas. Ayer el gobierno porteño informó que le pedirá a los padres de los estudiantes que tomaron el colegio Mariano Acosta 1.5 millones de pesos por día de ocupación del establecimiento. La ministra de Educación Soledad Acuña busca trasladar el costo de tener cerradas las escuelas y que sean las familias quienes afronten el pago del equivalente diario del salario de docentes y no docentes.
“Toda vez que dicha inversión se realiza con la contribución de cada vecino de la Ciudad, se solicita se inicien las acciones legales correspondientes contra los adultos que resulten responsables, a los fines de reclamar el daño patrimonial producido”, sostiene la funcionaria porteña en el escrito.
El reclamo excede a la toma del Mariano Acosta y alcanzará a todos los colegios que fueron ocupados por sus estudiantes. Tal como señala el “protocolo anti toma” que entró vigencia en 2018, los padres que autorizaron la medida de fuerza de los estudiantes deberán pagar los gastos que se desprendan de esos daños.
A su vez, hay denuncias penales. Los padres de todos los alumnos que participan de las tomas son demandados por consentir que sus hijos, menores de edad, ocupen un edificio público. Además, según informaron, deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares.
Una vez que inicia una toma, el rector tiene la obligación de contactar a todos los padres de los chicos que participan de la medida de fuerza para que acudan a retirarlos. En caso contrario, si se niega a pasar a buscarlo o incluso participa de la toma, queda registrado y se le da intervención al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y el gobierno porteño, a través de la Procuración General, denuncia penalmente a cada adulto. Ayer por la noche comenzaron a llegar las notificaciones a las familias.
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