Cada año somos testigxs
de intentos de avance de la industria agroquímica por sobre nuestras sociedades
e instituciones educativas. Asimismo, somos protagonistas de la lucha que esto
implica. Un producto de esta lucha colectiva es el Protocolo de Escuelas Fumigadas
vía terrestre o aérea, con el cual contamos hace más de 4 años, luego de su
elaboración por la Comisión Mixta creada por acuerdo paritario, por propuesta
de la UTELPa. El Protocolo de actuación y denuncia se elaboró con el objetivo
de ofrecer herramientas a los equipos de gestión y personal docente ante un
caso de fumigación con agroquímicos en las adyacencias de una escuela en el
ámbito de la provincia de La Pampa. Es una guía con pasos concretos de cómo las
autoridades de los establecimientos educativos deben actuar a los efectos de
resguardar las pruebas y documentar el caso debidamente con vistas formular una
presentación administrativa o judicial. A su vez, permite visibilizar una
problemática que ha sido ignorada por el Estado, principalmente en el período
que involucró al gobierno neoliberal macrista, en cuyo mandato el Ministerio de
agronomia, agricultura y pesca pasó a denominarse de agroindustria, priorizando
la producción agropecuaria a partir de la introducción del paquete químico.
Todo este procedimiento
está fundamentado en el art. 41 de la Constitución Nacional, y las leyes
provinciales vinculadas a Ambiente, Plaguicidas y Agroecología, en las cuales
los Estados nacional y provincial han tenido un avance importante en los
últimos años. Asimismo, la actual Ley provincial de plaguicidas es otro ejemplo
de lucha colectiva: vino a mejorar la Ley provincial 1173 de agroquímicos,
pudiendo ser intervenida desde nuestro lugar de sindicato para mejorarla. En
concordancia con esta, se aprobaron la Ley ambiental provincial y la ley de
agroecología, de las cuales debemos empoderarnos para provocar un cambio de
paradigma.
En tal aspecto, un
antecedente fundamental ha sido la multa aplicada por la Provincia en el
presente año a la empresa Ferroexpreso Pampeano luego de haber encontrado, en
el 2020, 400 bidones de agroquímicos enterrados. Estas iniciativas se enmarcan
dentro de un proyecto estatal que tiene como base la garantía de la salud y el
bienestar de todxs lxs habitantes, lo que incluye el derecho a convivir en un
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. En tal aspecto es
fundamental que acompañemos estas medidas denunciando y visibilizando estos
hechos que ponen en riesgo la salud de nuestra comunidad educativa, y sugiriendo
lo que concibamos urgente, como lo es la actualización del ejido urbano
municipal, así como exigir que que el protocolo se cumpla de forma tal que su
actuación permita evitar riesgos de intoxicación.
Como organización
sindical y como ciudadanxs, concebimos necesario continuar generando
estrategias colectivas en defensa de nuestra salud, de un trabajo digno y
humano, frente a formas de producción extractivista, que de forma hostil
persiguen un mayor lucro. Conocer las normativas, denunciar los riesgos y
controlar que se implementen medidas correctoras, permiten generar acciones
concretas de gestión en la prevención y asentar el camino hacia escuelas,
niñeces, adolescencias y sociedades sanas y seguras.
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