El gobierno provincial eligió desplegar la fuerza -golpear a hombres, mujeres y niñes- para proteger emprendimientos inmobiliarios para ricos, en lugar de asegurar soluciones habitacionales para la totalidad de las familias allí presentes.
Las personas que ocuparon
ese enorme predio, que se encontraba sin uso alguno, lo hicieron ante una
necesidad básica, impostergable e imperiosa: contar con un lugar donde vivir.
La pobreza ha crecido enormemente en los últimos 5 años, por las políticas
neoliberales del gobierno de Macri y por los efectos de la pandemia, llevando a
miles de argentinas y argentinos a no poder afrontar un alquiler y sin la menor
posibilidad de acceder a una vivienda propia. Nadie se traslada a un terreno
abandonado para vivir allí con sus hijes, en condiciones extremadamente
precarias, sin servicios básicos y a merced de las inclemencias del clima, si
no es por una necesidad extrema. Lamentablemente, el Estado -otra vez- opta por
la represión.
La Federación hace
responsable por esta violencia al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a
la intendencia de Presidente Perón y a las fuerzas de seguridad conducidas y
alentadas por el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni.
El desalojo contó con
el amparo de buena parte de la prensa e incluso de sectores ligados al gobierno
anterior. También merece el mayor repudio las declaraciones de Patricia
Bullrich y otros voceros de la derecha argentina, que cuestionan incluso la
ayuda que la provincia dispuso para algunas
de las familias, diciendo que cobrarán un sueldo “por usurpar”.
CONADU Histórica exige
la liberación de las personas detenidas en el operativo y reclama a los
gobiernos nacional y provincial que adopte medidas urgentes e inmediatas para
dar soluciones reales, viables y dignas para la totalidad de las familias
asentadas en Guernica y en otras tomas a lo largo y ancho del país.
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