Las modificaciones que se pretenden
imponer sobre la legislación laboral y previsional no son otra cosa que la
quita de derechos disputados y alcanzados desde finales del siglo
XIX.
Los trabajadores nos encontramos frente a
la unión de los poderes concentrados de la economía, que a través de sus
representantes en los gobiernos nacional y provincial pretenden imponer un
retroceso en nuestros derechos, con modificaciones en la legislación laboral,
desregulando aquellos puntos en que la justicia debe ejercer su rol protector
hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.
Eliminación de indemnizaciones por
incumplimiento en la registración, extensión de la jornada laboral hasta 10
horas, sin pago de horas extras, reducción de aportes patronales (destinados al
régimen de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, Fondo Nacional de
Empleo), son algunos de los puntos sobresalientes de la embestida. Con la misma
falsa idea de los ’90 de que si se le eliminan cargas laborales a las
corporaciones empresariales se “aumenta el empleo” y “en blanco”, se esconde
una brutal transferencia de recursos desde los trabajadores a los sectores del
capital que solo tiene por objeto aumentar la tasa de ganancia de los
capitalistas.
De la misma forma y de la mano de estas
modificaciones, una vez más somos los trabajadores los cuestionados a la hora
de intentar imponer cambios en nuestro sistema previsional, bajo los supuestos
“privilegios” de algunos sectores. El gobierno nacional y sus medios
hegemónicos aliados avanzan con una ofensiva para reformar el sistema
previsional, desmantelar el ANSES, volver a las AFJP y obligar a las provincias
que no transfirieron sus cajas a “armonizarse” con el régimen jubilatorio
nacional. La ley sancionada el 29 de junio de 2016 por el Congreso de la
Nación, engañosa por su nombre “de reparación histórica” no es más que
legislar para avanzar con el vaciamiento de los sistemas previsionales en
nuestro país modificando derechos conquistados hasta aquí por el conjunto del
movimiento obrero organizado. Los docentes, así como otros trabajadores,
tenemos un régimen jubilatorio que asegura derechos vinculados a las
condiciones y contextos en que se desarrolla nuestra tarea, y no estamos
dispuestos a cederlos.
En Entre Ríos las declaraciones del
gobernador de la provincia y del presidente de la Caja de jubilaciones y
Pensiones, nos ponen en alerta al señalar que existen sectores de “privilegio”
e irregularidades que deben modificarse, exigimos que las mismas se digan
públicamente y que no se hable a medias estigmatizando a ningún sector de
trabajadores portadores de derechos ganados con lucha.
Ante esto no seremos espectadores.
Ratificamos las resoluciones unánimes de
nuestros congresos sobre estos temas y convocamos a todos los trabajadores de
la educación entrerriana a mantenerse en estado de alerta y movilización ante
cualquier propuesta o discursos que avance en vulnerar derechos adquiridos
durante décadas de lucha.
Asimismo, convocamos a todas las
organizaciones sindicales a realizar los esfuerzos necesarios para enfrentar en
unidad esta nueva embestida contra los trabajadores y sus familias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario