(Por Alberto Corominas y Vera Sacristán. Sin permiso, Barcelona, domingo 7 de febrero de 2015)- El BOE del 3 de febrero ha publicado el Real Decreto (RD) que modifica la ordenación de las enseñanzas universitarias, sin que para ello hayan sido óbice las críticas u objeciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, las asociaciones estudiantiles, todos los sindicatos e incluso el Consejo de Estado.
Antecedentes: el “Plan Bolonia” y el austericidio
Para analizar el alcance de este RD hay que remontarse a 2007, cuando se inicia la implantación en España de lo que se dio en llamar Plan Bolonia y que realmente no es ningún plan, sino una declaración de 1999, vaga y técnicamente deficiente, que, con el fin de facilitar la movilidad estudiantil en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y de profesionales con título universitario en la Unión Europea, propugna sistemas comparables de dos ciclos (con un primer ciclo de no menos de 3 cursos), establece un sistema de, digamos, medida común del esfuerzo discente (el ECTS,European Credit Transfer (and Accumulation) System) y el Suplemento Europeo al Título, un documento con información descriptiva normalizada sobre los estudios cursados, para facilitar su reconocimiento académico y profesional.
Había entonces en España un catálogo de títulos oficiales, con 64 de ciclo corto (3 cursos), 67 de ciclo largo (4 o 5) y 22 de segundo ciclo (2 años, accesibles desde títulos de ciclo corto): 153 en total. Bastaban unos retoques para adaptar el sistema al EEES, pero este sirvió de pretexto para una reforma radical, que obligó a extinguir todos los planes de estudios vigentes.
El retraso y las peculiaridades de la implantación en España del EEES se explican por la inconsistencia y la carencia de proyecto universitario del PSOE y de los sucesivos gobiernos de Zapatero, que tomaron una opción rígida en cuanto a la duración de los grados (4 cursos) y desreguladora en cuanto a su naturaleza y contenido. Pero lo más significativo de la reforma no era la duración de grados y másteres (4+1 o 4+2), sino el énfasis en la ocupabilidad(employability), entendida como especialización cortoplacista, y, en sintonía con este enfoque, el encumbramiento de las competencias versus los contenidos, y el fomento de métodos docentes alineados con el eslogan “aprender a aprender”.
En esta línea resultan coherentes la vaguedad en la definición de las funciones de los grados y la substitución del catálogo de títulos por un registro en el que cada universidad puede inscribir como oficial cualquier título que conciba, previa validación de algunos requisitos –más circunstanciales y burocráticos que de contenidos– por parte de una agencia evaluadora.
Tal como algunos ya advertimos como peligro en 2005, todo ello ha desembocado en la trivialización y degradación del grado, la mercantilización del postgrado y de algunos grados, y el desparramo del conocimiento. Frente a los 153 títulos que había en el catálogo, en el registro se pueden contar ahora, solo entre los de grado, no menos de 500. Y sin conseguir plenamente el supuesto objetivo principal de encajar el sistema español en el EEES, bastante heterogéneo, por cierto.
Los primeros pasos de la implantación del EES en España (que, como se recordará desencadenaron fuertes protestas) coincidieron con la activación deuna campaña de desprestigio de la universidad pública, orientada a reducir la dimensión del sistema y su calidad, con el concomitante y disuasorio discurso de la sobrecalificación y con el estallido de la crisis financiera.
En este contexto, la contribución a la política universitaria del último gobierno del PSOE y del actual de PP, así como de los gobiernos de algunas comunidades autónomas, como el bipartito de Convergència i Unió en Cataluña, ha consistido básicamente en la aplicación de las políticas austericidas, que se ha concretado en el recorte de las subvenciones, la cuasi congelación y la precarización de las plantillas y el aumento de los precios de matrícula (especialmente en Cataluña y la C.A. de Madrid), todo lo cual ha hecho más difícil el acceso a la universidad y ha expulsado del sistema a miles de jóvenes. En particular, con el sistema de precios establecido por el Real Decreto-ley 4/2012, los de los másteres que no habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas duplican con creces los de los grados.
El nuevo Real Decreto
En este marco aparece y debe valorarse el RD, cuyo motivo, según su preámbulo, no es otro que fomentar “la internacionalización de nuestros egresados universitarios”.
Su parte dispositiva se reduce básicamente a abrir la posibilidad de que haya grados de 3 cursos (180 créditos) y a dar algunas indicaciones sobre los planes de estudios de los grados, que deberían tener carácter generalista, con la obligación de incluir materias básicas determinadas (lo que sería positivo para los nuevos grados, pero no tiene incidencia sobre los vigentes), y con la posibilidad de reducir hasta lo irrisorio los conocimientos propios de cada grado. En un plan de estudios de 3 cursos el decreto prevé que pueda quedar menos del 60%, el equivalente a 1,775 cursos, para impartirlos, puesto que las prácticas externas pueden alcanzar el 25%, el trabajo fin de grado un 12,5% y se puede obtener más del 3% como reconocimiento de actividades “culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación”).
Tras las luchas anti-Bolonia, muchas voces, entre las cuales las de consejeros autonómicos y algunos rectores, manifestaron reiteradamente que los grados tendrían que pasar mayoritariamente de 4 cursos a 3 y que las universidades deberían tener más autonomía (de hecho, más desregulación), entendida como libertad de diseñar su oferta de enseñanzas.
Pero una de las causas principales de que se haya llegado a la situación actual es precisamente la desregulación, la cual, aunque defendida por los creyentes en la mano invisible, suele tener las consecuencias que prevé el conocido dilema del prisionero: los intentos de maximizar la satisfacción individual desembocan en la catástrofe colectiva. Y el nuevo decreto profundiza en la desregulación. No se trata de que pueda haber grados de 3 cursos y otros de 4 cursos de acuerdo con criterios académicos, sino de que un mismo grado pueda tener 3 cursos en una universidad y 4 en otra. Se supone que hay que fomentar la movilidad a y desde Europa y, en cambio, se puede dificultar la de España para los españoles. Un factor más de dispersión a añadir a los ya existentes.
Si los precios públicos de grado y máster fueran iguales, el paso de 4+1 a 3+2 aumentaría el atractivo de la formación universitaria, porque entre la juventud de familias con rentas bajas un factor decisivo para emprender estudios superiores es el tiempo necesario para obtener un primer título. Pero, como ha reconocido el propio ministro, la proporción de estudiantes que cursan el máster es baja. En parte, aunque el ministro no lo diga, porque el máster es muy caro. El resultado, al pasar la mayoría de estudiantes de 4 años a 3, no puede ser otro que la disminución del estudiantado universitario.
Así pues, las consecuencias previsibles del flamante RD son el aumento de la entropía del sistema, la rebaja del nivel académico de muchos grados y el encarecimiento de la combinación grado + máster, que reforzará la tendencia a la reducción de estudiantes y, por ende, a la de presupuestos y plantillas.
En lo que respecta a los precios, las consideraciones contenidas en la Referencia del Consejo de Ministros del 30 de febrero, en el que se aprobó el RD, no tienen desperdicio: para encontrar trabajo –¿dónde?– basta con el grado –por lo visto con independencia de lo que dure– y, al pasar de 4 a 3, las familias llegarían a ahorrar 150 M€ –con los precios actuales, claro, porque con los precios pre-Wert era más barato un grado de 4 que con los precios de Wert uno de 3.
No es este RD lo que necesita el sistema universitario, sino: definición de las funciones de grados y másteres y de los instrumentos que las aseguren; regulación que flexibilice la estructura del sistema y a la vez garantice la homogeneidad en su aplicación; restablecimiento del catálogo, que ya empiezan a reclamar algunos rectores, con criterios académicos centrados en los contenidos; reprogramación que elimine títulos fútiles y redundancias innecesarias; reducción de los precios hasta los niveles pre-Wert y homogeneización de los de grado y de máster, que no contaminaría, a diferencia de lo que sucede ahora mismo, la discusión académica sobre su organización.
Para que todo ello sea posible se requiere coordinación y cooperación entre universidades públicas y administración para reprogramar con criterios académicos y sociales, y una movilización incesante para volver a los precios pre-Wert, como paso hacia la gratuidad o casi gratuidad como en la mayoría de países de nuestro entorno. Ya que el principal argumento ministerial es la homologación con Europa, quizás podríamos homologarnos también en precios.
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