(Por Fabián López, desde San Miguel de Tucumán. La Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes 3 de febrero de 2015)- Una nueva presentación judicial realizada ayer en los tribunales federales locales podría agravar la situación del jefe del Ejército, teniente general César Milani , en la causa que lo tiene como imputado por la desaparición del conscripto Alberto Ledo, ocurrida en 1976.
Enrique Romero, ex legislador provincial y peronista disidente, le requirió al juez Daniel Bejas que adjunte al expediente del caso Ledo documentación que podría vincular a Milani con el asesinato de otros tres soldados y de un suboficial del Ejército durante la última dictadura militar.
Se trata de los conscriptos Carlos Alberto Fricker, Juan Ángel Toledo Pimentel y Carlos Cajal, y del sargento Alberto Lai, quienes, según la denuncia de Romero, habrían sido ejecutados por oficiales de Inteligencia del Ejército entre el 9 y el 17 de mayo de 1976, un mes antes de la desaparición de Ledo, ocurrida el 17 de junio.
El dirigente, que en 2002 denunció la existencia de una fosa común en el lugar denominado "Pozo de Vargas", también aportó documentación que revelaría cómo los agentes de inteligencia del Ejército "marcaban" a quienes luego pasarían a formar parte de la larga lista de muertos y desaparecidos durante la última dictadura.
Los papeles presentados ayer por Romero ya habían sido elevados a la justicia federal por el fallecido ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde en 2010, antes de que el general Milani fuera designado al frente del Ejército.
Según el ex parlamentario, la documentación original aportada por Duhalde está "guardada en la caja de seguridad" del juzgado de Bejas, por lo cual solicitó que el material sea incorporado a la causa.
En esa prueba documental se constata que Ledo había sido apuntado por los agentes de inteligencia del Ejército como "integrante del Frente Armado Estudiantil (PRT-ERP)" en 1975, un año antes de ser enviado a Tucumán, donde desapareció mientras cumplía con el servicio militar obligatorio.
Además, los documentos confirmarían la participación de Milani en tareas de inteligencia durante el Operativo Independencia, entre fines de 1975 y principios de 1976, al mando del fallecido represor Antonio Domingo Bussi.
Romero recordó que Fricker "fue asesinado de un tiro en la nuca por personal de Inteligencia del Ejército", a las órdenes del fallecido general Antonio Bussi, el 9 de mayo de 1976, en la localidad tucumana de Famaillá.
En tanto, el conscripto médico Toledo Pimentel, el soldado enfermero Cajal y el sargento Lai murieron una semana después, cuando estalló una bomba en la ambulancia en la que se trasladaban.
Respecto de ese último episodio, el dirigente señaló que la explosión se produjo una semana después de que Toledo Pimentel atendiera a Fricker cuando agonizaba por el disparo que había recibido.
Fricker era hijo de Carlos Augusto Fricker, quien era secretario general de la Unión Ferroviaria, que en esa época había tenido un fuerte conflicto con Bussi.
El denunciante Romero resaltó que "hay dos testimonios dados en juicios que indican que la bomba fue puesta por personal de inteligencia militar".
El ex legislador peronista también aseguró que oficiales de esa área del Ejército fueron los responsables de la desaparición y posterior asesinato del soldado riojano Ledo el 17 de junio de 1976.
Las cinco víctimas revistaban en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja, desplegado en Famaillá, donde se desempañaban el entonces subteniente Milani y su superior directo, el capitán Esteban Sanguinetti, quien fue procesado y está detenido por el crimen de Ledo.
Romero requirió que se ordene unificar la investigación de esas cinco muertes y, en consecuencia, se disponga su acumulación en el expediente Ledo, "basado en el hecho de que hay suficiente prueba para pensar que todos estos soldados fueron muertos por personal de Inteligencia del Ejército en una sola compañía en el período de dos meses".
El expediente que Romero pidió incorporar a la causa Ledo incluye el listado de los oficiales que integraban el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 (inteligencia militar) con asiento en La Rioja, entre cuyos nombres figuran Milani y Sanguinetti.
El pasado 22 diciembre, el fiscal federal Carlos Britos pidió citar a indagatoria a Milani y lo acusó de haber falsificado el acta donde se hizo figurar a Ledo como desertor, con la supuesta finalidad de encubrir el secuestro y posterior asesinato del soldado riojano.
El juez Bejas es quien debe definir si cita o no al jefe militar. Previamente, el magistrado deberá resolver un planteo de la defensa para que sea excluido como prueba el legajo que supuestamente falsificó Milani, por tratarse de una fotocopia del original que nunca apareció.
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