(Página 12. Ciudad Autónoma de Bue3nos
Aires, miércoles 21 de mayo de 2014)- La inscripción online y los desajustes
que provocó en la educación porteña sigue generando consecuencias en las
escuelas. En el Normal en Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg
(conocido como Lengüitas) la Justicia porteña ordenó desmantelar las aulas
containers allí instaladas porque provocaron “descargas eléctricas” a un
directivo del colegio y pese a eso volvieron a ser utilizadas para el dictado
de talleres, pese a la prohibición judicial existente. Además, una inspección
encabezada por el juez Roberto Gallardo detectó que una de las salidas de
emergencia, en esa misma escuela, está clausurada con candado, lo que convierte
al lugar, “en caso de un eventual siniestro, en una especie de trampa sin
salida”, según el magistrado. Por incumplimiento de una sentencia anterior,
Gallardo le impuso al ministro de Educación, Esteban Bullrich, una multa diaria
de 27.850 pesos a partir del 5 de marzo último.
Las
aulas “containers” habían sido instaladas en el Lengüitas para afrontar el
mayor número de inscriptos, derivado de las fallas en la inscripción por
Internet. Tras un reclamo de padres autoconvocados y el pedido de la asesora
tutelar Mabel López Oliva, el juez prohibió, el 20 de febrero último, la
utilización de los containers (que el gobierno llama aulas modulares) para
albergar alumnos de cualquier nivel. También pidió que ningún aula que se
construyera fuera usada sin previa habilitación de la Superintendencia de
Bomberos de la Policía Federal.
La
última intervención del juez se produjo después de conocerse que el rector del
colegio, Horacio Badaracco (hoy jubilado), sufrió “dos descargas eléctricas” en
una de las aulas modulares, el 17 de abril. Luego de esa situación, un grupo de
padres denunció que el mismo container fue utilizado para dictar un taller de
huerta, con alumnos de la escuela. Tras la presentación, el juez dispuso una
inspección de la Superintendencia de Bomberos, que detectó “irregularidades en
la instalación eléctrica” de los dos módulos: “Los cables subterráneos de
alimentación no cumplían con los requisitos de seguridad exigidos por la
normativa vigente” y “los disyuntores instalados no poseían descarga a tierra,
lo que impedía que cumplan con su función”. Los bomberos procedieron a cortar
de inmediato el suministro eléctrico a ambos módulos. Ahora, el juez le dio al
Gobierno de la Ciudad un plazo de diez días para desarmarlos y removerlos, bajo
apercibimiento de “ejecución forzosa”.
Desde
la fallida inscripción por Internet, el Lengüitas amplió su matrícula en 120
vacantes, ya que hubo que ubicar a todos a quienes se había dejado afuera y
tenían prioridad por reglamento escolar (niños con hermanos en la escuela,
entre otros). Descartados los containers, las autoridades resolvieron construir
dos aulas dentro del edificio en el hall de planta baja.
“Hay
120 chicos que exceden la capacidad del colegio y la voluntad de readecuar las
instalaciones no alcanza”, dijo Julieta Risso, una de las madres
autoconvocadas. “Los chicos de primer grado usan aulas en planta alta y
mobiliario de adultos para dejarles espacio a los más chicos.”
Gallardo
ordenó a la Superintendencia de Bomberos que releve las condiciones de
seguridad contra incendios y salidas de emergencia de esas nuevas aulas que, a
dos meses y medio del comienzo de clases, aún no fueron terminadas.
La
situación en el Lengüitas generó preocupación, ya que no es el único colegio
con aulas modulares. “Estamos muy preocupados por las condiciones de seguridad
de las aulas containers; una vez más, la falta de inversión en infraestructura
escolar y la improvisación de la gestión PRO está poniendo en riesgo la vida de
los alumnos y trabajadores de la educación”, expresó Lorena Pokoik, integrante
del interbloque kirchnerista.
El
legislador Pablo Ferreyra (Izquierda Popular) coincidió con el diagnóstico.
“Nos preocupa la exposición de los chicos y de los trabajadores de la educación
a este tipo de situaciones. A estas cosas nos referimos cuando afirmamos que
las aulas container no son una solución adecuada al problema de falta de
vacantes y al recorte de casi un 50 por ciento en el presupuesto destinado a
infraestructura escolar implementado por el macrismo”, advirtió.
Maximiliano
Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó un proyecto para que el Ministerio de
Educación informe por qué se dictó un taller con alumnos en una de las aulas
modulares donde se había producido una descarga eléctrica, en tanto que Paula
Penacca (FpV) reprochó que “desde febrero esperamos que el ministro de
Educación se presente a dar explicaciones ante la Comisión de Educación de la
Legislatura”.
Pero
la titular de esa comisión, Victoria Morales Gorleri (PRO), se manifestó en
contra de la convocatoria al funcionario. “Una vez más el gobierno de Macri
desconoce un fallo judicial”, expresó el titular de UTE, Eduardo López. El
sindicato volvió a reclamar que no se aplique el sistema online para la
inscripción al próximo ciclo lectivo.
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