No podemos naturalizarlo, minimizarlo ni permitir que las trabajadoras y los trabajadores concurran a la escuela bajo amenazas que ponen en riesgo su integridad, la de los estudiantes y la de toda la comunidad educativa.
No hay ninguna diferencia, conflicto o reclamo que justifique una amenaza de muerte. La violencia no puede convertirse en una forma de resolver los conflictos dentro de la escuela pública.
Pero también queremos decir algo más: no es casual que estas situaciones ocurran en un contexto social donde desde los propios gobiernos se despliegan políticas que profundizan la violencia, el ajuste, la crueldad y el desprecio hacia quienes sostienen todos los días la defensa de los derechos.
El Estado tiene la responsabilidad de generar herramientas de intervención y de cuidado que garanticen condiciones dignas y seguras para trabajar, estudiar, enseñar y aprender.
Exigimos también que se adopten las medidas institucionales correspondientes frente a las familias involucradas y que se garantice el resguardo de las trabajadoras y los trabajadores de la Escuela Especial N.º 3, de sus estudiantes y de toda la comunidad educativa.
No vamos a dejar solas a las trabajadoras y los trabajadores.
Frente a cualquier amenaza, unidad y organización y comunidad educativa organizada.
La Escuela Especial N.º 3 no está sola.
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