“Alfabetización emocional”, o la capacitación docente anti ESI (Educación Sexual Integral)

El Ministerio de Capital Humano contrató a una ONG chilena con fuertes vínculos con el Opus Dei para capacitar docentes que implementan la Educación Sexual Integral en distintas jurisdicciones. La actividad se presentó como una “alfabetización emocional”, como parte de un “plan de fortalecimiento de la ESI” y la intención del Ministerio de Capital Humano sería replicarla en el resto de las provincias.

Este constituye otro intento del gobierno por arremeter contra el derecho a decidir de miles de jóvenes, negando el conocimiento científico, laico y respetuoso de la diversidad, imponiendo el oscurantismo, estimulando la violencia de género, el odio al colectivo lgtbiq+ y la misoginia.

La ONG se llama Teen Star y su líder, Pilar Vigil (en la foto junto al Papa), está relacionada con grupos conservadores ligados al partido Republicano de Estados Unidos, y a agrupaciones antiaborto. Dicha organización promueve la abstinencia sexual para prevenir embarazos en adolescentes, siguiendo rigurosamente los lineamientos de la Iglesia Católica; el biologicismo, desconociendo absolutamente cualquier tipo de diversidad; y es una férrea militante contra el derecho al aborto y cualquier tipo de acceso a la anticoncepción.

Vigil además está relacionada con la app Femm, un monitor o calendario del ciclo menstrual, que recomienda la abstinencia sexual como único método para la planificación familiar y pone en duda la eficacia de los anticonceptivos. The Guardian reveló que la app tiene como principal fuente de financiamiento las donaciones de privados, entre ellos los de Chiaroscuro Foundation, respaldada principalmente por Sean Fieler, un millonario católico conservador de Nueva York. Según el diario británico, Femm ha sido constantemente financiada por grupos conservadores, ligados al partido Republicano de Estados Unidos, y por agrupaciones antiaborto.

A esta orientación profundamente oscurantista se suma desmantelamiento del Plan ENIA, de prevención del embarazo en adolescente, impulsado por el Ejecutivo; al desfinanciamiento de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en el marco del brutal ajuste fiscal, lo que priva a miles de mujeres y cuerpos gestantes del acceso a información, anticonceptivos y del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

El gobierno se sirve de usinas ideológicas como las iglesias para impartir pautas misóginas, heteronormativas y adultocentristas hacia el conjunto de la población con el objetivo de dividir a las mayorías y así poder explotarlas de forma más eficaz. Sobre todo en el marco de un programa que empobrece cada día más a la población, cuyas principales víctimas son las mujeres, que contempla una ofensiva a fondo contra los trabajadores y se valdrá de los servicios de contención del clero para intentar aplicarlo.

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