2. Estos salarios de pobreza e indigencia son los que deberían sustentar nuestras obras sociales. Nosotros afirmamos que, con un aporte de $5490 mensuales es imposible brindar un plan de salud de acuerdo con las necesidades de las y los trabajadores de la docencia pre y universitaria, y sus familias. Pero ¿de dónde salen estos $5490? Son nada más y nada menos que del 9% de aportes y contribuciones sobre el salario “garantizado” que percibe el ayudante de primera con dedicación semiexclusiva (nuestro cargo testigo). Las autoridades universitarias introducen copagos, restringen prestaciones o imponen aportes suplementarios obligatorios, que en el caso de lxs docentes con menos antigüedad y dedicaciones, implica lisa y llanamente la liquidación del salario de bolsillo. El gobierno, por su parte, nos dice que la única solución es terminar con nuestras obras sociales universitarias y pasar a la legislación general, en otras palabras: poner bandera de remate a nuestra obra social.
3. El FMI acaba de manifestar que el conjunto del régimen previsional argentino tiene una cobertura y un pago, en relación con lxs trabajadorxs activxs, superior al de los países centrales. Asimismo, dedica un párrafo en el Memorandum de entendimiento a los regímenes especiales, como los nuestros: el 82% y el 85% móvil que financiamos con nuestros salarios.
Por todo lo expuesto, las y los abajo firmantes solicitamos al Ministerio de Educación de la Nación y al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN):
1. Ningún docente debajo de la línea de pobreza: hoy, en 95 mil pesos. Basta de precariedad laboral. Ningún docente ad honorem y contratado. Pase a planta de los interinos.
2. Sostenimiento por parte del Estado de las obras sociales universitarias para acceder a una cobertura universal de todas las prestaciones y medicamentos.
3. Actualización trimestral de nuestras jubilaciones como se hizo en el mes de diciembre. Defensa incondicional del 82% y el 85% móvil.
Podés firmar el petitorio aquí.
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