Siendo la promoción de los derechos fundamentales de los seres humanos y la dignidad y el valor de la persona humana el motivo que lleva al señor presidente al citado foro consideramos que tal compromiso debiera producir un pronunciamiento respecto al padecimiento del pueblo palestino en Cisjordania, Gaza y los campos de refugiados en países vecinos provocado por las políticas del Estado anfitrión del encuentro.
La reunión a la que el presidente ha sido invitado es auspiciada por Reuven Rivlin, Presidente del Estado de Israel y organizada por la Fundación del Foro Mundial del Holocausto, en cooperación con el Museo Yad Vashem. Atendiendo a ello, nos interesa remarcar que el hecho de rememorar la Shoah no debería estar al servicio de inmunizar la política del Estado de Israel, silenciando toda crítica.
Al respecto, saludamos el posicionamiento del Llamamiento Argentino Judío frente al reciente intento de la DAIA de modificar la Ley Antidiscriminatoria, mimetizando un movimiento político con una religión, comunidad y/o identidad étnica y abogamos para que no se impulse el cambio de la norma solicitada a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Losardo.
La pretensión de asociar el rechazo a las políticas del colonialismo por implantación y desplazamiento de población y los actos criminales que configuran la Nakba palestina con posturas discriminatorias y vincularlas a la Shoah, resulta una actitud repudiable. La impugnación al sionismo, en tanto movimiento político y a las prácticas del Estado que ha erigido en Palestina desde 1948 no puede emparentarse con una postura anti-humanista como la judeofobia, erradamente denominada antisemitismo.
El foro se realizará en Jerusalén, ciudad que posee un enorme significado para el judaísmo, el cristianismo y el islam y tanto israelíes como palestinos reivindican como capital de sus respectivos estados. De acuerdo a la Resolución 181/47 de la Asamblea General de la ONU, recomendación que el Estado de Israel toma como premisa para afirmar su legalidad, la “ciudad santa” debía quedar bajo jurisdicción internacional. Dos guerras de ocupación (en 1948 y en 1967) fueron la antesala de la declaración de Jerusalén como capital «eterna e indivisible» del Estado israelí, en el año 1980. La reciente decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer tal status y trasladar allí su Embajada motivó que algunos países satélites siguieran sus directivas. Se trata de una anexión condenada por la Resolución 478/80 del Consejo de Seguridad de la ONU por violar el Derecho Internacional. En definitiva, la ciudad es un territorio conquistado militarmente, situación que el gobierno del Primer Ministro Benjamín Netanyahu pretende normalizar a través de foros Internacionales como el convocado, cuestión fundamental que no puede soslayarse.
El Estado de Israel está completando la conquista total de Palestina en tiempo presente. Tras los éxitos militares iniciales fue reconocido por la comunidad internacional en el 78 por ciento de lo que la propia Sociedad de la Naciones denominó Mandato Británico de Palestina (1920-1948). Una quinta parte de su población se compone con los palestinos que no lograron expulsar y sus descendientes, quienes sufren condiciones de discriminación legalizada. Actualmente, dicho Estado avanza colonizando Cisjordania, región a la cual trasladó más de 600 mil personas en forma ilegal desde su intrusión militar en 1967, mientras impide el retorno de los refugiados palestinos a su patria. Además, controla en forma directa el 60 % de su territorio e indirectamente el resto, a través de Muros y puestos fronterizos. Más acuciante es la situación en la pequeña franja de Gaza, acosada militarmente y bloqueada por tierra, mar, aire y en también en forma subterránea.
La colonización del territorio palestino debe ser denunciada, máxime por el representante de un Estado que tiene en las Malvinas e Islas del Atlántico Sur parte de su territorio ocupado por la potencia imperial británica; que no por casualidad promovió la conquista sionista de Palestina.
Estar a cargo del Poder Ejecutivo de un Estado Nacional conlleva definir acciones atendiendo circunstancias del entorno y medios disponibles, en busca de fines determinados. Dicha responsabilidad puede alejarnos de principios ideológicos que han sostenido nuestra práctica política; mas no resulta admisible justificar este pragmatismo con los mismos fundamentos han sido relegados.
Podrán argumentarse causales vinculadas a la esfera política (local, regional e internacional) invocarse motivos históricos, intereses económicos y argumentaciones diplomáticas; pero en conjunto, no justificarán actos contrarios a los principios postergados.
Adherimos a las políticas de memoria, verdad y justicia condenatorias de los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo durante la última dictadura cívico-militar y compartimos la condena del genocidio ejecutado por el nazismo contra las comunidades judías de Europa y otras minorías en el marco de la Segunda Guerra Mundial.
En el breve periodo transcurrido, resulta evidente el compromiso del presidente Alberto Fernández y de su Gobierno al respecto.
En forma consecuente, repudiamos las prácticas de hostigamiento, aislamiento, debilitamiento, expulsión y exterminio simbólico y material que el pueblo palestino padece desde la conformación del Estado de Israel en su territorio.
Ojalá el presidente guarde la misma coherencia.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes 20 de enero de 2020
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