A toda la docencia universitaria y preuniversitaria

09 de septiembre - Jornada de debate en todas las unidades académicas
10 de septiembre - Paramos junto a Conadu Histórica

 Ante el repudio masivo en las urnas al macrismo, el propio gobierno, el FMI y Wall Street desataron un brutal ajuste sobre los trabajadores, jubilados, desocupados y demás sectores populares. Con un dólar en 60 pesos y el riesgo país a más de 2500 puntos, el salario mínimo luego del mísero aumento acordado en el Consejo del Salario llegará en octubre (!) a 280 dólares –si el dólar se mantiene- y la jubilación es de apenas 150 dólares. El capital financiero efectivizó en las primeras 24 horas posteriores a las Paso, el golpe a nuestros bolsillos.

El presidente no se hizo cargo de los resultados del domingo 11 y fue uno de los artífices de las maniobras especulativas del “mercado” y el capital financiero, que en 24 hs comenzaron una megadevaluación que terminará siendo igual o peor a la de Cavallo. Del otro lado, Fernández saludó “el sinceramiento” del precio del dólar, al que calificó como “razonable”, mientras varios integrantes de su futuro equipo económico reclaman no ponerle cerrojo a las petroleras. Mientras Macri busca consenso en el Parlamento para aprobar el megacanje, las góndolas se vacían, los supermercados remarcan, las petroleras reclaman aumentos y el peso se devalúa. Todos saqueos a nuestros salarios.

Los anuncios “paliativos” fueron una provocación mientras sigue la fuga de capitales de los que se benefician con la bicicleta financiera y las tarifas dolarizadas, incluidos los funcionarios del gobierno.

La escalada inflacionaria es también un nuevo golpe a la educación pública. Esto se constata en que, mientras los insumos y las tarifas siguen dolarizadas, el presupuesto de las universidades nacionales y de ciencia y tecnología está congelado en su totalidad y se profundiza la destrucción de la educación pública. El plenario del CIN, que deliberó en Resistencia y Corrientes el 29 y 30 de agosto, se alineó completamente con el ajuste del FMI. La patronal universitaria, que por supuesto no denuncia la política de subordinación a los organismos multilaterales, no sólo mantuvo intacto el presupuesto vigente luego del desastre inflacionario de un 55%, sino que el pedido de un refuerzo de $4.000 millones es el calco para las universidades nacionales de los “paliativos” macristas en medio del desastre nacional. La duplicación a partir de este mes del presupuesto de ciencia y universidad y su indexación, no formó parte de sus debates. Así se suman a las políticas del FMI de destrucción de la educación pública. Sus declaraciones de preocupación por la situación que atraviesa el país no alcanzaron para solicitar que los trabajadores universitarios no seamos discriminados del bono de $5.000 o para apoyar nuestro reclamo de adelantamiento de la última cuota paritaria. Una perla más en el collar de las políticas patronales, privatistas y mercantilizadoras de las patronales universitarias.

Lxs trabajadorxs, y como parte de lxs mismxs, la docencia universitaria y preuniversitaria, no podemos quedarnos de brazos cruzados frente al ataque continuo lanzado por el gobierno y los beneficiarios de sus políticas, mientras vemos por televisión cómo se siguen destruyendo nuestras condiciones materiales de vida, el derecho a la salud, a la jubilación, a la educación pública y nuestras fuentes de trabajo.

Desde AGD UBA Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires rechazamos el operativo de resignación que se ha lanzado por parte de todas las burocracias sindicales para contener cualquier acción de defensa de clase. Por eso nos movilizamos el 22 y el 30, marchamos y paramos, denunciando más que nunca a la tregua de las centrales, como así también lo hicimos el 5 de septiembre en solidaridad con la lucha de los docentes chubutenses que nos muestran un camino de defensa de nuestros derechos.

Lxs docentes universitarixs tenemos pautado, según el acta acuerdo salarial, un incremento de 8% en septiembre (a cobrar en octubre) y la aplicación de la cláusula gatillo a septiembre (a cobrar el 31 de octubre). Hoy es evidente que octubre y noviembre quedan muy lejos. Por ello, debemos exigir medidas para proteger el –ya magro– poder adquisitivo de nuestros salarios y jubilaciones. Por ejemplo, con la incorporación de manera mensual de los incrementos de precios a nuestro salario, esto es, la aplicación de la cláusula gatillo de manera mensual.

Dado que estos reclamos recibieron cerrada negativa del Ministerio de Educación y el ninguneo del CIN, AGD UBA considera imperioso el llamado a asambleas generales en todos los sindicatos de base (y asambleas en cada lugar de trabajo, incluyendo sedes y escuelas) y a un Congreso de nuestra Federación para discutir la defensa del salario y jubilaciones, las designaciones rentadas de los ad honorem, el Convenio Colectivo de Trabajo, la defensa de las obras sociales y el presupuesto para la universidad pública.

Entendemos, además, la importancia de decidir acciones conjuntas con aquellos que comparten esta perspectiva. Por eso nos declaramos en estado de alerta y movilización y nos pronunciamos por un Congreso de todos los sindicatos, de todas las centrales, con delegados con mandato, y por un inmediato paro activo de 36 horas, como comienzo de un plan de lucha nacional y un programa económico al servicio de los trabajadores y las mayorías nacionales para unificar, con acciones contundentes y masivas, el rechazo a estas políticas.

Convocamos a la más amplia deliberación en todas las unidades académicas. Para eso AGD UBA impulsa el 9 una jornada de debate en todas las unidades académicas y a parar el martes 10 junto a Conadu Histórica, por nuestro pliego y en confluencia con otros sectores en cortes y movilizaciones. No tenemos que ser lxs trabajadorxs lxs que paguemos esta crisis.

Reclamamos:

Inmediata incorporación rentada de los ad honorem.

Adelantamiento de la cuota de septiembre.

Indexación mensual y automática de los salarios, acorde a la inflación. Aumento de emergencia para nuestros jubilados.

Pago del bono de emergencia de 5.000 pesos dispuesto para los trabajadores del Estado.

Duplicación inmediata del presupuesto universitario.

1.000 millones de pesos para paliar la crisis de las obras sociales universitarias, entre ellas DOSUBA.

Aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo en todas las Universidades Públicas Nacionales y Escuelas Preuniversitarias.

Ruptura de los acuerdos con el FMI. Investigación y no pago de la deuda ilegítima y fraudulenta.