(Por Enrique Javier
Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León. Barcelona, Sinpermiso, miércoles 15 de febrero de
2017)- Para acceder a un puesto en el ámbito universitario, acreditarse para
cualquier puesto docente, promocionar en la carrera académica, cobrar el
complemento de investigación o simplemente no verse “cargado” con más horas de
docencia, prácticamente todo profesor o profesora universitaria tiene que
conseguir que dos multinacionales le admitan publicar cierto número de
artículos en las revistas que ellas determinan y controlan.
El actual sistema de
evaluación de la carrera profesional universitaria, especialmente a partir del
Real Decreto-ley 14/2012 del PP, premia la acumulación de esas publicaciones
cuantificables y comercializables que son las que generan “distinción y
reconocimiento” (número de sexenios), al tiempo que “penaliza” si no se
consiguen, con la imposibilidad del acceso, la no promoción, la reducción del
salario y un aumento significativo de trabajo docente.
Devaluación
de la función docente
Tiende así a convertir
la función docente esencial de la universidad en un obstáculo para la promoción
académica, un “castigo”, que termina por devaluar la finalidad fundamental de
la universidad, provocando que el mismo profesorado la minusvalore y postergue.
Sabiendo, además, que no está probado -más bien al contrario- que haya una
correlación importante entre productividad de la investigación-publicación y
eficacia de la docencia.
Frente a la docencia,
la práctica investigadora es transformada en una inversión en el propio
currículum mediante este tipo de publicaciones que sí reportan beneficios
subjetivos (valoración) y materiales (compensaciones retributivas). Este
sistema valora aquellas publicaciones que tengan valor para el mercado y que se
puedan cuantificar y medir. Olvida que la ciencia debe estar al servicio de la
humanidad y de la mejora del mundo en el que convivimos, ligada a problemas y
necesidades sociales que no siempre son valorados por el mercado, para
convertirse en una moneda de cambio determinada por las exigencias del mercado.
Cultura
del impacto y la citación
Se está presionando así
a la comunidad científica para transformar la investigación rigurosa en una
loca carrera de la “cultura del impacto y de la citación” para ser valorado y
poder promocionar. Porque este sistema ha asumido la tesis de que el factor de
impacto (media de citas que en un año tiene un artículo), que mide visibilidad
más que calidad, defina el valor científico de artículos y revistas. Factor que
es controlado por los datos ofrecidos por el informe Journal of Citation Report
(JCR) de la multinacional Thomson Reuters a través de su producto Web of
Knowledge (WOK), y por la multinacional Elsevier a través de su producto
Scopus. La Fundación Española para la Ciencias y la Tecnología, dependiente del
Ministerio de Economía y Competitividad, las universidades y el Centro Superior
de Investigaciones Científicas pagan por las licencias a estas multinacionales
más de 25 millones de euros anualmente.
Mientras, en 2013, se
paralizaba por recortes presupuestarios proyectos públicos nacionales, como el
sistema DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) desarrollado desde 2006 por el
CSIC. Integrado en una institución pública, DICE no recibía dinero de las
revistas que estudiaba y catalogaba, ni tampoco directamente de quienes lo
consultaban. Suerte parecida sufrieron otros proyectos públicos de prestigio
como el de INRECS, INRECJ e INRECH de la Universidad de Granada en el año 2014.
Política
de Estado
De esta forma, nuestras
administraciones públicas son cooperadores necesarios (en financiación y
difusión) de las multinacionales privadas extranjeras para el desarrollo de su
sistema comercial de evaluación. Los ministerios de Ciencia y Tecnología le
atribuyen la autoridad y el liderazgo que estas multinacionales se autoatribuyen
en sus páginas web, desde su “monopolio de hecho” de la evaluación científica.
El conjunto del
engranaje es accionado por las agencias nacionales de evaluación. Las agencias
como la ANECA, que acredita la capacidad del profesorado, y la CNEAI, que
reconoce a través de los sexenios la actividad investigadora realizada,
priorizan como criterios de valor la publicación de artículos en revistas
científicas incluidas en esas bases de datos elaboradas por Thomson Reuters y
Elsevier, en detrimento de otros formatos y modos de canalizar la actividad
investigadora.
Lógica
colonial
Este sistema ha
recibido innumerables críticas. Desde el sesgo lingüístico y geográfico que
favorece a publicaciones y autores y autoras anglosajones hasta que enfatiza
estándares determinados de ciencia. Estos criterios de valor, además,
reproducen una lógica colonial pues refuerzan una lógica geopolítica de poder
que margina y desprecia las revistas científicas no anglosajonas, imponiendo
sin discusión el inglés como lengua “neutra”. También se ha criticado la
recurrencia y la permanencia de los círculos científicos dominantes que se
nutren y se citan entre sí (de las más de 8.000 revistas de todo el mundo que
son incluidas en el JCR, tan solo 300 representaron más del 50% de lo que se
citó y más del 30% de lo que se publicó; y un núcleo de 3.000 revistas cuenta
con más del 90% de artículos citados y más del 80% de los publicados).
Asimismo, se ha enfatizado el escándalo que supone el hecho de que resultados
de investigaciones pagadas con dinero público se publiquen en revistas de
acceso privado.
Lo cierto es que con
este modelo la producción de conocimiento se encierra en un circuito
privatizado, ajeno en buena parte a su servicio a toda la sociedad y al
compromiso con el bien común. A pesar de las críticas de todo tipo que este
modelo ha generado, conserva intacta su capacidad de definir quién vale y quién
no. Se asume así que aquello que ocurre fuera de lo validado por el modelo no
existe o no sirve a la ciencia: “si tu trabajo no está aquí, no vale”.
Competición
en vez de colaboración
Esta bibliometría, más
que aportar resultados de investigación excelentes, ha conseguido presionar a
la comunidad investigadora para adaptar su trabajo hacia lo que se valora en el
mercado de los sexenios. Se abandonan las monografías o libros con conocimiento
reflexivo de fondo capaces de alcanzar al gran público, pues son consideradas
“méritos menores” porque puntúan menos frente a los artículos con índices
medibles de impacto. Se está generando una inflación de papers inabarcable, que
pocos leen y que no siempre se escriben con el poso necesario. Se recurre al
autoplagio, a las autocitas, a las redes de citas, a las guerras de citas, a no
citar a posibles competidores/as, a exigencias de citar artículos publicados en
los últimos años en la revista donde se quiere publicar. Se genera así un
volumen innecesario de aparato de citación, un hipertrofiado marco teórico,
postizo y muchas veces ni siquiera consultado, que solo sirve para aumentar
este mercado de la citación, cuestionado en innumerables investigaciones y
estudios.
Todo ello obliga a un
proceso continuo de competición interna que fragmenta y enfrenta al
profesorado, naturalizando la competencia en vez de producir formas
colaborativas de pensamiento e investigación. Lo que vale, lo que cuenta, lo
que tiene valor (de mercado) es la acumulación, lo inmediatamente vendible y
comercializable en el mercado de la patente y la industria del rápido
beneficio, no la investigación base ni la dimensión crítica de la
investigación.
Otro
sistema de evaluación de la producción científica es posible
Necesitamos una
universidad realmente pública y democrática. Una universidad que cuestione esta
concepción neoliberal de la ciencia, la investigación y la universidad. Que
ponga en jaque el significado otorgado a la “excelencia”, entendida como
incentivo para que se aumente de manera constante, competitiva e ilimitada la
productividad.
Es necesario apostar
por una universidad que sea capaz de incorporar otros elementos de valor al
trabajo investigador y docente: trabajo compartido, investigación de base y a
largo plazo, docencia como valor, honestidad científica, compromiso con toda la
sociedad y también con las necesidades y sectores más desfavorecidos.
Los países que tienen
un enfoque de modelo social y productivo de alto valor son aquellos que cuentan
con más apoyos a la investigación básica y en todas las disciplinas, también
las humanísticas, sociales y artísticas. No en vano dicha investigación es la
que genera los cimientos para construir un modelo social más justo en lo
económico, más sabio en lo social y más ecológico en lo natural. Son aquellos
que valoran también el impacto social y político de la investigación no sólo
por el número de citas de las publicaciones realizadas sino por la implicación
en la resolución de problemas locales o en el avance del bienestar social, por
la participación de la comunidad en el desarrollo de las investigaciones o
porque incluyen orientaciones prácticas para la solución de problemas reales en
contextos reales, sean locales o globales.
En definitiva, los
repositorios públicos de “acceso abierto”, mandato expreso del programa de la
Unión Europea Horizonte 2020, en la línea que plantea la Declaración de San
Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA) y la Declaración de
Berlín, administrados por universidades u organizaciones de investigación
públicas, son una valiosa infraestructura que podrían apoyar la transición a un
sistema de evaluación y comunicación académica más colaborativa y eficiente.
Izquierda Unida ha
presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento Nacional para
superar las métricas basadas en el factor de impacto de las citas en JCR y
similares, que miden el continente más que el contenido, ahorrar al Estado una
ingente cantidad de dinero que pagamos a estas multinacionales extranjeras y
sentar las bases para que la academia dé a luz un nuevo sistema de evaluación
público y abierto de la investigación.
Aunque esta proposición
no es ese nuevo sistema, sino una medida de urgencia, es un primer paso de otro
sistema posible de evaluación de la producción científica más justo, que
responda a un modelo de ciencia para el bien común.
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