sábado, 8 de noviembre de 2025
viernes, 7 de noviembre de 2025
"El propio gobierno reconoce que nos adeuda 42 por ciento de nuestros salarios pero suspende la aplicación de la ley que fue votada tres veces en el parlamento: o luchamos para que esa conquista se haga efectiva o perdemos"
VAMOS POR EL 43,53%
Es innegable que el domingo el gobierno de Milei, Caputo y Bullrich obtuvo un triunfo que lo fortalece. También es innegable que continúa la crisis que desbarrancó en el rescate de Trump, cuya contrapartida –¿qué parte del león entrega al imperialismo?– desconocemos, aunque podemos imaginar que será contraria a los intereses populares.
Pero es innegable, sobre todo, que continúan nuestros reclamos por el aumento salarial. La tres veces votada Ley de financiamiento universitario –que impusimos con paros, clases públicas y movilizaciones– fue publicada en el Boletín Oficial y suspendida por el propio gobierno. Tal como lo hizo con las leyes de emergencia en discapacidad y de emergencia pediátrica.
En su texto, reconocen que la deuda con la docencia pre y universitaria de todo el país supera el 40% a julio. Sumada la inflación posterior, asciende a 43,53% en octubre. Lo decimos de nuevo: el gobierno que vetó la ley del poder legislativo dos veces y que ahora la suspende, reconoce la deuda salarial pero… la deja en suspenso.
La asamblea docente de AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires) exige el pago inmediato de la deuda salarial con la docencia pre y universitaria de todo el país. Para eso vamos a apelar a todos los recursos, incluso los legales y ante la justicia.
Este reclamo lo hacemos a la patronal nacional –el gobierno de Milei– pero también a las patronales de cada universidad. Los rectores y las gestiones se comprometen, por un lado, a iniciar reclamos en la justicia para que se aplique la ley; por el otro, avanzan con la aplicación de la contrarreforma del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), una ofensiva neomenemista contra el sistema público, nuestros puestos de trabajo y contra los estudiantes a quienes busca seducir con títulos intermedios que nacerán precarios o basura. Al mismo tiempo, imponen descuentos salariales por paro, arman concursos amañados para dejar docentes afuera, cierran cátedras en nombre de reprogramaciones académicas, persiguen estudiantes solidarios con la lucha del pueblo palestino o no aplican el Convenio Colectivo o lo hacen parcialmente. Solo para citar casos de este último mes y en varias universidades nacionales.
Por eso las y los docentes de todo el país –junto con los no docentes y los estudiantes– debemos tomar los reclamos y la lucha en nuestras manos.
Nuestro sindicato lleva al próximo Congreso Extraordinario de la Conadu Histórica un planteo que ponemos en consideración de sus congresales y del conjunto de los trabajadores docentes:
Proponemos un paro desde el jueves 6 hasta el sábado 8 y desde el lunes 10 hasta el miércoles 12, para luego evaluar en asambleas de todo el país la continuidad del plan de lucha.
Proponemos la organización de una marcha nacional para el 19/11 junto a los sectores que también han sido afectados por los vetos: jubilados, discapacidad, pediatría (Garrahan).
Proponemos la realización de una encuesta nacional para consultar a las bases docentes de todas las universidades nacionales si afectamos o no las mesas de exámenes de diciembre.
Compañerxs, el propio gobierno reconoce pérfidamente que nos adeuda 42% de nuestros salarios pero suspende la aplicación de la ley que fue votada tres veces en el parlamento. O luchamos para que esa conquista se haga efectiva o perdemos.
¡Y tenemos que ganarla!
jueves, 6 de noviembre de 2025
miércoles, 5 de noviembre de 2025
Los salarios docentes perdieron un tercio de su poder adquisitivo durante la actual gestión provincial y nacional"
Durante la actual gestión de los gobiernos provincial y nacional, los sueldos docentes han sufrido una caída del 30 % de su poder adquisitivo, según los propios datos oficiales del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).
De acuerdo con este relevamiento, entre enero de 2024 y septiembre de 2025 la inflación acumulada fue muy superior a los incrementos otorgados: mientras los precios subieron más del 140 %, los aumentos salariales para el sector docente fueron apenas del 91 % en 2024 y del 18 % en lo que va de 2025.
Esto significa una pérdida acumulada de entre 28 y 33 puntos porcentuales, lo que equivale a un tercio del salario real de maestras, maestros y jubiladas/os docentes.
A esta situación se suma la eliminación del FONID, que representaba entre un 7 % y un 10 % del salario docente, el aumento desmedido del IAPOS y el desconocimiento de la deuda paritaria del año 2023 por parte del gobierno provincial.
Estos hechos profundizan aún más el deterioro del poder adquisitivo y expresan la falta de voluntad política para garantizar una actualización salarial que permita sostener condiciones de vida dignas y un salario acorde a la tarea que cumplimos todos los días en las aulas.
Desde AMSAFE (Asociación del Magisterio de la provincia de Santa Fe) reiteramos que la educación pública se defiende con salarios dignos, con escuelas en condiciones, con respeto por la labor docente y con políticas que fortalezcan el sistema educativo en su conjunto.
Exigimos la inmediata reapertura de la paritaria, la actualización mensual automática por inflación, el fin de los descuentos por días de paro, el rechazo al mal llamado aporte solidario, el presentismo utilizado como mecanismo de disciplinamiento y el respeto irrestricto a nuestros derechos laborales y previsionales.
Seguimos sosteniendo, con convicción y unidad, que no hay calidad educativa posible sin justicia salarial.
martes, 4 de noviembre de 2025
La Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos (AGMER) rechaza la reducción de la representación docente en el Consejo General de Educación (CGE)
AGMER ya se prepara para dichas elecciones y -también en elecciones internas realizadas recientemente- surgieron sus candidatos para los próximos comicios. De esta manera, Gustavo Blanc (del Departamento Uruguay), junto a un equipo de docentes también plebiscitados por medio del voto directo de miles de sus pares afiliadas y afiliados a esta organización constituyen nuestra propuesta.
Desde el año pasado veníamos insistiendo al Poder Ejecutivo sobre la necesidad de encarar un proceso eleccionario para renovar la representación docente en el CGE que, como es de público conocimiento, duran cuatro años en sus funciones y, por lo tanto, concluyen este año. Con los tiempos acotados, el gobierno de la provincia dio a conocer este miércoles del Decreto 2831 convocando a elecciones. Pero en el anexo del decreto reduce, achica, los espacios de representación. Por ejemplo, baja de 5 a 4 la representación en Jurado de Concursos de Nivel Primario, Nivel Secundario y en el Tribunal de Calificaciones y Disciplina.
Somos claros: no reduce el número de vocales solamente para la representación de las y los trabajadores; hace lo mismo con la representación política. No rompe, por lo tanto, el carácter colegiado distintivo de nuestro CGE, pero ataca y resiente las tareas que el mismo debe llevar adelante. Eso es lo preocupante y lo que debemos evitar.
Porque más allá de discursos marquetineros y de campaña, y de los modismos de motosierra que se esparcen desde los aliados mileístas cercanos ahora al gobierno entrerriano, en el CGE no sobran lugares. Por el contrario, faltan espacios para encarar la tarea de diagramar, organizar, normatizar atender/entender en el complejo entramado que es nuestro sistema educativo.
Aún con su actual estructura, el CGE siempre trabaja a contra reloj. Y no solamente ahora; lo mismo viene sucediendo desde sus orígenes. El sistema educativo entrerriano es uno de los más prestigiosos. Cuenta, además, con una nota distintiva: el ingreso a la docencia se hace de manera absolutamente transparente, en forma concursal y pública. Lo mismo sucede en toda la carrera docente en los cargos de ascenso, en el logro de la titularidad y la estabilidad, entre tantas garantías de derechos, periódicamente se emiten credenciales para garantizar formas concursales para los docentes que recién se reciben y en la continuidad de la carrera para cada docente. Y esto por sólo mencionar una de las dimensiones de ese complejo entramado.
Todas y todos debemos comprender que no podemos vivir consumiendo cotidianamente slogans de campaña, de disposiciones sin sentido, caprichosas, que lo único que demuestran, a mediano plazo, son perjuicios, piedras en el camino, que concluyen frivolizando y banalizando un sistema educativo que puede ser todavía mejor para los/las docentes, las y los alumnas/os y las comunidades educativas.
Por lo tanto, reclamamos que se mantenga la actual representación en cuanto a su cantidad y se estipule, expresamente, la fecha de los comicios.
lunes, 3 de noviembre de 2025
Resoluciones de la asamblea de la AGD-UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)
Luego de un nutrido intercambio y teniendo en cuenta la coyuntura, así como el objetivo de que finalmente se aplique la Ley de financiamiento universitario y con él el aumento salarial que asciende al momento a 43,53%, la asamblea resuelve llevar a la federación:
- Paro de una semana desde el jueves 6 y hasta el sábado 8 inclusive, retomando el día lunes 10 y hasta el miércoles 12 inclusive.
- Organización de una jornada nacional de lucha y marcha a Plaza de mayo, en el caso de CABA y a los centros del poder político del resto del país. Proponemos que sea el miércoles 19 para convocar junto a jubilados, discapacidad y el Garrahan
- Proponer a la federación la realización de una consulta nacional hacia el conjunto de la docencia universitaria, planteando que, ante la negativa del ejecutivo a cumplir con la ley, contenga las siguientes opciones: a) Paro por tiempo indeterminado, b) no toma de exámenes, c) Una semana de paro, d) Movilización. Con fecha de cierre al 5 de noviembre.
La asamblea también aprobó para nuestra gremial:
- Hacer un llamado desde AGD UBA al Plenario Nacional del sindicalismo combativo, movimiento piquetero y de jubiladxs para discutir la situación política que se abre en esta etapa y resolver medidas de conjunto.
- Declaración explicativa de la situación general y las consecuencias de la aplicación de la Ley de financiamiento universitario, haciendo una delimitación con el CIN (rectores) y resto de las fuerzas que intervienen en el conflicto universitario, a publicarse antes del congreso de la federación.
La asamblea se pronunció:
- Contra la persecución a los estudiantes de la facultad de Psicología y por la cual, el decano expresó tanto en el Consejo Superior como Directivo que iniciará sumarios académicos contra aquellxs que denuncian el genocidio en Gaza bajo la falsa acusación de “antisemitismo”. Se invita a todxs a firmar el petitorio que desde AGD Psicología circulan en apoyo a lxs estudiantes, pero también contra el intento de declarar delito al derecho de opinión.
- Repudiar el sistema de concursos amañado y el accionar particular de las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas. Exigimos la aceptación de la impugnación de lxs docentes Damián Kennedy y Mariana González para revertir esta situación. Por la continuidad laboral de todxs lxs docentes y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo Nacional de las UUNN que la UBA no reconoce.
- Por la continuidad de la cátedra de Epistemología en la Facultad de Filosofía y Letras.
domingo, 2 de noviembre de 2025
No a la represión del gobierno de Mendoza
Esta iniciativa minera, dedicada a la explotación de cobre en el Departamento Las Heras, es rechazada por grupos ambientalistas y fue cuestionada por un informe de la Universidad de Cuyo que alertó sobre su impacto ambiental.
Los dos detenidos son Liza Rule Larrea, bailarina, afiliada a la Asociación Argentina de Actores y Actrices y militante de H.I.J.O.S. y Martín Iglesias, empleado municipal.
Expresamos nuestra solidaridad con sus compañeros y familiares, exigimos la inmediata libertad de ambos detenidos y responsabilizamos al Gobernador Cornejo y las fuerzas policiales a su cargo por impedir el derecho legítimo a la protesta y criminalizar a quienes se manifiestan en defensa del agua y el medio ambiente.






