jueves, 8 de diciembre de 2016

¡Doce millones de mangos tirados a la basura!

Alberto Sileoni, el ex ministro de Educación, cargó contra funcionarios del gobierno de Cambiemos. El actual ministro de Educación, Esteban Bullrich, dijo que se trató de un “grave error” por el “poco apego a las normativas” de la administración anterior. Los especialistas se enojaron por la impericia técnica y la manipulación política de los datos que reinaron hasta diciembre del año pasado. Maestros y profesoras sacudieron sus cabeza en los recreos con bronca y resignación.  Los secundarios se lamentaron irónicamente en las aulas al grito de: “¡nos mandaron al descenso…!”.

Lo cierto es que la Argentina fue excluida de las PISA. 

Y más allá de las interpretaciones posibles -pueden elegir las que más le guste o proponer la propia- lo cierto es también que en un país quebrado, con la mayor parte de sus escuelas en estado de  emergencia edilicia, para esta inútil edición de PISA -la sigla en inglés del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, un proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)- el Estado nacional gastó 12 millones de pesos, según informaron fuentes oficiales del Ministerio de Educación. ¿Se dan cuenta? ¡Doce millones de mangos tirados a la basura!


miércoles, 7 de diciembre de 2016

Con este presupuesto 2017 los porteños "tendremos la menor inversión en Educación de los últimos diez años"

El ajuste que tanto el gobierno nacional como el de la Capital Federal llevan adelante se verá reflejado presupuestariamente. En Educación, de aprobarse tal como lo reclama el Ejecutivo, tendremos la menor inversión de los últimos diez años con un presupuesto del 18,5, es decir 9 por ciento menos que en el año 2007. El proyecto vuelve a destinar millones de pesos al subsidio a las escuelas privadas mientras prevé un techo a la discusión salarial ya que calcula en 17 por ciento el impacto inflacionario cuando el IPC del propio gobierno admite una inflación interanual del 44 por ciento, implicando una pérdida del valor del salario real de un 10 por ciento.

La inversión presupuestaria se orienta claramente hacia la privatización del sistema educativo y a la precarización del régimen laboral docente.

Desde Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior) rechazamos este proyecto presupuestario y una delegación de nuestra organización se hizo presente en la Legislatura para expresar las razones del rechazo.


martes, 6 de diciembre de 2016

“La denuncia del fiscal Guillermo Marijuan contra 52 universidades nacionales es desmesurada y pretende desprestigiar a la universidad pública”

El actual presupuesto universitario -ya de por si insuficiente- fue también carcomido por la devaluación, inflación y aumento de tarifas. El presupuesto 2017 presentado al congreso por el poder ejecutivo es un presupuesto que promete más ajuste sobre las universidades y los distintos organismos de ciencia y técnica.

El gobierno nacional aplica además, el ajuste sobre los salarios de las y los trabajadores dejándolos por debajo de la inflación y se niega sistemáticamente a reabrir las paritarias para otorgar la necesaria recomposición salarial de emergencia.

Ante ello, desde la CONADU Histórica junto al conjunto de la docencia universitaria y preuniversitaria y los trabajadores de los otros organismos de ciencia y técnica nos movilizamos en rechazo a estas medidas con cada vez mayor repercusión en la sociedad. Esta lucha arrancó un incremento adicional del presupuesto universitario cercano a los 1.000 millones de pesos (claramente insuficiente para nosotros, y además distribuido discrecionalmente con sólo 21 de las 55 Universidades Nacionales) y de poco más de $1.200 para el sector científico tecnológico.

Justo en este momento, el fiscal Marijuan realiza una denuncia penal por malversación de fondos a 52 Universidades Nacionales por sospechas de mal uso de las partidas presupuestarias giradas sobre fines del año pasado.

Esta denuncia tiene que ver centralmente con una maniobra de desprestigio hacia el conjunto de las Universidades Públicas para justificar el ajuste sobre la Educación, la Ciencia y la Tecnología. Desacreditar a la educación pública para avanzar en las políticas de elitización, mercantilización, achicamiento y arancelamiento de la Universidad Pública. Este es el proyecto del actual gobierno.

Desde la Conadu Histórica siempre hemos denunciado a las autoridades universitarias que junto a los sectores de poder toman como botín a las instituciones universitarias. Algunas se han convertido en verdaderas patronales, siendo correa de transmisión de los ajustes de los gobiernos de turno e incluso han malversado y utilizado los fondos del presupuesto para todo tipo de prebendas y negocios.

El gobierno actual utiliza los escándalos del pasado inmediato para justificar el ajuste del presente y la reconfiguración de los distintos sectores dominantes en la disputa por el dominio de las estructuras universitarias.

Hoy en la UBA se está por consumar el enésimo negocio con el Hospital de Clínicas, por lo menos por 130 millones de dólares. Ya por estos negocios con el Hospital tuvo que renunciar en su momento el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, envuelto en el escándalo que fuera públicamente denunciado por AGD-UBA y CONADUH junto a la FUBA.

El reciente nombramiento del productor televisivo Ávila como coordinador de los hospitales universitarios a nivel nacional es una puerta a los negociados con la salud en el sistema universitario. Ya Ávila había sido fue propuesto por el Ministro de Educación Bullrich como Secretario de Políticas Universitarias al inicio de este gobierno, y el rechazo contundente de la comunidad universitaria lo impidió.

También han salido a la luz pública la utilización de las Universidades para tercerizar la contratación de trabajadores en otras dependencias del Estado. Escandaloso ha sido el caso de la UTN, ”elegida” para derivar más de 4.000 millones de pesos a Yacimientos Carboníferos Fiscales en Santa Cruz.

Durante 19 años la Universidad Nacional de Tucumán fue socia privilegiada de la megaminería contaminante de la Alumbrera (YMAD). Con esas “rentas” se financiaron obras (muchas inconclusas) con sobreprecios a tal nivel que el ex rector Cerisola está imputado por la justicia federal.

Los negocios audiovisuales nos llenaron de estupor a todos cuando se supo que la Universidad Nacional de San Martín pagó $36 millones a la actriz Andrea del Boca para realizar una novela.

También hemos denunciado junto a nuestro gremio ARDU tanto en la justicia como en la Oficina Anticorrupción, los manejos fraudulentos del ex rector de la UNLaR -hoy fallecido- Enrique Tello Roldán, por más de 60 millones de dólares, a raíz de lo cual fue cesanteada toda la Comisión Directiva del gremio. A Tello Roldán, sin embargo, no lo sacó ni la justicia ni los gobiernos que pasaron en 20 años, sino que lo hizo la Toma de la UNLaR y la movilización de toda la comunidad universitaria en 2013.

Las Universidades son un botín disputado por los sectores dominantes, no sólo por intereses económicos de manejar de acuerdo a sus intereses y con sus negocios el presupuesto y la estructura universitaria, sino además para orientar la formación e investigación en función del modelo de país que pretenden imponer. Desde los gobiernos se utiliza la distribución presupuestaria arbitraria para subordinar a la Universidad para estos fines.

La todavía vigente Ley de Educación Superior es la base legal que potencia esta verdadera apropiación de la Universidad. Es la Ley que permite que los sueldos de las autoridades universitarias se definan en cada universidad “con autonomía” y hoy implica que hay rectores, decanos y funcionarios con sueldos de “empresarios”.

Es la Ley que estimuló la utilización de los denominados fondos propios, originados en convenios con empresas, ventas de servicios, incluso aranceles de diversas funciones universitarias constituyendo verdaderos “presupuestos paralelos” al del Estado.

Es la ley que promueve la concentración del poder y la constitución de verdaderas camarillas en muchas Universidades, en las cuales cooptan el cogobierno de los claustros y lo convierten sólo en una figura decorativa.

Por ello exigimos la inmediata derogación de la Ley de Educación Superior, que al mercantilizar la Universidad pública es la madre de todos los negocios y negociados.

Rechazamos la distribución arbitraria del presupuesto basada en el sistema de amigos y enemigos, como volvió a expresarse este año, y exigimos no sólo aumento del presupuesto sino una distribución equitativa y ejecución transparente, garantizando sean auditadas por todos los claustros democráticamente.

CONADU Histórica (Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios)


domingo, 4 de diciembre de 2016

Rosario: “ceclazo” por la titularización

El día lunes 5 de diciembre a las 10:30 horas en la Sede del Ministerio de Educación, Echeverría 80, desde Amsafe (Asociación del Magisterio de la provincia de Santa Fe), seccional Rosario, llevaremos a cabo un “ceclazo” para visibilizar los problemas del sector.

Anteriormente, el miércoles 23 de noviembre se realizó una reunión de nivel adulto. La misma  estuvo abocada principalmente a la problemática del CECLA (Centro Educativo de Capacitación Laboral para Adultos), dado que se considera el sector más postergado (más de 10 años sin titularización)  y la necesidad de efectivizar un concurso con reparación histórica para la modalidad.
 Los planteos han sido expuestos a las autoridades regionales correspondientes, respetando los plazos acordados.

Al día de la fecha no se ha recibido respuesta alguna.

Por lo mismo, se acordó realizar una concentración con actividades pertinentes al perfil de los CECLAs. Sacar el CECLA a la calle. El “ceclazo” para visibilizar el reclamo y  la modalidad.

Llevemos nuestro trabajo a las puertas del ministerio, acompañados de todos los compañeros que apoyen el reclamo.


sábado, 3 de diciembre de 2016

Reapertura de las paritarias y un aumento de emergencia ¡ya!: enfrentemos el decretazo de Horacio Rodríguez Larreta que modifica el puntaje por cursos

 El sueldo inicial de un maestro de grado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (y sus equivalencias en horas cátedra y otros cargos) es de 11.372 pesos y quedó por debajo de la línea de pobreza. La paritaria docente de 2016, acordada con todos los sindicatos excepto Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior), implica una pérdida salarial de entre el 10 y 15 %, lo que muestra a las claras la intención del gobierno de descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. A esto se le suma el impuesto a las ganancias, que confisca el salario a un porcentaje cada vez mayor de docentes. Nuestro salario no alcanza: el achatamiento de la escala salarial hace que durante los primeros diez años de trabajo ganemos exactamente lo mismo: eso se lo debemos a los acuerdos que el resto de los sindicatos negociaron con el gobierno.

El macrismo se vale de la burocracia sindical que dirigen UTE-Ctera (Unión de los Trabajadores de la Educación) y UDA (Unión de los Docentes Argentinos), entre otros, en Capital Federal, como de la CTERA (Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina) y el resto de las centrales sindicales nacionales para hacer pasar el ajuste, fijando una paritaria nacional por debajo de la línea de pobreza, con un sueldo “inicial” en torno a los 9.000 pesos. Esto no solo ocurre con los docentes, sino que el resto de los trabajadores padecemos la tregua de las burocracias de las CGT (Confederación General del Trabajo) y las CTAs (Central de los Trabajadores Argentinos).

El crecimiento de la deuda, la recesión, los despidos masivos solo agravaron la crisis, creando una perspectiva aún peor y ya algunos sectores del gobierno anuncian una nueva devaluación, más inflación y tarifazos, lo que implicaría un nuevo recorte a nuestros salarios.

En este escenario, la lucha por la reapertura de las paritarias es clave para enfrentar el ajuste.

Cambios en el puntaje: otro ataque contra el estatuto docente en el marco del “Operativo Aprender 2016”.

El ajuste de Cambiemos no solo apunta a reducir los ingresos de los trabajadores y profundizar nuestra explotación en beneficios de las distintas patronales. Además, el gobierno se propone una avanzada flexibilizadora sobre diversas condiciones y convenios laborales. La perspectiva de una nueva “Reforma Laboral” es compartida por el gobierno con las diversas cámaras empresariales y organismos internacionales, además de contar con el beneplácito de distintos bloques patronales. Los docentes no estamos a salvo de estas reformas. Siguiendo los lineamientos sobre la “formación continua” que surgen de la Ley Nacional de Educación del 2006, el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta pretende cambiar por decreto el estatuto docente. En este caso, se propone impulsar la caducidad del puntaje que otorgan los cursos de “capacitación”, y que carreras y posgrados deban revalidarse cada cinco años, cambiando también el tope de su puntaje, que pasará de 0.6 a 1.8 por año.

Esto constituye otro ataque en la dirección de la evaluación educativa que impulsa el gobierno, que tiene como objetivo la introducción del salario por “mérito” y la precarización de las condiciones laborales, con la complicidad de la burocracia sindical que se beneficia con el cobro de las “capacitaciones” de nulo nivel académico que comercian desde sus sindicatos.

En este escenario, se torna urgente la organización de las y los docentes en cada una de las escuelas para dar la pelea contra el deterioro de nuestras condiciones de trabajo. Porque nuestro bolsillo no puede esperar a marzo.  Porque necesitamos impulsar un plan de lucha ya, vení a la asamblea abierta del lunes 5 de diciembre.


viernes, 2 de diciembre de 2016

Histórico: 1400 docentes interinos pasarán a ser regulares en la Universidad Nacional de La Rioja

La CONADU Histórica y su asociación de base ARDU (Asociación Riojana de Docentes Universitarios) firmaron esta tarde un acuerdo sin precedentes con las autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja para la aplicación del artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo por lo que 1400 docentes interinos pasarán a ser efectivos.

Estuvieron presentes y firmaron como paritarios de la CONADU Histórica, su secretario general, Luis Tiscornia, y la secretaria de Formación, Claudia Baigorria.

“Este hecho es de suma importancia en primer lugar para los docentes que salen de la incertidumbre de que todos los años dependa de alguna autoridad de turno que se renueven sus contratos; ahora tienen la estabilidad laboral que nuestro Convenio Colectivo de Trabajo establece”, afirmó Tiscornia. “Pero esto es principalmente un gran triunfo y una gran satisfacción para los compañeros y compañeras de la asociación de docentes que en ésta Universidad estuvieron más de siete años despedidos por el ex rector Tello Roldán que impuso durante 20 años un régimen de persecución a todos los docentes que no se subordinaran a su política. Los docentes de la ARDU enfrentaron esta política y fueron castigados y perseguidos al punto de que toda la comisión directiva fue despedida y quedó fuera de la Universidad durante siete años. Esa lucha tuvo una coronación con la toma de la universidad en el año 2013 donde miles de docentes, estudiantes y no docentes  echaron a esa suerte de dictadura y abrieron un procesos de democratización de la Universidad”.

Tiscornia concluyó señalando: “que hoy estemos firmando con los dirigentes que muchos años estuvieron despedidos, ahora reincorporados, el éxito de haber ganado la lucha por la estabilidad de más de 1400 docentes es una gran satisfacción para ARDU, para esos docentes y para nuestra Federación”.

Ésta es una de las pocas universidades nacionales en las que se avanza en la aplicación del CCT, en particular el artículo 73, es un triunfo del conjunto de los docentes interinos  que aun en otras universidades esperan por su estabilidad laboral.