Gremios docentes presionan a provincias por el pago de un bono de fin de año

(Por Elizabeth Peger. El Cronista, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 15 de octubre de 2014)- En línea con los planteos de múltiples organizaciones sindicales del sector privado, los gremios docentes decidieron apurar por primera vez un pedido generalizado en todo el país del pago de una suma fija extraordinaria de fin de año destinada a compensar el deterioro salarial producto de la inflación y la falta de ajuste del mínimo no imponible y las escalas del impuesto a las Ganancias. 

El puntapié del reclamo lo dio la Unión Docentes Argentinos (UDA), que integra la CGT oficial de Antonio Caló, aunque varios sindicatos docentes provinciales ya están enrolados en planteos similares y se descuenta que también se sumarán el resto de los gremios nacionales que agrupan a los maestros. Y aunque los pedidos no contemplan un monto unificado para el bono de fin de año, debido a la importante disparidad de los sueldos del sector, fuentes sindicales deslizaron que podría fijarse una cifra equivalente a un aguinaldo complementario. Hasta ahora el único ejemplo concreto lo constituye el pedido formalizado por los gremios docentes de Jujuy, que reclamaron al gobierno provincial el pago por única vez de 5.000 pesos para compensar los efectos de la inflación y Ganancias.

"Este reclamo obedece a que hay un impacto muy negativo de nuestros salarios por la inflación, a que no han podido reabrir las paritarias pese a que se había acordado el monitoreo de los aumentos fijados a principios de año y se suma a esto que tampoco se modificaron las escalas de Ganancias", explicó a este diario el titular de UDA, Sergio Romero.

El gremio elevó la semana pasada a las autoridades de cada provincia un nota solicitando formalmente el inicio de las negociaciones por un plus salarial extraordinario y ayer repitió el planteo ante el ministro de Educación de la Nación, Eduardo Sileoni, con la intención de comprometer algún auxilio financiero del Ejecutivo nacional a las jurisdicciones que no puedan hacer frente al suplemento.

El planteo de los gremios docentes por el pago de un bono de fin de año que compense los efectos de la inflación replica los reclamos ya anticipados por diversos sindicatos de la actividad privada, como el caso de los bancarios, trabajadores de la industria de la alimentación, camioneros, textiles y Luz y Fuerza, entre otros.

La Asociación Bancaria (AB) concretará mañana una movilización en el centro porteño para exigir a los bancos el pago de una compensación salarial extraordinaria por la inflación y la falta de cambios en Ganancias. En tanto, el gremio que lidera Hugo Moyano mantiene la presión sobre la cámara que agrupa al transporte de cargas por el pago de un suplemento salarial antes de fin de año.

También prevén avanzar con reclamos similares los gremios de la Uocra, metalúrgicos, estatales, comercio, ferroviarios y choferes de colectivos, entre otros.

Carta abierta a los sindicatos docentes de la Capital Federal

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domingo 12 de octubre de 2014

La situación educativa de nuestra ciudad requiere de una profunda reflexión de nuestra parte y de acciones que puedan modificarla. Creemos que es muy grave la situación salarial de los docentes donde no sólo nuestros salarios se ven desvalorizados con la inflación sino que además se ha dado una situación muy injusta hacia el interior de la docencia perjudicando aún más a quienes cobran por hora cátedra y a los cargos cuyos puntos índice son menores a los del maestro de grado. Entendemos que esta situación es parte de una política del gobierno de ajuste sobre el salario docente, que además busca dividir a la docencia y promover antagonismos que sólo la perjudican.

Por otra parte, pese al reiterado rechazo a la inscripción online, el gobierno la profundiza no sin antes haber hecho oídos sordos a las propuestas de construcción de escuelas y jardines. La continuidad de la aplicación de la Nueva Escuela Secundaria (NES) a pesar de los pedidos de suspensión, el avance con la Unidad de Evaluación a pesar del rechazo unánime de los sindicatos, etc. muestran la falta de escucha del gobierno a los reclamos docentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la Asociación Docente de la Enseñanza Media y Superior (Ademys) vemos con absoluta preocupación el vaciamiento de la mesa de condiciones salariales y laborales. Por un lado, porque no se ha reunido desde febrero, pero en especial porque este año se ha dado la particularidad de que el gobierno aplicó  a través de las resoluciones 1386 y 5008 pautas salariales que no sólo no habían sido aceptadas en la mesa sino que ni siquiera habían sido mencionadas. Así, se produjo una diferenciación en la garantía mínima (es decir, que muchos cargos ganen menos que el mínimo) y la desvalorización de la hora cátedra (pagando por 20 horas en lugar de por 17) Pero lo más grave es que lo hayan realizado de manera autoritaria y unilateral, a espaldas de la docencia y los sindicatos.

Entendemos que esto merece no sólo el rechazo explícito de nuestra parte sino acciones unitarias. Pensamos que la unidad de los sindicatos, tan reclamada por la docencia, es necesaria y requiere una respuesta de parte nuestra.

Desde Ademys proponemos hacer un pedido conjunto de reapertura de la mesa de negociación de condiciones salariales y laborales para lograr los reclamos de la docencia. En ese sentido, nuestro sindicato decidió parar junto a ADEF el día 15 de octubre y los invitamos a sumarse.

Sabemos de las diferencias que existen entre nosotros y no las ocultamos, pero la situación actual impone que hagamos los máximos esfuerzos de unidad en pos de lograr lo mejor para la docencia.

Los saludamos fraternalmente.

Consejo Directivo de Ademys

Paro y movilización de los docentes porteños

México: la masacre de Iguala

(Por Gustavo Montenegro. Prensa Obrera. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sábado 11 de octubre de 2014)- Un enorme movimiento popular recorre México en reclamo de la aparición con vida de 43 estudiantes del magisterio rural de Ayotzinapa, un pequeño pueblo del estado de Guerrero. "Con vida los llevaron, con vida los queremos", corean los manifestantes. El hallazgo de fosas clandestinas, donde presumiblemente se encuentran los cadáveres de muchos de los jóvenes desaparecidos, desató una conmoción internacional y movilizaciones en 25 estados, incluyendo protestas de miles en varias ciudades de Guerrero. 

Los estudiantes del combativo liceo habían arribado a fines de septiembre a la ciudad de Iguala, en el departamento de Guerrero, con el propósito de recaudar fondos para participar de la movilización del 2 de octubre en el Distrito Federal, donde se conmemora y aún se exige justicia por la masacre contra cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en 1968. Como represalia por intentar protestar en un acto político promovido por el intendente, los estudiantes fueron atacados -en un operativo concertado de la policía y un cartel del narcotráfico- con disparos de ametralladora, con el saldo de tres jóvenes muertos. El resto fue secuestrado y torturado, y aparentemente fueron rematados en los montes próximos a Iguala, y enterrados en fosas comunes. 

Poder político y narcotráfico 

El alcalde de Iguala, al que se señala como autor intelectual de las desapariciones, se fugó. Integrante del PRD, tiene vínculos con el cartel de los Beltrán Leyva y está acusado de la tortura y posterior asesinato de al menos tres militantes de su propio partido. Toda esta información estaba en conocimiento de los servicios secretos federales y también de la Procuraduría General de la República. El gobernador, Angel Aguirre (un histórico del PRI que pasó recientemente al PRD), prometió  que los 81 alcaldes de la región y sus policías serán investigadas. Pero el propio Aguirre no es un hombre de fiar: hasta hace poco impulsaba “colocar bajo el mando de las autoridades locales a las policías de los municipios más importantes del estado: Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan, Tixtla, Zihuatanejo e Iguala” (Página 12, 7/10), o sea, una consolidación del poder de los cárteles. El centroizquierdista PRD, como se ve, no es ajeno al régimen político narco: de hecho, su dirección nacional ratificó su apoyo político al gobernador (La Jornada, 10/10). 

Las vinculaciones entre el narcotráfico y todos los poderes del Estado han quedado ilustradas en la amenaza con la que los narcos de Guerreros Unidos (GU) recibieron a las fuerzas federales: “gobierno federal y estatal y a todos los que nos apoyaban, se les exige que liberen a los 22 policías que están detenidos. Les damos 24 horas para que los suelten, si no aténganse a las consecuencias. Empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoyaba del gobierno… ya empezó la guerra atte: GU”. (El País, 7/10). Como si hubiera tomado nota del mensaje, la Cámara de Diputados nacional se limitó a formar una comisión para investigar el tema. 

Desintegración 

Como en Tamaulipas y Michoacán recientemente, el Estado federal ha enviado a la policía del Distrito Federal y a la Gendarmería a recuperar el monopolio de la violencia en el estado de Guerrero. En Tamaulipas, estado lindante con Estados Unidos, y que vio nacer a los carteles del Golfo y de los Zetas, se dispuso recientemente la división del territorio en cuatro cuadrantes bajo el control del Ejército y la Armada. En Michoacán, intervinieron en el verano para evitar que se desmadrara por completo un enfrentamiento que involucraba a varios grupos narcos y a las denominadas Autodefensas Unidas. En el caso de Guerrero, la intervención obedece también al temor a la autoorganización de las masas, en un estado que es el más pobre del país, y que en 2013 “tuvo una tasa de 63 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de México y tres veces mayor a la media nacional”. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), uno de los grupos guerrilleros que operan en la región, caracteriza a las fuerzas que masacraron a los estudiantes como grupos paramilitares, y denuncian en un comunicado que “los alumnos desaparecidos estarían siendo torturados en cuarteles de la Policía Federal, el Ejército y la Marina” (Página 12, 8/10). 

El fracaso de la estrategia de militarización de Calderón (PAN), que dejó 60 mil muertos, no parece haber encontrado una alternativa por parte de las fuerzas políticas patronales. El gobierno del PRI avanza en la misma línea, con el apoyo del centroizquierdista PRD. Su dirigente, Carlos Navarrete, ha dicho que “entendimos que, mientras no hubiese una gendarmería capacitada, era necesaria una intervención temporal del Ejército. Pero esto ya lleva ocho años” (El País, 6/10). Todos los partidos, cámaras empresarias y estamentos del Estado están perforados por el narcotráfico. En los últimos ocho años se han encontrado más de 400 fosas clandestinas por todo el país, pero la Procuraduría General de la República hizo escasas 34 averiguaciones sobre el tema. 

Respuesta popular 

Todas las escuelas normales rurales de México se declararon en huelga en solidaridad con sus compañeros de Ayotzinapa. Los familiares de los estudiantes, organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos, se movilizan en reclamo de justicia. El movimiento estudiantil, del que formaban parte los estudiantes masacrados, vive un particular proceso de efervescencia: los estudiantes del Instituto Politécnico frenaron con una movilización al Zócalo de 50 mil estudiantes (un tercio de la matrícula del Instituto) los intentos del gobierno federal de cambiar el plan de estudios, que planteaba menos horas de clase y la reducción en la calidad de la currícula. 

Exigimos la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos, y el esclarecimiento de la masacre. Desarrollemos la denuncia y movilización internacional por estos objetivos.

Los siete asesinatos brutales de la Escuela n. 8 de Moreno, provincia de Buenos Aires

(Por Fernando Soriano. Clarín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domingo 5 de octubre de 2014)- Cuando termine el ciclo lectivo de este año, en la Escuela N° 8 del barrio Villanueva habrán egresado de la secundaria apenas 16 alumnos. Eso, si todo sale bien.

Y no muere ninguno más. En alguna otra zona, la baja cantidad de estudiantes sería el problema más urgente a resolver. Pero no en este rincón de Moreno, donde la palabra “sangría” es menos una metáfora que una evocación literal: en el último año y medio, siete alumnos de la escuela, de entre 15 y 18 años –casi la mitad de los que en diciembre obtendrán su título–, fueron asesinados a tiros. Terminaron muertos por haber sido confundidos con un ladrón. Muertos por venganza de otra banda barrial. Muertos por un disparo misterioso que llegó por la espalda. O muertos por ser testigos de otra muerte.

En las calles de tierra de Villanueva, en sus casas y casillas, hay casi tantas armas como habitantes. Emilia Lestes, la madre de Marcelo Adrián Antúnez (15), una de las víctimas, lo resume con aspereza: “Acá se consigue todo: armas, balas y droga. Es tan fácil como ir al kiosco y pedir una gaseosa”.

La seguidilla trágica comenzó en marzo de 2013 y no para. El último de los alumnos de la Escuela N° 8 en ser asesinado fue Marcelo “Chelito” Rosas Acosta (17), acribillado de ocho tiros días antes de que fuera a la rueda de reconocimiento donde iba a marcar a los integrantes de la banda que mató a otro alumno, su amigo Carlos Ignacio García (15), el 15 de mayo de 2014. Ya los había denunciado con nombre, apellido e incluso fotos.

Aquella noche de mayo, Carlos y el “Chelito” se encontraron de casualidad en las calles del barrio. Rosas Acosta venía de trabajar y se bajó del colectivo cuando vio a su amigo. Fueron a comer una pizza y cerca de las 21.30 salieron rumbo a sus casas. Pero nunca llegaron. A las pocas cuadras un grupo de jóvenes de su edad los atacó a tiros. García recibió seis y murió allí mismo. Pero “Chelito” se refugió en la casa de un vecino. “Estaba irreconocible de lo que le pegaron”, cuenta a Clarín Cristina, su mamá.

“Chelito” no volvió a vivir tranquilo. Cada vez que salía de su casa, alguien lo corría con una moto o lo intimidaban desde algún auto. Tenía registrados uno por uno a quienes los habían atacado y, según decía, algunos eran hijos de policías. En la noche del 14 de agosto sonó su teléfono celular y, como en su casa no tenía señal, salió a la vereda. Apenas pisó la calle un tsunami de balas perforó su cuerpo: recibió ocho tiros. Resistió apenas unas horas, pero murió en un hospital. “¿Quién les da las armas a los pibes?”, se pregunta su mamá.

Las causas de las muertes de “Chelito” y Carlos siguen abiertas. Los sospechosos andan por Villanueva con impunidad. Todos los conocen. “Si hay más testigos, después de lo que le pasó a mi hijo no van a aparecer”, se resigna Cristina. Graciela, la mamá de Carlos, asiente en silencio y agrega: “Acá hay mucha impunidad. Y eso lo ven los pibes del barrio. Se ponen locos y quieren vengar a sus amigos.

Esto nunca acaba ”.

La primera de las víctimas de la Escuela N° 8 fue Vladimir Romero, a quien en poco tiempo le seguirían Marcelo Antúnez y Javier Pereyra. Todos tenían 15 años y compartían el curso de 3° año.

A Vladimir lo mató un vecino el 15 de marzo de 2013, cuando su mamá le fue a pedir ayuda porque la habían robado en la zona de Cruce Castelar, a unas cuadras de Villanueva. El hombre confundió al ladrón con su hijo y le pegó un tiro. O eso pareciera. Todavía está prófugo.

Javier Pereyra también fue víctima, aparentemente, de una confusión. Llegaba el invierno de 2013 y salió de su casa a comprar una gaseosa. En plena calle, alguien gritó: “Esto es para que nadie robe más”. Y le disparó cinco tiros calibre 9 milímetros. Todos en el barrio aseguran que el asesino, cuya identidad se desconoce, erró el blanco. “Javier estudiaba, sus padres trabajan, él jamás robaría”, cuentan.

Su amigo Marcelo Antúnez, en cambio, murió por los celos de otro adolescente. Fue el Día de la Primavera de 2013. Había ido con dos compañeras a la casa de una de ellas y estaban viendo tele cuando apareció el novio de una de las chicas, de 17 años. Al verlos, primero amenazó a su novia con un arma. Después salió de la casa y disparó tres tiros al aire. Volvió a entrar y le apuntó a la otra chica, pero le pegó el balazo a Marcelo. Luego huyó en su moto. Cayó recién en enero y lo llevaron a un instituto de menores de La Plata, pero en mayo se fugó. Según Emilia, mamá de la víctima, la familia del acusado “pagó 25 mil pesos para que lo dejaran escapar”. En el barrio lo ven seguido.

En la Escuela 8 también cuentan una víctima mujer: Luz Clara Mansilla, de 15 años. “Ella estaba con el novio, discutían y él tenía un arma. Se peleaban porque él no tenía ropa limpia”, relata a Clarín una de sus amigas. El muchacho le dijo que le iba a pegar un tiro si no le lavaba la ropa. Y el disparo salió. “Fue un accidente”, asegura la amiga.

Ocurrió el 1° de mayo de 2013. El novio de la chica pasó un tiempo prófugo pero luego se entregó. Para Gladis Villalba, de la ONG barrial Razonar –que intenta ayudar a contener la violencia y la exclusión en Villanueva–, se trató de un femicidio. “Acá se da que los chicos ya a los 15 años conviven con sus novias y son padres, eso contribuye al problema del tejido social. Formar una familia es casi la única contención que tienen ante tanta exclusión”, explica.

Nueve días después de la muerte de Luz, un tiro por la espalda puso fin a la vida de Mariano Damián Pereyra (18) cuando salía de su casa. Según Clara Saucedo, su mamá, no se sabe quién lo mató ni por qué.

Ella sospecha de los amigos con los que iba a encontrarse, aunque aclara que “también pudo haber sufrido un robo”. En la causa no hay sospechosos.

Enrique Elías es maestro de la Escuela N° 8, pero también intenta ayudar a contener el desmadre del barrio junto a Gladis Villalba. “Estos pibes, hagan lo que hagan, sean quienes sean, son todos víctimas. En clase me preguntan qué son, por qué viven lo que viven ”, cuenta entre las paredes semi abandonadas de la escuela.

Gladis intenta resumir la falta de futuro que padece Villanueva: “Este barrio es el ejemplo de cómo el poder genera su caja chica.

Pero se le está yendo la mano. Acá los pibes excluidos son carne para los narcos y eso los lleva a la muerte. Y la Policía sabe, el Municipio lo sabe. El Estado no está ausente acá: es cómplice”.

La Ley de Jardines Comunitarios u otra forma de atentar contra el carácter público de nuestra educación

Rememoran Jimena Digiglio, Lía Dresney y Laura Marrone, miembros de ADEMyS, que en la Provincia de Buenos Aires, el pasado 10 de Septiembre, el Senado y la Cámara de diputados sancionaron con fuerza de ley la incorporación de la modalidad de educación comunitaria al sistema educativo formal en el Nivel Inicial*. La mencionada ley fue elaborada por la diputada Alicia Sánchez (foto), legisladora de la Provincia por el Frente para la Victoria (FPV) y Scioli, luego de algunas contradicciones, se aprestaría a promulgarla.

¿De qué se trata la ley y por qué la cuestionamos?

Tomando en consideración el artículo 17 de la LEN (Ley de Educación Nacional, Nº 26.206) que explicita que “(…) las jurisdicciones podrán definir, con carácter excepcional, otras modalidades de la educación común, cuando requerimientos específicos de carácter permanente y contextual así lo justifiquen”, la legislación en cuestión incorpora la modalidad de educación comunitaria al sistema de educación formal, creando así los jardines comunitarios, con el aval de la Dirección General de Cultura y Educación (en adelante la DGCyE).

Si bien es la mismísima LEN la que habilita esta nueva modalidad, nos preguntamos ¿por qué no se crean jardines dentro del Sistema de Educación Público Estatal directamente?; ¿por qué estos jardines habrían de surgir en tanto modalidad?; ¿cuán cierto es que se integran al sistema de educación formal y no que vienen a constituirse en tanto un sistema de educación paralelo?

Existen 1.500 jardines comunitarios organizados por Ongs, y asociaciones diversas, en la provincia de Bs As que, durante los últimos años, han dado respuesta a la falta de políticas de estado para dar educación a la niñez desde los 45 días hasta los 5 años de preescolar.

La ley, sin embargo, no se plantea como una solución de emergencia para regularizar esa situación, por ejemplo, incorporándolas al sistema público formal para su desaparición como gestión social, y reconociendo los derechos a la estabilidad laboral de aquellos que trabajaron hasta la fecha, así como un plan de formación para que puedan ser docentes. Una solución de este tipo es la que planteamos desde quienes defendemos la escuela pública cuando sostenemos la incorporación al sistema público de las escuelas privadas que cierren a partir de nuestra propuesta de supresión de subsidios a las escuelas privadas. Así se hizo en Matanza con dos escuelas, entre ellas las Cristo Viene que ante su cierre pasó al estado como E.E.S Nº 69, con pleno reconocimiento del derecho de sus trabajadoras y trabajadores.

Por el contrario, esta ley instala una nueva modalidad en forma definitiva. De esta forma se conduce a privatizar y fragmentar aún más el sistema educativo. De fondo, se pretende llevar a cabo una charterización de la educación, un régimen por el cual estos jardines están financiados por el Estado, dirigidos a los sectores de “los barrios más carenciados” (en propias palabras de quien es la creadora de la ley, la diputada Alicia Sánchez) pero conducidos por privados, a través de convenios o “charters” según el modelo del padre del neoliberalismo yanqui, Milton Friedman. En lugar del Estado, es la “comunidad” la que debiera hacerse cargo de tales jardines: padres, vecinos, militantes sociales, etc. Esto atenta contra el carácter Público de la Escuela que construimos y defendemos día a día desde las aulas y las calles. ¿Por qué afirmamos esto?

De acuerdo con la norma y en función de su artículo 2º, “se entiende por educación comunitaria aquella que se genera a partir de la organización y gestión de una comunidad con el objetivo de resolver necesidades educativas no satisfechas”. Pero lo comunitario no es igual a lo público. Lo comunitario es común a un grupo particular, y deja afuera a quien no pertenezca, a lo que es de todos, lo público.

Lo público supone que es el Estado, desde las Escuelas Públicas, quien debe responder por las necesidades educativas de todos. La salida para mejorar la Educación Pública no es a través de la diversificación del actual Sistema Educativo, sino más bien utilizando todos los recursos a los fines del sostenimiento y crecimiento del mismo.

En su artículo 4º se manifiesta que, bajo esta modalidad, “el educador/educadora emerge de la comunidad para abordar procesos educativos y desde allí dar respuesta a las necesidades pedagógicas contextualizadas, encontrándose incluido/incluida en procesos de formación continua y supervisión especializada”. En su artículo 12º expresa “la designación de los/las educadoras/educadores comunitarias/comunitarios, así como de los/las auxiliares educativos y administrativos y/o de maestranza lo hará el propio establecimiento comunitario, de acuerdo con la DGCyE”.

Esta definición de docente comunitario es otra negación de lo público. Así, no sólo se está cuestionando la necesidad de la formación docente para el nivel inicial, sino que se establece como prerrequisito para trabajar en esos jardines, pertenecer a la comunidad, una arbitrariedad que se presta al clientelismo y la discrecionalidad en lugar de establecer la designación por concursos públicos de títulos y antecedentes. No consideramos que sea lo mismo estar atravesados por la formación docente que no. Los estatutos docentes prevén que en los casos excepcionales en que no hubiere docentes con título, se pueda apelar a personas con títulos habilitantes o idóneos. Pero la ley en cuestión no habla de excepcionalidad, directamente desconoce la necesidad de ser docentes para inventar una nueva categoría de educador sin otra determinación que ser reconocido por la asociación que lo designa.

En el articulo 8º se plantea que “a los efectos de garantizar el funcionamiento de los establecimientos de educación comunitaria, la DGCyE, mediante el/os organismo/s que correspondan, proveerá de la infraestructura necesaria y/o su mantenimiento”.

En este punto, pensamos que lo mejor que la DGCyE podría hacer es destinar los recursos financieros necesarios para mantener los Jardines y las Escuelas Públicas.

En el artículo 14º se desliza que “los/las trabajadores/trabajadoras de los establecimientos de educación comunitaria tendrán derecho a la estabilidad en el puesto de trabajo y función, mientras se observe una conducta que no afecte la función y conserve su eficiencia profesional y la capacidad psico-física necesaria para su desempeño”.

Este punto es francamente alarmante. Las asociaciones comunitarias no sólo tendrían la facultad de elegir a los docentes o educadores a su dedocracia, sino también la facultad de despedirlos si no responden al criterio tan vago de no cumplir con su “función”. No hay ajuste al Estatuto Docente ni a los Reglamentos Escolares. Estamos frente a una avanzada del clientelismo en la designación de puestos de trabajo y del funcionamiento mismo de las instituciones educativas.

Por todo lo descripto y analizado rechazamos esta ley y reclamamos que no se promulgue. Denunciamos que es otra manera más de dividir lo pedagógico de lo político, de disfrazar discursos y prácticas de progresistas cuando no lo son. De lo que se trata, en cambio, es de sancionar leyes en todas las provincias del país de creación de jardines de infantes públicos que garanticen el derecho a la educación desde los 45 días, con docentes elegidos por concurso público. Para el caso de los jardines ya existentes se puede sancionar una cláusula excepcional que los incorpore al sistema público, con reconocimiento de derechos a sus trabajadores y un plan de capacitación, pero dejando de pertenecer a organizaciones sociales, pasando a la dirección pedagógica del sistema formal y bajo el Estatuto Docente en todos sus términos, ingreso y estabilidad.

Secundarios porteños de las escuelas Mariano Moreno, del "Lengüitas" y del Normal 8 reclaman mejoras edilicias y protestan contra la reforma curricular

(Infobae, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sábado 11 de octubre de 2014)- Estudiantes secundarios tomaron este viernes tres colegios en señal de protesta contra la reforma curricular que impulsa el gobierno porteño y en reclamo de mejoras edilicias. La medida se mantendrá hasta el miércoles "a primera hora", según anunciaron. La medida no afectará, sin embargo, el dictado de clases, ya que el lunes próximo es feriado y el martes está previsto que los docentes realicen un debate para analizar la reforma curricular.

Los alumnos, nucleados en la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), decidieron tomar las instituciones Mariano Moreno, en Rivadavia 3557; la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg ("Lengüitas"), en Juncal 3251, y el Normal 8 "Julio A. Roca", en La Rioja 1042.

Los estudiantes adoptaron esa medida luego de una reunión que mantuvieron con autoridades del Ministerio de Educación porteño, en la que, según denunciaron, no recibieron "respuestas" a sus reclamos.

Gonzalo Carrera, presidente del Centro de Estudiantes de la escuela "Lenguitas", señaló que "además de la emergencia edilicia de los colegios públicos, los secundarios nos vemos afectados por una reforma curricular que proviene de la ley nacional de Educación".

El dirigente estudiantil explicó que una de las modificaciones de esa reforma es la "ampliación" de la carga horaria, aunque aclaró: "No estamos en contra de eso, sino que necesitamos más aulas para que se aplique".

Asimismo, aseguró que "hay colegios en los que se superponen los horarios", por lo que el CEB pide que se "suspenda" la aplicación de la reforma curricular "hasta que las escuelas estén en condiciones".

Carrera aclaró que la toma se realizará hasta el miércoles porque "la idea es no perder ninguna clase", dado que el lunes es feriado nacional y para el martes estaba prevista una jornada con profesores para debatir la reforma curricular.

El estudiante, aclaró que el miércoles "a primera hora" el CEB brindará una conferencia de prensa para anunciar el levantamiento de la toma, tras lo cual los alumnos regresarán a las aulas. Además, Carrera sostuvo que para los tres días "tenemos pensados talleres y distintas actividades".