El adelanto del informe 2018 de la Correpi y una cifra alarmante: un gatillo fácil cada 22 horas

(Por Nahuel Lag. Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 3 de enero de 2019)- El adelanto del Archivo de Casos 2018 de la Correpi subraya que el promedio de muertes ocurridas por gatillo fácil, en cárceles o protestas sociales, arroja una alarmante cifra de una persona muerta por violencia institucional cada 22 horas. “Veníamos de un cálculo de 23 horas del informe anterior, bajar una hora promedio en un año es una bestialidad. Ya no encontramos adjetivos para describir los niveles de represión”, denunció la referente de la Correpi, María del Carmen Verdú.

“Por un lado tenemos una política de saturación y militarización de los barrios, donde vemos en cada esquina la presencia de tres o cuatro fuerzas distintas. Ese incremento de poder de fuego en la calle es lo que incrementa los casos de gatillo fácil. Por otra parte, tenemos una mayor cantidad de detenciones, los casos por ‘abuso de autoridad’ se han multiplicado, esa mayor circulación de personas en comisarías desbordadas explica el aumento de las muertes”, resume Verdú, acerca de las categorías más significativas del informe, que también registra casos de desaparición forzada y femicidios por parte de uniformados. Según Verdú, el quiebre en el aumento de los casos de gatillo fácil fue el caso Chocobar, “les dieron la orden de disparar”. 

El adelanto del archivo de casos 2018 precisa que el año pasado fueron denunciados 297 casos de personas asesinadas en manos de fuerzas estatales, que se suman a los 27 registrados en los primeros días de Cambiemos, en diciembre de 2015, y los 441 casos denunciados en 2016 y 2017. “Ya no encontramos adjetivos para la situación inenarrable de represión que estamos enfrentando. Si en 2016 parecía que la represión había pasado de subir en ascensor en lugar de por escalera, ahora va en una nave a la estratosfera”, comparó Verdú citando frases del menemismo, de los años 90, durante los cuales se empezó a realizar el informe anual. 

Aunque parece existir una reducción en los casos entre 2017 y 2018, se debe a que el archivo continúa incorporando casos que llegan a través de familiares de las víctimas, organizaciones sociales u organismos autárticos estatales, además de los casos publicados en los medios de comunicación. En particular, se destacan los informes de muertes en cárceles elaborados por la Procuración Penitenciaria Nacional y la Comisión Provincial por la Memoria, que se conocerán a mediados de 2019.

“El caso de la comisaría de Transradio es un claro ejemplo de las situaciones de encierro que se viven. Una comisaría cuyas celdas un juez había ordenado clausurar, en la que no podía haber más de 10 detenidos, y en la noche del incendio había 27 personas”, ejemplificó Verdú, en referencia a la reciente masacre de la Comisaría 3 de Esteban Echeverría, durante la que murieron 10 detenidos, el caso más grave en la historia del país. Esta será la primera vez en 27 años que la Correpi no publica su informe anual en diciembre -“por la enorme cantidad de datos a procesar, y la necesidad de estar presentes en innumerables conflictos cotidianos”- y que lo postergará hasta el 15 de marzo.

Rechazo del proyecto de creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Institutos de Formación Docente (CONEAFOD) por tratarse de un nuevo intento del actual gobierno para volver a instaurar los procesos de acreditación como una herramienta para justificar el achicamiento del sistema, intensificar el ajuste en las políticas de formación docente y avanzar con el cierre de los Institutos Superiores

El antecedente de una medida similar nos remite al contexto de la reforma educativa de los años ’90, en el que, teniendo como marco jurídico a la ‘Ley Federal’, la educación obligatoria pasó a ser definida como un servicio y un gasto, y la educación superior como un privilegio. La nueva medida- apunta a reeditar ese tiempo pasado, donde el Estado nacional y los Estados provinciales dejaron de ser garantes de la educación y pasaron a ser subsidiarias de determinados intereses económicos y financieros.

Desde CTERA (Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina)siempre hemos planteado que es de suma importancia que el Estado cumpla con lo que establece la Ley de Educación Nacional 26.206 (LEN), cuando define entre los objetivos para la política nacional de formación docente: “Acreditar instituciones, carreras y trayectos formativos que habiliten para el ejercicio de la docencia” (artículo 73 “g”); siempre y cuando este objetivo se oriente al fortalecimiento de las instituciones para garantizar el derecho a la educación superior para todos los sectores de la población a lo largo y ancho de nuestro país, y no se limite a la imposición de un dispositivo de acreditación para justificar el achicamiento del nivel superior.

Por esto mismo, la medida de creación ad hoc de una Comisión para la Acreditación se torna innecesaria porque la normativa vigente ya establece cuales son las estructuras e instituciones que se ocupan y / o deberían ocupar de la cuestión. En este sentido, el Estado debería garantizar el cumplimiento de lo que ya está prescripto y no en crear una estructura paralela que desconoce y deja de lado la legislación vigente.

La LEN crea el Instituto Nacional de Formación Docente (lNFoD) como organismo responsable de las políticas de formación docente. En el Articulo 76 de la misma se prescriben claramente cuáles son sus tareas, entre las cuales se encuentra:

c) Aplicar las regulaciones que rigen el sistema de formación docente en cuanto a evaluación, autoevaluación y acreditación de instituciones y carreras, validez nacional de títulos y certificaciones en todo lo que no resulten de aplicación las disposiciones específicas referidas al nivel universitario de la Ley Nº 24.521.

La creación de la CONEAFOD además obstruye y quita toda posibilidad de la participación gremial que sí está garantizada en la normativa vigente.

La Ley de Educación Nacional (LEN) en su Artículo 77, dice: “El lnstituto Nacional de Formación Docente contara con la asistencia y asesoramiento de un Consejo Consultivo integrado por representantes del Ministerio de Educación. Ciencia y Tecnología, del Consejo Federal de Educación, del Consejo de Universidades, del sector gremial, de la educación de gestión privada y del ámbito académico”

Y el Artículo 98 establece la creación del ‘Consejo Nacional de Calidad de la Educación, en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología como órgano de asesoramiento especializado, que estará integrado por miembros de la comunidad académica y científica de reconocida trayectoria en la materia, representantes de dicho Ministerio, del Consejo Federal de Educación, del Congreso Nacional de las organizaciones del trabajo y la producción, y de las organizaciones gremiales docentes con personería nacional”. Que tendrá por funciones, entre otras: a) Proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema Educativo Nacional; y b) Participar en el seguimiento de los procesos de evaluación del Sistema Educativo Nacional, y emitir opinión técnica al respecto.

El Articulo 119 de la LEN señala que  el CFE (Consejo Federal de Educación) “contará con el apoyo de los siguientes Consejos Consultivos, cuyas opiniones y propuestas serán de carácter público: a) El Consejo de Políticas Educativas, cuya misión principal es analizar y proponer cuestiones prioritarias a ser consideradas en la elaboración de las políticas que surjan de la implementación de la presente ley. Que está integrado por representantes de la Academia Nacional de Educación, representantes de las organizaciones gremiales docentes con personería nacional, de las entidades representativas de la Educación de gestión privada, representantes del Consejo de Universidades, de las organizaciones sociales vinculadas con la educación, y autoridades educativa del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación La Asamblea Federal podrá invitar a, personas u organizaciones a participar de sesiones del Consejo de Políticas Educativas para ampliar el análisis de temas de su agenda.”

A la existencia de una normativa corno la señalada, se agrega otro hecho de gravedad institucional y legal, que es el incumplimiento de la Ley 26.075, la que en su Artículo 10º establece, con claridad que el MEN (Ministerio de Educación de la Nación) juntamente con el CFE y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente.

En definitiva, si la normativa vigente ya establece las obligaciones del Estado, las que están a cargo del MEN y del CFE, las estructuras responsables de llevarlas a cabo, las tareas que se deben realizar y los actores que deben participar, entonces queda claro que no es necesario crear la CONEAFOD. Sino cumplir con lo que ya está establecido en la legislación y poner en marcha los institutos previstos con todos sus actores.

No hacer lo que la ley prescribe generando una estructura paralela pone en evidencia, además de la intencionalidad política, la ilegalidad del proyecto. Una situación que, lejos de lograr lo que dice pretender, sólo va a promover una serie de demandas legales administrativas y judiciales por las irregularidades señaladas y por las consecuencias negativas que se produzcan.

Con la creación de la CONEAFOD se consolida la política educativa de este gobierno que deja de lado al “Estado Educador” como garante el derecho social y humano a la educación, para pasar a ser un “Estado Acreditador” que limita su accionar a la regulación de un “servicio”.

Claramente, la CONEAFOD será una plataforma más que abrirá las puertas a la mercantilización en la formación docente, habilitando el acceso al sector privado; al mismo tiempo que será el instrumento para avanzar en la reducción y cierre de las instituciones educativas estatales.

Por todo esto, desde CTERA rechazamos esta medida y sostenemos nuestra lucha inclaudicable en defensa de los Institutos Superiores de Formación Docente y de la Educación Pública.

Los maestros porteños adelantaron que no iniciarán el ciclo lectivo 2019 si el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no da marcha atrás con la decisión de cerrar catorce establecimientos nocturnos

Los docentes porteños anunciaron que no iniciarán el ciclo lectivo 2019 si el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no da marcha atrás con la decisión de cerrar las 14 escuelas nocturnas, a donde asisten unos 2.500 estudiantes. En el primer día hábil del año, los docentes agrupados en la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) presentaron un plan de lucha para el verano que incluye una serie de medidas como inscripciones manuales para alumnos.

“Rodríguez Larreta cierra escuelas a la que van chicos de 15 a 18 años que tienen que trabajar de día y estudiar de noche. Vamos a pelear todo el verano para que en marzo esas escuelas estén abiertas como siempre”, afirmó Eduardo López, titular de UTE.

Según informaron en una conferencia de prensa, los docentes lanzaron una multisectorial junto a estudiantes, cooperadores y organizaciones sociales para luchar contra el cierre de las escuelas. A su vez, fomentarán la inscripción a las nocturnas entre los adultos que no hayan terminado el secundario y realizarán una campaña para difundir el conflicto entre la comunidad. “El cierre de las escuelas será el primer punto a negociar en la paritaria docente de 2019”, se comprometieron los docentes.

“En CABA hay 400 mil personas que no terminaron el secundario. Hay que abrir más escuelas, no cerrarlas”, informó también López, desde su cuenta de Twitter. En enero, la sede gremial de los docentes recibirá inscripciones para las escuelas nocturnas.

La resolución que determinó el cierre de las nocturnas fue la 4055-2018, publicada el viernes 14 de diciembre con la firma de la ministra de Educación, Soledad Acuña. La norma estableció el cierre progresivo de 14 escuelas comerciales, al anular la inscripción para el primer año del ciclo lectivo 2019, y redujo la cantidad de cursos en otros nueve liceos y bachilleratos nocturnos.

La Justicia porteña ordenó suspender el cierre de carreras en dos institutos de formación técnica

(Resumen Latinoamericano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes 1 enero de 2019)- Los amparos habían sido presentados por docentes, alumnos y directivos de los IFTS, patrocinados por el Defensor Oficial, Ramiro Dos Santos Freire. “Se trata de oportunas resoluciones judiciales sobre asuntos de relevancia pública, que se dan dentro de un contexto en el que el Ministerio de Educación avanza con programas de ajuste y restricción”, planteó.

Mientras sigue el rechazo al cierre de las escuelas nocturnas, así como al cierre del lactario del jardín del Ramos Mejía y al traslado inconsulto de instituciones como la Escuela de Cerámica 1 y instituto Romero Brest en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la comunidad educativa recibió una buena noticia al filo de fin de año: la Justicia porteña dictó, este jueves, dos medidas pre-cautelares donde ordenó suspender el cierre de carreras terciarias y el traslado de los institutos de Formación en Tecnicatura Superior (IFTS) N°22 Y N°9.

Los amparos habían sido iniciados por docentes, alumnos y directivos de los IFTS, patrocinados por el Defensor Oficial, Ramiro Dos Santos Freire.

Por un lado, el Juez Aurelio Ammirato ordenó suspender con carácter precautelar el cierre de la Tecnicatura Superior en Protocolo y Ceremonial y el traslado de la sede donde se cursa la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, que se dictan en el IFTS N° 22, hasta tanto el Ministerio de Educación e Innovación remita al Juzgado la totalidad de las actuaciones administrativas referidas a la cuestión debatida.

En tanto, la Jueza Soledad Larrea ordenó suspender el proceso de reorganización del IFTS N° 9,  e indicó al Gobierno de la Ciudad encabezado por Horacio Rodríguez Larreta que deberá abstenerse de llevar adelante cualquier medida tendiente al cierre o cese del funcionamiento del establecimiento, hasta tanto remita al Juzgado la totalidad de las actuaciones administrativas referidas a la cuestión debatida.

En los amparos, se denunció que el Ministerio de Educación e Innovación había comunicado a las autoridades de distintos IFTS, de manera informal, que para el ciclo lectivo 2019 se aplicaría un plan de reorganización de los institutos terciarios, lo cual traía aparejado el cierre de carreras y el traslado de sedes.

Según la acción judicial presentada “la ausencia de una resolución de la autoridad administrativa  que explique los fundamentos y los alcances de una medida que reduce la oferta educativa de la educación terciaria,  que afecta el derecho a la educación de lxs miembrxs de la comunidad educativa y que afecta el derecho al trabajo del personal docente y no docente del instituto, es una práctica que lesiona gravemente el derecho de acceso a la educación”.

“Consideramos que se trata de oportunas resoluciones judiciales sobre asuntos de relevancia pública, que se dan dentro de un contexto en el que el Ministerio de Educación avanza con programas de ajuste y restricción, como sucede con el cierre de colegios nocturnos”, señaló Dos Santos Freire.

Solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Hotel Bauen: la Corte Suprema les falló en contra y se teme que pueda haber desalojo

En el día de la fecha hemos recibido la noticia respecto del rechazo por parte de la Corte Suprema del recurso extraordinario presentado por nosotros.

Esto implica que, notificación mediante a la Cámara de Apelaciones y al Juzgado Comercial que lleva nuestra causa, entraremos (una vez más) en una difícil situación judicial en los próximos meses.

¡Les agradecemos a todxs las manifestaciones de solidaridad!

Los mantendremos al tanto de la situación luego de la feria judicial del mes de enero. Por lo pronto, brindamos por el año nuevo, por nosotrxs y nuestras familias, por la lucha de todas las empresa recuperadas del país y por el conjunto de los trabajadores/as y el pueblo argentino.

Consejo de Administración de la Cooperativa Hotel BAUEN

Los docentes porteños lograron frenar la realización de actos públicos ilegales

El ahorro del Estado gracias a la salud de los trabajadores de la educación

Hay afirmaciones que se realizan desde el sentido común. Una y otra vez circulan por la sociedad sentencias que muchas personas dan por ciertas, aunque no resistan el menor contraste. Una de esas afirmaciones se relaciona con el mal llamado “ausentismo docente”, vinculado a un supuesto abuso de licencias por razones de salud.

Como con otras ideas y afirmaciones, éstas pueden anclarse en una porción de verdad, pero a la vez ocultan una intencionalidad política. En este caso, pone el foco en responsabilizar a lxs trabajadorxs de la Educación de todo aquello que “está mal” en el sistema educativo público, y lo que es peor, como lo fue en la década del 90, sirve de justificativo para imponer ajustes que implican recortes de derechos (licencias, imposición de sumas por presentismo o productividad), y repercuten sobre la calidad educativa.

Una de esas afirmaciones (nota publicada en La Arena con la firma de J.J. Reyes) es que se disminuyó la cantidad de suplencias en el sistema, lo que es presentado como una buena noticia observada desde el punto de vista económico (“¿ahorro financiero?”).

Sin embargo, es una mala noticia si se explica que el sistema lo que ha hecho es no cubrir las licencias por enfermedad de los docentes, y que el resultado es, en la mayoría de los casos, que lxs estudiantes perdieron la continuidad pedagógica. En tanto se hacen cargo otros docentes, re agrupando (salas o cursos), o directamente sin clases en el caso de los Colegios Secundarios. En síntesis, es una mala noticia porque se resiente la calidad educativa.

Es importante entre otras cosas preguntarse: ¿cuál es el origen de las licencias de corto tratamiento? El (26,5 %) se corresponden con problemas del aparato respiratorio, y tienen un promedio de duración de 3 días, observándose sus picos más altos en los meses de junio, agosto y setiembre.

De ellas, la mayor incidencia se corresponde con cuadros virales que no requieren tratamiento con antibióticos, sino aislamiento y reposo de entre 7 y 10 días. Con la implementación del nuevo Certificado Médico Único muchos profesionales de la salud eligen no otorgarlo, y en su lugar emiten certificados comunes por 48 horas.

Al recibir en promedio licencias de solo 3 días, se interrumpe la continuidad pedagógica, y regresan al aula antes de tiempo, aumentando el riesgo de contagios y recaídas.

Las estadísticas, los números y las personas 

El censo nacional docente del año 2014 registró un total de 8671 docentes en la provincia de La Pampa, aunque existen razones para pensar que el número real sería mayor. 

Desconocemos cuál es la fuente (nota de J. J. Reyes en diario La Arena, 16-12-18) que se usó para determinar que en 2019 habrá 7229 docentes, si esto fuera así, estaríamos más que alarmados, en relación al destino de los trabajadores de la Educación. 

UTELPa ha realizado desde 2008 hasta la fecha, el análisis del comportamiento de Carpetas Médicas (cantidades, tipos de licencias y diagnósticos que las avalan). La fuente utilizada son los propios datos entregados por la Dirección de Personal, y el Ministerio de Educación en el ámbito de la Comisión de Salud por entonces, y hoy Comisión de Salud y Seguridad en el trabajo. (COMISSET).

Como todo proceso social y humano debe ser analizado en un transcurso de tiempo mediano, en nuestro caso tomamos datos de 2014 y 2017. Como ya aclaramos, la disminución de suplencias no está ligada estrictamente al pedido licencia de lxs docentes.

Las carpetas médicas registradas en 2014 son inferiores a las de 2017. Si tomamos el segundo semestre de ambos años, analizando días y licencia, se observa que si bien disminuyen la cantidad de licencias aumentan los días. (casi 2000 más). En 2014 no se había implementado el certificado médico único.

El promedio de días de licencia por docentes por año, ha sufrido una disminución de 0,6, ligada a la restricción que impone el sistema burocrático, que provoca que el docente concurra muchas veces a enfermo a trabajar, o que recorte los días de reposo provocando posibles recaídas, o lo que es peor aún, que contagio a sus estudiantes.

Las carpetas médicas por tipo de licencia se mantienen:

a-Atención familiar se mantiene en un 30 % (desde 2011). (Alto % de docentes mujeres, atención hijos, nietos, padres, madres, ancianos).

b-Las licencias de corto tratamiento han aumentado levemente entre 2014 y 2017, (54,0 al 56,0).

c-Las licencias por largo tratamiento, entre 2011 y 2017 han aumentado levemente ( 11 % a 14 %). Estas licencias tienen estricto control a través de Juntas Médicas (problemas oncológicos, enfermedades crónicas).

d-Licencias por Maternidad tuvo una leve disminución (2 % a 1,8).

e-Accidente o enfermedad de Trabajo: aumentó de 1 a 1,4 %.

La Comisión de Salud y Seguridad tiene como función realizar un seguimiento y monitoreo del cumplimiento de normativas vigentes, y de Monitoreo de la Salud. Más aún venimos solicitando se contemplen situaciones como las de embarazo riesgoso, nacimiento de hijos que mueren al nacer, que generan fuertes situaciones traumáticas a las mujeres trabajadoras.

Es deber del Estado el controlar el otorgamiento y uso responsable de las licencias por razones de salud.

Desde la organización sindical bregamos permanentemente para fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud tales como vacunación del personal docente; y campañas de concientización en el autocuidado, mejoramiento de las condiciones de trabajo, entre otras. Evitando miradas estigmatizantes y economicistas.

Utelpa (Unión de los Trabajadores de la Educación de la provincia de La Pampa)