Autoritarismo para imponer el ajuste
Los docentes despedimos el año 2016 y
recibimos 2017 enfrentando una secuencia de despidos, ajuste y represión. Se
trata, por un lado, de la cesantía que le quieren imponer a cerca de 3.000
trabajadores del Ministerio de Educación nacional que dirige Esteban Bullrich,
entre trabajadores de equipos centrales y tutores virtuales del Programa
Nuestra Escuela. Estos despidos, además de implicar una enorme pérdida de puestos
laborales, implican una reducción drástica en las capacitaciones que desde el
Ministerio se vienen coordinando, hecho que debe enmarcarse en la política
sistemática de Cambiemos para favorecer el negocio con las capacitaciones
aranceladas, sean éstas gestionadas por sindicatos afines a su gobierno o por
empresas privadas y fundaciones. Se trata de un vaciamiento en todo sentido. A
su vez, ante la ocupación de la sede administrativa del ministerio llevada a
cabo por los trabajadores, lejos de dar respuesta ante los reclamos, el
gobierno desplegó un enorme operativo policial en el cual se golpeó a delegados
y otros trabajadores.
Como hemos señalado desde Ademys (Asociación
de los Docentes de Enseñanza Media y Superior) en más de una ocasión, los
despidos del gobierno de Cambiemos se vieron facilitados enormemente por la
precariedad en las formas de contratación previas: con los contratos
temporarios, con cientos de trabajadores en una prolongada planta transitoria o
facturando por su labor mediante monotributo desde hace años, legado de la
gestión del ex ministro Alberto Sileoni, el actual gobierno ya tenía la mitad
del trabajo hecho a la hora de despedir. A la par que acompañamos las medidas
que como trabajadores despedidos y afectados se impulsen, señalamos la
necesidad de que las decisiones se tomen en un marco de la más estricta
amplitud y democracia de base. Parte de las direcciones de los sindicatos que
están interviniendo en este conflicto, como ATE (Asociación de los
Trabajadores) Capital Federal o UTE (Unión de los Trabajadores de la
Educación)-Ctera, no están asumiendo la magnitud del ataque que estos despidos
implican, y centran su intervención en dar una disputa férrea con sectores
independientes en lugar de favorecer medidas definidas ampliamente y de
conjunto para revertir los despidos.
Desde Ademys, creemos necesario impulsar
asambleas con todos los trabajadores del Ministerio de Educación para que sean
éstos quienes decidan las medidas de
lucha necesarias para lograr frenar los despidos respaldados por la
solidaridad de miles de trabajadores. El ejemplo de la toma realizada en el
Conicet muestra un camino de unidad para la lucha.
El estatuto nuevamente atacado
A su vez, y de manera unilateral,
arbitraria y mostrando nuevamente un profundo desprecio por los derechos de los
trabajadores, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha modificado nuestro
Estatuto Docente por decreto (Dto. 678-2016, fechado el 29 de diciembre). Con
la firma de la Ministra Soledad Acuña y del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez
Larreta, se establecen cambios sin debate alguno y anunciados mediante la
prensa y luego comunicados oficialmente a los trabajadores. La reforma implica
modificaciones en la conformación del puntaje docente. Así, se incrementan los
topes anuales para los cursos de capacitación (pasa de 0,60 puntos a 1,80
puntos al año) y el tope general para dicho rubro (de 6 a 9 puntos en total).
Por otro lado, se plantea una recalificación del puntaje ya obtenido en ese
rubro, y fundamentalmente, se establece la caducidad del puntaje de los cursos
en 5 años. Es decir que se da un nuevo paso para colocar este rubro bajo las
leyes del mercado: en un escenario cada vez más privatizado a la hora de
capacitarse, la validez de nuestros conocimientos tiene fecha de vencimiento.
El mismo gobierno que a nivel local vacía de cursos la Escuela de Maestros (ex
CePA) y precariza a sus trabajadores, y que a nivel nacional cierra postítulos
públicos como los de Nuestra Escuela, decreta que el puntaje de los cursos de
extingue en cinco años. Como hemos denunciado, esto, lejos de perseguir una
actualización de nuestros conocimientos, alienta el lucro con los cursos
arancelados: los sindicatos amigos de la gestión, las empresas, la Iglesia y
las ONGs que se enriquecen con la necesidad de capacitarse de los docentes,
verán si se implemente esta reforma un salto exponencial en sus ganancias.
Ante esta avanzada privatizadora, que se
enmarca en una reforma educativa motorizada por el gobierno nacional y apoyada
por todos los gobernadores que vacía la Escuela Pública, en un año donde
nuestro salario se vio carcomido por la inflación, es necesario pensar en un
plan de lucha que plantee un no inicio del ciclo lectivo.
Necesitamos impulsar asambleas en cada
escuela y lugar de trabajo para que el regreso
nos encuentre debatiendo cómo enfrentar este ataque a los docentes,
llamando además, a una gran asamblea abierta de toda la docencia de la ciudad
para exigir a todos los sindicatos un plan de lucha que imponga el no inicio de
las clases, coordinando esta medida nacionalmente.
