Las pruebas PISA
constituyen un mecanismo de evaluación y ranking educativo internacional que se
instrumenta desde el año 2000. Este mecanismo y la elaboración del respectivo
ranking internacional son promovidos por la OCDE (Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos). Más allá de sus propósitos declarados, vinculados
explícitamente a promover “la economía de mercado”[1], las políticas que este
organismo internacional impulsa desde hace más de medio siglo tienen una clara
perspectiva: la ampliación de las políticas privatistas, la preponderancia de
las empresas multinacionales y los organismos de crédito en la economía
mundial. Para la elaboración de este ranking, se establecen una serie de
evaluaciones externas y estandarizadas, sumamente cuestionadas no sólo por su
trasfondo político, sino además por su eficacia y validez como instrumento de
medición presuntamente “objetivo”.
Según la propia OCDE,
“el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por
sus siglas en inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos
cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los
conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la
sociedad del saber. PISA saca a relucir aquellos países que han alcanzado un
buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de oportunidades de
aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países”[2].
Más allá del florido lenguaje, tributario del neoliberalismo, las políticas
educativas de la OCDE han sido aplicadas de manera intensiva en países
latinoamericanos como México y Colombia, generando un creciente grado de
privatización, desregulación y arancelamiento para los estudiantes. A su vez,
en estos países se han atacado fuertemente los derechos laborales de los
trabajadores de la educación, como la estabilidad y acceso a los cargos, siendo
tal vez el caso de México el más conocido por el rechazo masivo a estas
políticas, en el marco de las cuales se generaron numerosas protestas
populares. Como parte de la reacción ante las rebeliones estudiantiles y
docentes, el estado mexicano es señalado en todo el mundo por haber llevado a
cabo la desaparición forzada de 43 normalistas en Ayotzinapa en 2014 y el
crimen de varios docentes en movilizaciones, como los ocurridos a principios de
2016, con el saldo de 8 manifestantes asesinados por la represión.
Actualmente el ranking
que establecen las pruebas PISA lo lidera Singapur, un archipiélago-Estado que
no solo es famoso por esta medición para nada neutral, sino también por el alto
grado de apertura comercial, de privatización y descentralización educativa,
arancelamiento de la educación superior, y por ser pionero del neoliberalismo
entre otros “Tigres” del llamado Sudeste Asiático. Las pruebas PISA, lejos de
ser un mero instrumento técnico, carecen de toda objetividad e inocencia: son
una escuela viva de la meritocracia.
La polémica por la
exclusión de Argentina del ranking
“La Argentina fue
excluida del ranking de países. La razón tiene que ver con fallas graves en la
metodología de la confección de la muestra”, señaló hoy el analista en sistemas
y Ministro de Educación nacional, esteban Bullrich. Los reproches cruzados
entre la actual gestión de la cartera educativa y la anterior versan sobre el
motivo de la exclusión de nuestro país entre aquellos que son calificados por
la OCDE en sus evaluaciones. La acusación más o menos explícita que hacen desde
Cambiemos y varios multimedios afines al actual gobierno hacia la gestión
kirchnerista es la de manipular la muestra seleccionada en la evaluación del
año 2015 para adulterar las estadísticas… Adulteración estadística que, por
cierto, cuenta con antecedentes en la gestión saliente. A su vez, desde el
kirchnerismo contraatacan sosteniendo que la exclusión de Argentina del ranking
obedece a una intencionalidad política, que consistiría en que dicho organismo
no desea publicar los resultados de la evaluación 2015, ya que contendrían una
mejora comparativa con muestras previas. Quienes aplicaron las pruebas PISA
siendo gestión en el Ministerio de Educación, ahora señalan la -totalmente
real- falta de imparcialidad de la OCDE y el carácter “descontextualizado” de
las pruebas, hecho que desde muchos sindicatos docentes, como es un caso claro
Ademys, venimos denunciando desde hace años. Más allá del fuego cruzado entre
la actual gestión, de cuño más abiertamente privatista y empresarial, y la
demagogia argumentativa del exministro Sileoni e intelectuales afines, lo que
ninguno de estos actores señala es el carácter colonizador y mercantilista de
las evaluaciones externas y estandarizadas PISA y de los lineamientos de la
OCDE.
La necesidad de abrir el debate sobre las
evaluaciones externas y estandarizadas
Las evaluaciones
externas y estandarizadas que vienen realizándose en nuestro país desde hace
alrededor de una década, incluidas las pruebas PISA o el reciente operativo
“Aprender 2016”, poseen características en común. Son elaboradas y llevadas a
cabo desde fuera de las instituciones educativas, la mayoría de las veces
poseen un carácter “cerrado” en sus preguntas, su contenido es igual
indistintamente del contexto escolar y social donde se apliquen… y son un
requerimiento de organismos internacionales de crédito. Es indispensable realizar
una lectura donde veamos la coherencia entre la forma y el contenido de estas
evaluaciones, como también la finalidad nada inocua de quienes las promueven.
La aplicación de estas evaluaciones suele venir atada a lineamientos para
modificar los sistemas educativos en clave flexibilizadora: a las evaluaciones
por mérito, las acompañan los rankings de escuelas para promover la competencia
entre ellas y ensanchar la desigualdad social y educativa; a los resultados de
las pruebas, se le pretende añadir una política de “premios y castigos”,
apuntando contra los docentes en tanto individuos para responsabilizarlos de
una crisis estructural de nuestros sistemas educativos, vaciados y fragmentados
por los mismos que “desde fuera” tratan de evaluarnos.
Más allá de las
acusaciones entre los cuadros privatistas de la actual gestión y la verborragia
oportunista de los funcionarios salientes, la desprolija exclusión de Argentina
de las pruebas PISA debe servir para cuestionar un modelo de evaluación que
apunta a profundizar la fragmentación y el vaciamiento educativo. Con o sin
manipulación estadística, las pruebas PISA y las evaluaciones externas
promovidas desde los organismos internacionales merecen nuestro rechazo. Así lo
expresan las posiciones debatidas y asumidas desde nuestro sindicato; así se
manifestaron infinidad de docentes, estudiantes y familias ante el reciente
operativo “Aprender”, cuya aplicación fue resistida en diversos puntos del
país.
Desde Ademys
(Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior) creemos que esta ocasión es
propicia para abrir el debate acerca de la implicancia de estos mecanismos de
evaluación externa, que son abiertamente contrarios a un sistema educativo
público, estatal, único y nacional.
