Días antes el cuerpo de
otro joven, Lautaro Rosé, fue hallado en el río Paraná, tras haber sido
perseguido por la policía correntina; una historia que recuerda y repite a la
de Ezequiel Demonty, en 2002, a quien matan al obligarlo a arrojarse al
Riachuelo.
Pocos días después, la
noticia refiere el asesinato de Alejandro Martínez, tras una fuerte golpiza y
torturas en una comisaría de San Clemente, a manos de nueve policías
bonaerenses.
El año pasado, en los
primeros meses de la pandemia, fueron los nombres de Facundo Astudillo Castro,
al sur de la provincia de Buenos Aires, y de Luis Espinoza, en Tucumán, los que
desnudaron nuevos hechos de brutalidad y asesinato policial.
El domingo, en el marco
de un violento desalojo de la comunidad Lof Quemquemtrew de sus tierras, las
fuerzas policiales rionegrinas hirieron de gravedad a un joven y asesinaron a
Nawel Niyeu.
Correpi registra 7587
casos de violencia institucional por parte de las fuerzas represivas, desde
1983 a 2020. Desde la creación de la Policía de la Ciudad, hace cinco años, han
sido documentados 125 casos de gatillo fácil.
Ni errores ni excesos,
entonces. Criminalización de la pobreza y de los reclamos sociales como los de
la comunidad mapuche. No hay solo responsabilidad material de la represión y
los crímenes de la policía. Hay responsabilidad política directa de
funcionarios (ministros, secretarios) de seguridad y del Estado.
Por eso, AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la
Universidad de Buenos Aires) se sumó a la convocatoria de la marcha de la
gorra y llamó a lxs docentes a movilizarse.
Basta de gatillo fácil
/ Juicio y castigo a los asesinos de Lucas González y de los jóvenes asesinados
por la policía / Fuera Sergio Berni, Marcelo D´Alessandro y Betiana Minor
No hay comentarios:
Publicar un comentario