Señores Rectores miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
En atención a la nota
enviada por nuestra Federación al Comité Ejecutivo del CIN, consideramos
oportuno contextualizar las razones que impulsaron el pedido de audiencia,
conscientes de la gravísima situación sanitaria que atraviesa nuestro país – y
el mundo – a consecuencia de la pandemia por Covid-19 y las diversas mutaciones
descubiertas, que nos mantuvieron durante todo el año pasado y lo que va del
actual respetando las medidas dispuestas por el gobierno nacional y las
jurisdicciones provinciales. Al mismo tiempo, desde nuestras organizaciones de
base y a nivel nacional, nos abocamos a la generación e integración de espacios
multisectoriales en el ámbito universitario para establecer los necesarios
protocolos de bioseguridad que contemplen las mejores condiciones para el
desarrollo de las tareas prioritarias de la Educación Superior.
Por un lado, explicitar
las razones de nuestro rechazo al acuerdo salarial que el Gobierno Nacional y
el CIN suscribieron el pasado 7 de mayo con las restantes representaciones
sindicales, al que nuestra Federación – y varios gremios docentes que no
pertenecen a ella – consideró insuficiente en el cuadro de inflación creciente
que profundizó el deterioro del poder adquisitivo de nuestros ingresos.
En efecto, el acuerdo
se difunde como un incremento del 35% que superaría la previsión inflacionaria
del 29% proyectada en el presupuesto por el gobierno nacional. A todas luces,
pauta inflacionaria imposible de considerar seria o real. Los incrementos
salariales se reparten en 6 cuotas: 8% en abril, 6% en junio, 4% en agosto, 5%
en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero de 2022.Ya en el primer
cuatrimestre del año, según los datos del INDEC, la inflación acumulada es del
17,6% y recién en abril la primera cuota del aumento es de sólo el 8% (todavía
no se cobró).
A diciembre del 2021
solamente habremos cobrado un 23%, ya que la cuota de diciembre de un 7% en
realidad se cobra en enero del 2022, y el restante 5% se pagará en marzo 2022
(con el sueldo de febrero). La inflación proyectada por el propio Banco Central
de la República Argentina a diciembre de este año es cercana al 48%. Claramente
nuestros salarios van a sumar una nueva pérdida frente al constante aumento de
los precios.
No se cumple en
absoluto el discurso del Gobierno Nacional, de que en este año los salarios
iban a estar varios puntos por arriba de la inflación.
En el año 2020 también
tuvimos una importante pérdida del poder adquisitivo de nuestros ingresos, de
alrededor del 22%. Porcentaje que irá creciendo con las proyecciones
inflacionarias para el año en curso. Claramente es una afrenta a nuestro
sector, que durante todo este período venimos sosteniendo, en virtualidad desde
nuestros hogares y con nuestras propias herramientas tecnológicas, el vínculo
pedagógico con más de 1,7 millones de estudiantes. Esfuerzo que incrementó la
jornada laboral, en especial de las mujeres, por las tareas de cuidados.
Hay una clara
discriminación hacia la docencia universitaria y preuniversitaria. El mismo
Ministerio de Educación de la Nación acordó hace meses con CTERA y los
restantes gremios del sector del nivel educativo obligatorio, un aumento del
34,5% en tres cuotas y la última a cobrar en septiembre de este año. La
Provincia de Buenos Aires acordó con la docencia un incremento de un 35,1%
también en tres cuotas: 14,1% en marzo, 7,9% en julio y un 13,2% en septiembre.
En nuestro caso, para el mes de julio de este año recién habremos cobrado un
14% y para septiembre recién un 18%. Esto es un claro ajuste a nuestros
salarios, a las jubilaciones y a las obras sociales universitarias, cuyos
ingresos dependen de nuestros sueldos.
Esto demuestra que se está cediendo a las presiones del FMI y de
los grupos económicos concentrados de la economía que reclaman y exigen la
reducción del gasto público nacional centralmente anclando los salarios por
debajo de la inflación. Mientras ingresa dinero a las arcas del Estado, éste no
se distribuye suficientemente para paliar la enorme crisis social de nuestro
pueblo. La pobreza y la indigencia crecen.
Los salarios estatales
se reducen a la par que las jubilaciones y asistencias sociales. La inflación
es una extraordinaria transferencia de recursos desde los bolsillos de la
población a las arcas de los grupos económicos formadores de precios y los
acreedores de la deuda pública. La clase trabajadora es la que pierde, mientras
los grandes grupos económicos siguen ganando. Todo esto en medio de la enorme
crisis económica provocada por las políticas neoliberales de ajuste y
endeudamiento del gobierno anterior, y agravadas por la pandemia. Con el
deterioro inflacionario de los salarios, objetivamente se está descargando la
crisis sobre la población asalariada y el conjunto del pueblo. Esto no es
justo.
Desde CONADU Histórica no aceptamos la rebaja
salarial. No es cierto que los fondos sean insuficientes. Ante la crisis, son
medidas como la del impuesto a las grandes fortunas las que tienen que
profundizarse. La salida debe ser a favor del pueblo y de la autonomía
nacional, avanzando en la recuperación soberana de los recursos estratégicos de
la economía.
Hoy, ante la pandemia y
la extorsión de las grandes potencias con las vacunas, queda clara la necesidad
imperiosa de desarrollos nacionales autónomos en la investigación y tecnologías
en materia sanitaria y en todos los campos de interés de la población. Las Universidades
son parte de la solución, y les docentes e investigadores cumplimos un rol
indispensable para la generación de nuevos conocimientos y la formación de
profesionales.
Consideramos
asimismo de urgente tratamiento los
puntos ya acordados y que vienen siendo postergados desde 2019 en algunos
casos. Es así como se han dispuesto,
para esta etapa, $150 millones para el pase a planta de los docentes adhoronem,
adscriptos y contratados.En relación al cumplimiento de la carrera docente que
estipula el CCT se han acordado $100 millones para la promoción de Ayudantes de
Primera (con 15 o más años de antigüedad en el cargo) a Jefes de Trabajos
Prácticos. El tratamiento a la mayor brevedad de estos asuntos es de crucial
importancia dado el reconocimiento remunerativo, en un contexto inflacionario,
que tienen para la docencia alcanzada por estos acuerdos.
Por otra parte la
convocatoria a la Comisión de seguimiento e interpretación del CCT no puede
demorarse para tratar tanto los temas
sin resolución como aquellos que esta federación ha solicitado incorporar. En
esta línea de razonamiento creemos oportuno reiterar al CIN nuestro reclamo
sobre el pleno funcionamiento de las Paritarias Particulares en todas y cada
una de las universidades cuestión que está regulada por el propio CCT pero cuyo
cumplimiento es variable e incluso el no funcionamiento de las mismas una
flagrante violación de la normativa vigente.
Solicitamos también que
todas las universidades paguen en tiempo y forma los distintos componentes del
salario docente, como por ejemplo FONID, garantía salarial, títulos,
recomposiciones salariales y en caso de corresponder que se liquide toda deuda
salrial con más las actualizaciones correspondientes.
Dejamos constancia que
es un agravio a la convivencia democrática, que se “castigue” a nuestra
Federación por no haber aceptado la oferta salarial del gobierno excluyéndola
de beneficios colectivos que supimos conquistar para el conjunto de la
Docencia, como el Programa Nacional de Capacitación Docente Gratuita,
entendiendo que la formación permanente, gratuita y en servicio es parte
indisoluble de la Carrera Docente.
CONADU
Histórica, como organización gremial de segundo grado, con
personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, que afilia al 40% de la Docencia Universitaria y
Preuniversitaria sindicalizada de nuestro país y que es signataria del Convenio
Colectivo de Trabajo homologado por Dec. PEN 1246/2015, posee la necesaria
legitimidad y legalidad para acceder a estos programas en representación de su
base afiliada.
En función de ello,
demandamos a este Consejo Interuniversitario que arbitre los mecanismos para
que este derecho tan esencial para la docencia, no beneficie de manera sesgada
solamente al universo que aceptó un incremento salarial para nosotrxs
insuficiente, ya que nada tiene que ver el salario con el acceso a la
capacitación docente de manera gratuita, tal como lo establece nuestro CCT
(Convenio Colectivo de Trabajo).
En cuanto al desarrollo
de tareas en contexto de pandemia, consideramos que la gravísima situación
sanitaria en la que está inmerso nuestro país amerita que se tomen las medidas
urgentes para evitar el colapso del sistema de salud, el crecimiento de los
fallecimientos y los contagios del virus. Reafirmamos que la lucha contra la
pandemia es el problema central de nuestro pueblo y las acciones del estado
deben estar centradas en estos objetivos tanto en la cuestión sanitaria como en
las medidas económicas de respaldo a los sectores sociales profundamente
afectados por la crisis económica heredada y profundizada por la pandemia.
Rechazamos los
posicionamientos de quienes defendiendo los intereses económicos de los grupos
económicos más concentrados por encima de la salud de nuestro pueblo han, desde
el inicio de la pandemia, cuestionado con argumentos falsos y hasta incluso
boicoteando las medidas sanitarias más elementales.
Estos sectores
pretenden utilizar las banderas populares de la defensa de la educación para
arteramente boicotear las últimas medidas sanitarias de restricción de la
circulación que inevitablemente conllevan la suspensión temporal de la
presencialidad en la educación. La suspensión temporal de la presencialidad en
la educación es una medida estrictamente sanitaria, por supuesto no deseada, y
que afecta temporalmente a los procesos de enseñanza aprendizaje.
La medida transitoria
de suspender la presencialidad en la enseñanza bajo ningún punto de vista puede
ser vista como agresión a la educación anteponiendo equivocadamente este
derecho al derecho a la salud y a la vida.
Decimos esto quienes
hemos estado siempre en la defensa de la educación pública y que hemos
enfrentado las políticas de ajuste sobre la educación que, en el caso del
anterior gobierno, se expresó en las masivas movilizaciones universitarias que
tuvieron sus expresiones más elocuentes en las jornadas del 12 de mayo de 2016
y el 30 de agosto de 2018. Esta última se constituyó en la movilización
universitaria más numerosa en la historia argentina. Hemos sido gestores junto
a otros sectores de estas jornadas.
Hoy, ante el
recrudecimiento de la pandemia y las medidas sanitarias tomadas por el gobierno
nacional, planteamos se garanticen su cumplimiento en todas las Universidades
Nacionales. Es imperioso en particular en el nivel preuniversitario la
suspensión transitoria de la presencialidad hasta que los índices
epidemiológicos permitan reanudarla.
Por todo lo expuesto,
ratificamos nuestro compromiso con la Universidad y Educación públicas al
servicio del Pueblo y con la defensa los salarios y los derechos laborales de
la Docencia Universitaria y Preuniversitaria.
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