En junio de 2020 hubo
reuniones por condiciones de trabajo, que terminaron en un “acta acuerdo” -rechazada
por los paritarios de la Conadu Histórica- que nos imponía la virtualidad de
nuestro trabajo sin garantizar derechos ni reintegros por gastos ni provisión
de equipamiento ni conectividad gratuita. El 9 de febrero, a través del CIN,
los rectores sacaron una declaración donde afirman: “Seguimos trabajando y
perfeccionando la virtualidad en el dictado de clases y en el desarrollo de
todas las actividades académica de las universidades (seminarios, posgrados,
congresos y servicios de extensión, entre otras). Esta modalidad ha sido
incorporada, intensivamente, en el sistema universitario durante el 2020,… (y)
este aprendizaje institucional llegó para quedarse en nuestro sistema
educativo.”
Más claro, imposible.
Los rectores comunican que seguirá el sobretrabajo, la flexibilización y que
cada uno de nosotros deberemos seguir pagando por enseñar e investigar los
equipos y la conectividad.
En la última reunión
paritaria de CYMAT se ha pasado a un cuarto intermedio hasta el jueves 4 de
marzo. Pero nos han presentado otra “acta acuerdo”.
En la misma se señala
que se puede retornar a la presencialidad. Pero nada dice acerca del
presupuesto que se precisa para costear los requisitos que fijan los protocolos
–sus propios protocolos- que pretenden implementar. Durante un año no se
destinó presupuesto ni se realizaron las obras de infraestructura y
sanitización mínimas para albergar a los 190.000 docentes, 50.000 no docentes y
1.700.000 estudiantes.
El acta, además,
plantea que la responsabilidad de la aplicación del protocolo recae en la
“autoridad del sector”. Quienes trabajamos en las universidades públicas,
investigando, dando clases, coordinando talleres, o participando de actividades
de extensión, es la primera vez que escuchamos que existen “sectores” en el
ámbito de la docencia, la investigación y la creación universitaria.
Se trata de un concepto
de fábula que tiene un único objetivo: nuestras empleadoras intentan delegar su
responsabilidad frente a los riesgos que implica volver a los lugares de
trabajo, haciéndola recaer en una figura inexistente.
Y todavía más: la
propuesta de acta no menciona NI UNA SOLA VEZ las paritarias particulares ni
los comités de crisis. Un retroceso de 25 años donde peleamos por paritarias y
condiciones de medioambiente de trabajo en plena pandemia.
La SPU (Secretaria de
Políticas Universitaris) y el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) pretenden
que tanto la docencia pre y universitaria como lxs investigadorxs, seamos
pasivxs observadorxs de la elaboración de protocolos y “manuales de
procedimientos”… que encima no tienen presupuesto ni responsables.
Sin
condiciones no hay presencialidad
La AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)
contrató al Taller de Estudios Laborales (TEL) para que nos asesore en el
cumplimiento de las normas que, además del CCT, nos garantizan la seguridad
laboral y para elaborar todas aquellas que sean necesarias para cuidar nuestra
salud incluyendo la verificación del estado de los edificios y el dictado de
cursos y talleres de capacitación.
Como denunciamos en
nuestros comunicados anteriores: no hay condiciones sanitarias, salariales,
presupuestarias. No hay voluntad tampoco por parte de la SPU ni los rectores
para que tales condiciones se cumplan y bajo su responsabilidad.
En la UBA exigimos la
convocatoria inmediata a comisiones conjuntas, con representaciones docentes,
no docentes y de los estudiantes. Paritaria particular para elaborar y
verificar las condiciones de seguridad e higiene. Para defender nuestras
condiciones de trabajo en la modalidad virtual y presencialidad. Que nuestra
empleadora o sea la universidad asuma las responsabilidades que legalmente le
corresponden ahora en pandemia como urgente y siempre, como parte de las
condiciones de trabajo.
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