Desde Ademys (Asociación Docente de Enseñanza
Media y Superior) venimos denunciando a la plataforma de actos públicos
desde el día de su implementación por la COREAP (Comisión de Registro y
Evaluación de Antecedentes Profesionales del Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
exigiendo la restitución de las Juntas de Clasificación Docente con sus
funciones históricas.
Recordemos que estas
designaciones en líneas fueron implementadas por el gobierno frente a un reclamo
sentido y urgente de acceso al trabajo en un contexto de crisis económica
agudizada por la pandemia a mediados del año pasado cuando miles de docentes se
encontraban sin trabajo por haberse suspendido los actos públicos presenciales.
De manera deformada el
gobierno tomó el reclamo de la docencia y anunció con bombos y platillos la
implementación de una plataforma a través de la cual tiene el control absoluto
del acceso a los cargos y anula la posibilidad de reclamo por parte de la
docencia poniendo en cuestión la transparencia de las designaciones.
¿Por
qué la docencia exige la restitución de las Juntas?
Para evitar que el
poder político de turno elija a dedo a las docentes como en las empresas o
escuelas privadas el Estatuto establecía la conformación de las Juntas de
Clasificación. Estas eran organismos colegiados con mayoría docente elegida a
través del voto directo por parte de la docencia y con minoría de
representantes ministeriales. Los representantes votados por los docentes
velaban por la transparencia en el acceso a los cargos y organizaban los
Concursos Docentes y luego rendían cuentas de su actuación durante su mandato.
Pero desde el 2011, año
en el cual se votó la ley Abrevaya en la Legislatura porteña, la COREAP tiene
todas las atribuciones que le correspondían a las Juntas y hoy éstas
simplemente realizan un limitado seguimiento de lo que acontece en la
designación de cargos y conformación de listados.
Luego en el 2015, la
Legislatura porteña con el voto del macrismo y sus bloques amigos (interbloque
K y UNEN), a través de la ley Gorleri, eliminaron la posibilidad de que lxs
docentes podamos elegir a nuestros propios representantes en las Juntas a
través del voto.
Los “nuevos” vocales de
las Juntas de Clasificación, y también Disciplina, pasan a ser designados por
los sindicatos, en base a la cantidad de afiliados en cada área y reconocidos
por el propio gobierno. Un claro pacto entre la burocracia sindical y el
gobierno.
Está claro que el
gobierno está yendo a fondo con la centralización en la asignación de los
cargos docentes eliminando la transparencia y el control en el respeto al orden
de mérito y la confección de los listados, lo que constituye una reforma
laboral en el gremio docente.
Desde Ademys hemos
solicitado una urgente reunión con la COREAP para llevar los reclamos docentes
y para exigir la implementación de mecanismos concretos de atención de reclamos
y llamamos al conjunto del gremio a organizase por la restitución de las
funciones históricas de las Juntas y para que éstas sean elegidas de manera
democrática a través del voto de los docentes.
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