La CTA (Central de los Trabajadores Argentinos) Autónoma expresa su
preocupación en torno a la amplitud de la declaración de Emergencia Pública,
que implica en la práctica, la entrega de un cheque en blanco al poder
ejecutivo para que legisle en multiplicidad de materias, sobre todo la previsional.
A dos años de la
resistencia popular del 18 de diciembre del 2017, saludamos el debate
parlamentario del proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, enviado por el Poder Ejecutivo
Nacional al Congreso de la Nación, pero entendemos que las medidas que se
adoptan en cuanto a lo previsional en ese proyecto, tienen más que ver con la
reducción del gasto público, que con mejorar la situación de uno de los
sectores más castigados en los últimos cuatro años, como es el de los jubilados
y pensionados.
Con esta ley, el ajuste
lo pagan el conjunto de jubilados y pensionados que ven frustrados sus derechos
a una movilidad jubilatoria razonable y proporcional. Los jubilados que ganan
un salario por encima de la mínima, producto de haber trabajado toda su vida,
será quienes sostengan a los de menores recursos, en vez de quitarle a quienes
más se han enriquecido con las políticas de ajuste y saqueo.
Rechazamos la
suspensión de la movilidad por 6 meses (artículo 51) que significa que queden
en suspenso nuestras expectativas y previsiones hasta que en marzo, el
Presidente decida cuál va a ser el ajuste de la movilidad y para quienes. No
debe ser una “comisión de notables” (como sancionó la Ley de Reparación
Histórica) quien defina los ingresos de los jubilados y pensionados, sino que
es en relación proporcional al salario de los trabajadores y trabajadoras en
actividad, camino al 82% móvil.
Objetamos la
continuidad del vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (artículo
53) que permite aumentar hasta el 100% los topes previstos para la inversión
del fondo en operaciones de títulos públicos, aún sin garantía hasta el
presente, y que se extiende hasta el 2023.
Asimismo entendemos que
la exención de los aportes patronales del ámbito privado y las Pequeñas y
Medianas Empresas (artículos 23 y 54), no hace otra cosa que contribuir al
desfinanciamiento del sistema previsional.
Esta ley sigue sin
proponer una solidaridad de los que más ganan en el sistema económico y
financiero de nuestro país, a través de una necesaria reforma tributaria y
financiera por medio de impuestos progresivos para financiar el sistema
previsional.
Congela además la
posibilidad de este sector de acceder a una canasta básica total que le asegure
una vida digna, derecho a la alimentación, la vivienda, la salud, la recreación
y los servicios esenciales.
Si bien saludamos los
dos bonos de 5 mil pesos cada uno, asignados a los haberes mínimos, y los 2 mil
para beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo), creemos que son insuficientes y que en marzo,
cuando cesen esos pagos, la situación de indigencia a la que sumergen los
haberes mínimos de nuestros mayores, será más acuciante.
Estos bonos además no
son universales, y no remplazan el incremento permanente de haberes que
recupere lo perdido y, a partir de ahí, establezca los mecanismos de
actualización en línea con la inflación futura.
Firman: - Ricardo
Peidro, Sec. General /- Olivia Ruiz, Sec. de Previsión Social
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 19 de diciembre de 2019
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