La Dirección General de
Escuelas (DGE) de Mendoza tomó la arbitraria y autoritaria decisión de apartar
de su cargo a la vicedirectora de la Escuela Manuel Blanco Encalada y dirigente
de la CTA (Central de los Trabajadores Argentinos) en esa provincia, Carolina
Gutiérrez, por haber utilizado lenguaje inclusivo durante un saludo al
alumnado.
Esta injustificable
resolución del gobierno provincial fue la respuesta a una queja de un grupo de
once padres y madres que durante la asamblea en la que se discutió el tema,
agraviaron y amenazaron a la docente.
No sólo las autoridades
del organismo desconocieron dos leyes fundamentales que atañen a la
construcción colectiva de una sociedad más justa e inclusiva (Ley 26.150 de
Educación Sexual Integral y Ley 26.743 de Identidad de Género), sino que -tal
como lo dejó entrever en declaraciones radiales el director de Asuntos
Jurídicos de la DGE (Dirección General de Escuelas)- protagonizaron un claro
acto de persecución política e ideológica.
El funcionario declaró
en un medio de comunicación local que la docente “es una militante del partido
justicialista”, en un intento de justificar su accionar. Sin embargo, no aclaró
que no existe denuncia alguna en relación a algún tipo de actividad partidaria
llevada adelante en ejercicio de su función ni en el ámbito escolar; sino que
se persigue a la trabajadora sin respetar su derecho a la libertad ideológica.
Desde CTERA (Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina) repudiamos
la medida adoptada por la DGE y exigimos que se dé marcha atrás y se reintegre
a la docente en el cargo.
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, martes 25 de junio 2019
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