La lucha histórica de
quienes habitaron y habitan el Barrio Padre Carlos Mugica (Villa 31 y 31 Bis)
siempre estuvo orientada a su consolidación como espacio urbano integrado a la
Ciudad de Buenos Aires donde las familias puedan ejercer su derecho inalienable
a una vivienda digna.
En diciembre de 2009,
esa tradición de lucha logró un hito fundamental: la sanción de la Ley de Urbanización
3343. Progresivamente, el Gobierno de la Ciudad fue restringiendo los espacios
de diálogo y participación de vecinas y vecinos, para terminar -9 años después,
en diciembre de 2018- sancionando la Ley 6129 y, hace pocos días, aprobando el
proyecto de Ley 671, que amenazan con un fuerte retroceso en el proceso de
urbanización.
Para urbanizar el
Barrio Padre Carlos Mugica, el Estado Nacional transfirió a la Ciudad de Buenos
Aires -en diciembre pasado- los terrenos sobre los que se extiende la Villa 31
y 31 bis. En lugar de hacerlo en cumplimiento de los compromisos de
urbanización del barrio, lo hizo -según los considerandos del proyecto- en el
marco de compromisos internacionales asumidos para la construcción del Paseo
del Bajo (Ley 6131).
El pasado 4 de julio,
la ‘escribanía legislativa’ (que es completamente funcional al Ejecutivo
porteño), aprobó la enajenación de todas las tierras que conforman la Villa 31
y 31 Bis, entre otros predios de la Ciudad. Es decir, la Legislatura le liberó
las manos al Jefe de Gobierno para que disponga de esos 547,372m2, tasados en
un valor total de $ 5.128.630.000.- En el Anexo de la Ley 6131 señala
explícitamente que la transferencia se realiza para cubrir parte de la deuda
del Paseo del Bajo y demás obras ferroviarias. Esta es la razón por la que
rechazamos hasta último momento el Proyecto de Ley 671 y hoy nos vemos
obligados a expresarnos.
Nuestros temores no son
infundados, el proyecto de gentrificación de nuestro barrio ya está en marcha y
este instrumento solo lo acelerará. Pruebas contundentes de este proceso son:
–Los artículos 52 y 53
de la ley 6129, que establecen los mecanismos para la venta de nuestras
viviendas a terceros que no vivan en el barrio padre Mugica sin restricciones a
la especulación inmobiliaria.
–Las relocalizaciones
de las familias que viven bajo la autopista Illía, cuando el mismo Gobierno
tiene en curso las obras para desafectar esa traza como autopista. Se pretende
que pasen a ser deudores hipotecarios por 30 años de viviendas construidas con
paneles de yeso (con baja resistencia a impactos o al fuego, sin aislación
acústica), instalaciones eléctricas a la vista, paredes exteriores de chapa,
sin soluciones de accesibilidad, sin acceso al servicio de gas natural, sin
terminación en pisos, paredes ni cielo raso, a un valor de la tierra que
triplica la tasación oficial y con cláusulas leoninas.
–Los modelos de
escritura entregados a los vecinos y vecinas de bajo autopista incluyen
cláusulas que autorizan la ejecución de la vivienda tras una mora de 1 (un) mes
en el pago de la cuota de la vivienda o los servicios (cláusula 7) y la
cancelación de la hipoteca mediante el reintegro del inmueble (cláusula
decimoprimera) entre otros artículos abusivos. De no modificarse estas
cláusulas violatorias del derecho a la vivienda para Bajo Autopista, corremos
el riesgo de que este modelo de escritura se replique para todo el barrio tras
la aprobación del proyecto de ley 671.
–Por otro lado, la
instalación de empresas multinacionales en terrenos del barrio, sienta un
precedente de lo que pretende hacer el gobierno de la ciudad con las tierras
recientemente enajenadas y que no tienen un proyecto social asociado. ¿Cómo
podrán competir las actividades económicas de las y los vecinos frente a estas
empresas externas al barrio?
–Otra prueba de este
proceso de gentrificacion ya iniciado es la venta incontrolada de terrenos y viviendas entre vecinos/as, a la que la
secretaría hace la vista gorda. Los vecinos y vecinas que llegan hoy al barrio
y compran una vivienda no serán beneficiarios del proceso de urbanización y se
convertirán en blanco fácil de expulsión, junto a los miles de vecinos y
vecinas que habitan estas tierras hace muchos años y que aún no han sido
censados por el gobierno de la ciudad. En su resolución 158/SECISYU/2019 el
GCBA acaba de definir que no habrá nuevas instancias para incorporar a los y
las vecinos no censados, lo que deja afuera – incluso- a históricos habitantes
del barrio.
–El organismo a cargo
de las obras en el Barrio, la SECISYU dirigida por Diego Fernández, ha relegado
trabajos urgentes como la infraestructura eléctrica por lo que se producen
continuos cortes de energía e incluso han generado incendios que produjeron
muertes y cuantiosas pérdidas y perjuicios; además, no garantiza la protección
de vecinas y vecinos, especialmente de niñas, niños y personas mayores o con
movilidad reducida, cada vez que autoriza la realización de obras en calles
-pavimentación o tendido de cañerías- sin respetar mínimas normas de seguridad e
higiene.
Todas estas son las
razones que fundan nuestro temor y nuestro rechazo al proyecto que se aprobó en
la Legislatura el jueves pasado. Los y las vecinos queremos una solución real y
a largo plazo de nuestro problema habitacional, y no instrumentos que facilitan
de manera encubierta la expulsión lenta de los habitantes del barrio, esta vez
con las leyes del mercado y artilugios legales.
Rechazamos cualquier
intento de utilizar la enajenación votada por la Legislatura para vender las
tierras al mejor postor; estas tierras sólo deben tener como destino la
titularización del dominio por parte de quienes habitan la Villa 31 y 31Bis;
rechazamos cualquier intento por poner en marcha negocios inmobiliarios que
terminarán expulsando a miles de familias, vulnerando su derecho a la vivienda
digna.
Finalmente, repudiamos
que el Gobierno de la Ciudad pretenda acelerar inauguraciones y
relocalizaciones con evidentes fines electoralistas, sin dar solución a las
necesidades de nuestro Barrio Padre Carlos Mugica. Queremos una real
urbanización y la radicación definitiva para nuestras familias.
Lo hemos dicho muchas
veces y lo repetiremos hasta el final. ¡La Villa 31 no se vende, se defiende!
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, jueves 11 de julio de 2019
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