En el caso de Educación Especial, desde hace años docentes, familias y comunidades educativas vienen denunciando el deterioro de las escuelas de la modalidad, la falta de recursos y el desmantelamiento progresivo de las instituciones.
Mientras el Gobierno de la Ciudad sostiene que busca promover una educación más inclusiva, en los hechos se aplica una política de ajuste.
Las escuelas de la ciudad se encuentran atravesadas por problemas estructurales gravísimos: edificios en mal estado, falta de aulas, superposición de jornadas, cursos y salas superpobladas, escasez de docentes y equipos interdisciplinarios, además de una ausencia constante de materiales y recursos específicos.
En el nivel inicial, por ejemplo, la falta de aulas obliga a docentes y estudiantes a permanecer durante largos períodos en patios y pasillos. En las escuelas de nivel primario, la matriculación de cada vez más estudiantes con discapacidad o con subjetividades comprometidas son incorporados a la propuesta educativa sin que existan las condiciones necesarias para acompañar sus trayectorias educativas singulares: ausencia de cargos suficientes, falta de maestres de apoyo a inclusión, inexistencia de equipos interdisciplinarios en las escuelas de nivel y la distribución de recursos pedagógicos adecuados.
En este contexto, el Gobierno porteño convocó a reuniones sobre “inclusión educativa” con una propuesta que profundiza el problema: eliminó las Mesas de Inclusión de cada distrito y las reemplazó por una Coordinación General de Educación Inclusiva dependiente del Ministerio. También, reorganizó los Equipos de Orientación Escolar (EOE), trasladó profesionales de las Escuelas Especiales a diversos distritos, quitándolos de las instituciones donde trabajaban e imponiendo traslados arbitrarios de lxs profesionales bajo la excusa de la ambigua definición de “zonas de injerencia”.
A su vez, los miembros de los equipos interdisciplinarios dejan de estar coordinados por las escuelas especiales y dependen de un equipo de supervisores (EDAI) perdiendo así la posibilidad del trabajo articulado entre escuelas de los diferentes niveles. En este planteo absurdo de educación inclusiva, se plantea que cada escuela tenga un referente de inclusión, pero todo esto sin tener en cuenta formación ni especificidad de base de cada profesional, sin crear nuevos cargos, sin ampliar planteles y, obviamente, sin incrementar el presupuesto. Sino que, por el contrario, el propio gobierno sostiene falsamente que “hay personal suficiente”.
Detrás de esta reorganización no hay una ampliación de derechos, sino una política de recorte. Se vacían las Escuelas Especiales de docentes y profesionales, mientras se amontona a niñas, niños y adolescentes en escuelas de nivel que tampoco cuentan con recursos. Se desconocen las singularidades de cada estudiante y se niega que, en muchos casos, la trayectoria adecuada requiere de una escuela de Educación Especial, con profesionales, dispositivos y estrategias específicas.
También se anuncian medidas que quedan únicamente en el discurso. El Gobierno habla de “agrupamientos flexibles”, “planificaciones diversificadas”, entrega de materiales tecnológicos y creación de “salas de la calma”. Sin embargo, las pocas instituciones que cuentan con espacios de regulación sensorial no tienen profesionales específicos ni condiciones adecuadas para sostenerlos. Mientras tanto, los estudiantes que necesitan esos apoyos siguen esperando y las escuelas continúan funcionando en condiciones cada vez más precarias.
La llamada “inclusión educativa” no puede ser una herramienta para justificar el ajuste. Una educación verdaderamente inclusiva requiere mayor presupuesto, creación de cargos, equipos interdisciplinarios, formación, infraestructura, recursos materiales y respeto por las necesidades de cada estudiante. La igualdad de oportunidades solo es posible si existen las herramientas y apoyos necesarios para garantizarla.
Por eso denunciamos que lo que hoy se impulsa no es inclusión: es vaciamiento, ajuste y pérdida de derechos. Con esta Resolución queda demostrado el enorme fracaso en las políticas de inclusión educativa y el éxito rotundo en las políticas educativas de ajuste, recorte y vaciamiento.
La concreción de la Resolución 860 no sólo no resolvió los problemas, sino que los agravó, confirmando lo que denunciamos desde un principio: que no es inclusión, es ajuste. Pero es necesario resaltar además que el gobierno del PRO cuenta con la complicidad de la UTE, y de TODOS los demás sindicatos que, todos ellos, avalaron esta reforma regresiva.
Solo desde Ademys denunciamos este ajuste y, desde su anuncio, hace casi un año, impulsamos un plan de acción y de lucha que empalmó con el rechazo de la enorme mayoría de la docencia de la modalidad, que se expresó por medio de una campaña de fotos, de pronunciamientos por escuela, de semaforazos simultáneos y coordinados entre muchísimas escuelas. Toda esa organización colectiva y manifestación de rechazo se catalizó en un enorme paro de la modalidad y en una concurrida movilización al Ministerio de Educación.
Esta destacada lucha, si bien no alcanzó para frenar la reforma, sí impidió que quitaran más profesionales de los equipos y también los traslados arbitrarios a distritos muy lejanos. Pero, sobre todo, dejó una enorme experiencia, demostrando que es posible organizarse por medio de un plan de acción y de lucha.
Las políticas de ajuste de la ciudad tienen su correlato a nivel Nacional en la cual nuestros estudiantes están siendo severamente perjudicados, violentados y olvidados al negarles sus terapias, medicamentos, traslados y otros derechos al no implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada por el Congreso, luego vetada por el presidente Javier Milei y finalmente el veto rechazado por el propio Congreso, en un hecho histórico que no ocurría desde hace 22 años. Sin embargo, pese a estar vigente, el Gobierno Nacional continúa sin aplicarla ni garantizar su cumplimiento. Al mismo tiempo, impulsa modificaciones sobre una ley que ni siquiera está implementando y responde a los reclamos con ajuste, abandono y represión.
Cabe mencionar también el escándalo en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), que fue disuelta como ente autárquico y transformada en una Secretaría dentro del Ministerio de Salud en enero del 2026, generando un ajuste y una reducción estructural de casi la mitad de su funcionamiento de origen además de darle un enfoque sanitario vulnerando todos los derechos de las personas con discapacidad. El caso actualmente está con el procesamiento de Diego Spagnuolo (ex titular de la ANDIS) y otras 18 personas por la presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad en la cual también están involucradas Karina Milei (secretaria general de la presidencia) y a su Subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Esta situación vuelve a exponer el abandono, la corrupción y el ajuste sobre las políticas destinadas a las personas con discapacidad. Mientras la justicia investiga compras de medicamentos con sobreprecios y contratos direccionados a determinadas droguerías a cambio de sobornos, el Colectivo Disca sigue reclamando la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Repudiamos la represión contra el Colectivo Disca y contra quienes se organizan para defender la Educación Especial, la educación pública y los derechos de las personas con discapacidad.
Frente a todo este escenario reafirmamos la necesidad de organizarnos y continuar la lucha desde cada escuela y puestos de trabajo, promoviendo el intercambio colectivo y la continuidad de la pelea por la derogación de la Resolución 860 y por todas nuestras reivindicaciones.
Exigimos la implementación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el fin del ajuste en las políticas educativas, más presupuesto para educación y discapacidad, y la defensa irrestricta de una Educación Especial pública, con recursos, profesionales y condiciones dignas para todas y todos.
- Derogación de la Resolución 860 y BA Aprende
- Ampliación de los equipos interdisciplinarios de las escuelas de Educación Especial y del nivel medio
- Creación de cargos para inclusión
- Creación de equipos Interdisciplinarios para las escuelas de nivel (inicial, primaria)
- Construcción de Escuelas de Educación Especial
- Basta de imposiciones y traslados arbitrarios bajo la excusa de la zona de injerenci
¡NO ES INCLUSIÓN, ES AJUSTE!
COMISIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN ADEMYS
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