(Por Juan García, “Internacionales”, en Prensa Obrera, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 15 de agosto de 2019)- Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ponce de León declararon este martes un paro de 72 horas contra su vaciamiento y liquidación, como respuesta a nuevas medidas de ajuste.
Los activistas reclaman contra la elevación del crédito (la cuota) a 124 dólares, la cancelación de más de 1.200 vacantes y el cierre de cursos, achicando las opciones de cursada.
El comunicado de la Unión General de Estudiantes plantea como objetivos del paro:
“1)-exigir la suspensión a la política de las supuestas ayudas económicas hasta tanto se aclaren quienes se benefician realmente de esta; 2)-crear un espacio educativo en el que podamos, a través de una investigación, identificar medidas en pro de los estudiantes que han quedado desprovistos de asistencia económica; 3)-conseguir la solidaridad del pueblo ante lo que amenaza con ser la destrucción del único sistema de educación superior público de Puerto Rico; 4)-demostrar a la administración universitaria y a todos aquellos que repudien nuestra universidad, que nosotros podemos decidir sobre el futuro de la UPR; 5)-y por último, lograr la solidaridad de los otros diez (10) recintos para luchar en una sola dirección, no sería la primera vez que nuestro recinto sea la punta de lanza de las luchas estudiantiles”.
En la agenda de denuncias de los estudiantes también ocupa un lugar destacado la lucha contra los abusos sexuales de docentes contra estudiantes mujeres. Según señala, por ejemplo, la agrupación Bandera Roja, el 60% de las nuevas estudiantes son mujeres, y la reducción de cursos las obliga a asistir con profesores que cuentan con denuncias y no han sido separados de las clases. La lucha contra la violencia sexual viene creciendo en el país, donde las mujeres han sido grandes protagonistas de la rebelión popular que derrocó a “Ricky” Roselló, tras un chat misógino que generó una indignación generalizada.
La rebelión popular tiene un terreno privilegiado en Puerto Rico en la lucha por la defensa de la educación pública. De la mano de la Junta de Supervisión Fiscal impuesta por la Ley Promesa, nombrada por el gobierno norteamericano para asegurar el pago de la deuda externa, se han cerrado 300 escuelas públicas este año. El ajuste en el sector es la contracara de la imposición del pago de una deuda externa imposible de pagar, ilegítima y fraudulenta, que es cuestionada por la movilización popular y defendida tenazmente por todos los sectores políticos vinculados al imperialismo norteamericano.
El reclamo de la auditoría de la deuda externa es un reclamo central para el movimiento popular puertorriqueño. Incluso han surgido colectivos de docentes que discuten una nueva pedagogía vinculada a la emergencia de la lucha obrera y popular de la mano del rechazo a Roselló.
La huelga estudiantil en Puerto Rico empalma con todo el movimiento de lucha y ayuda a ver qué está en juego después de la caída de Roselló: los reclamos de los trabajadores y el pueblo o la imposición del pago de la deuda externa por parte de la junta pro imperialista. El viejo régimen, al cual pertenece también la nueva gobernadora Wanda Vázquez, no tiene ninguna perspectiva de romper con esta cadena de sometimiento.
La pelea de los universitarios muestra que la rebelión popular tiene mucha tela para cortar. ¡Viva la huelga estudiantil de Ponce!
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