Desde la Comisión
Directiva Central de AGMER queremos hacer pública nuestra preocupación frente
al proceso de mercantilización de la formación docente continua que se viene
dando en nuestro país y particularmente en la provincia, manifestando a su vez
un enérgico rechazo al aval que adquiere el mismo por parte del Consejo General
de Educación.
En este último tiempo
hemos venido advirtiendo una proliferación de propuestas de formación continua
que, lejos de pretender un verdadero aporte para el colectivo docente,
constituyen en realidad un negocio muy lucrativo para quienes las promocionan y
llevan adelante, en general fundaciones que muy poco tienen que ver con la
educación pública. Estas propuestas tienden a ser costosas y prometen otorgar
un puntaje que no se corresponde con la carga horaria estipulada por la
normativa concursal, con lo cual procuran atraer a compañeras y compañeros
mediante un engaño que se aprovecha de la necesidad de formarse.
Tal situación se ve
agravada al observar que el Consejo General de Educación, principal responsable
de velar por la legalidad y pertinencia de las acciones de formación
permanente, mira para otro lado y permite que esto ocurra sin que medie ningún
tipo de seguimiento que sirva de contralor, como sí suele ocurrir con cada uno
de los proyectos que son presentados por AGMER a través de su Escuela de
Formación Pedagógica y Sindical, proyectos que no sólo cumplen con lo dispuesto
por el Acuerdo Paritario de 2013, sino que además son totalmente gratuitos para
el conjunto de afiliadas y afiliados al sindicato, entendiendo con ello que
ningún pretexto puede justificar la búsqueda inescrupulosa de ganancia.
Como sindicato
reivindicamos la formación continua como un derecho de cada compañera y
compañero, por lo que reiteramos una vez más la necesidad de garantizar un
acceso igualitario a las acciones de actualización y perfeccionamiento que
hacen posible jerarquizar la carrera docente, mejorando nuestras prácticas
cotidianas y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso sostenemos que
debe ser el Estado quien, además de asegurar propuestas de formación gratuita y
en servicio, regule aquellas que surgen del ámbito privado para impedir su
utilización como una mercancía.
Es por tal motivo que
acompañamos la presentación formal que hiciera nuestra compañera Perla
Florentín, vocal gremial del CGE en representación de la docencia entrerriana,
solicitando al mismo que intervenga de manera inmediata para regular este tipo
de propuestas y asegurar que se ajusten a lo explicitado en los proyectos por
los tienen aprobación conforme lo previsto en la Resolución N° 4120/13 CGE,
dando cumplimiento real a la carga horaria y modalidad de trabajo que allí se
establecen. Con relación a esto, llama la atención que dicha presentación fuese
ignorada por el CGE, con lo cual implícitamente la patronal está admitiendo que
la cuestión de fondo ya no pasa por el desconocimiento frente a lo que ocurre,
sino lisa y llanamente por la complicidad con ello.
Exigimos al gobierno
que tome cartas en el asunto para que no se siga estafando a cientos de
compañeros y compañeras a través de cursos que violan la normativa vigente y solamente
sirven para generar un rédito económico a sus responsables, sin representar
ningún tipo de aporte significativo para la formación docente y la escuela
pública en nuestra provincia.
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