(Sputnik News, América latina, miércoles 19 de diciembre de 2018)- En el estado de Goiás (centro), 57 de 1.160
colegios públicos ya están siendo administrados por militares, 5% del total.
No se trata de los
colegios militares donde se forman los futuros integrantes de las Fuerzas
Armadas, sino de escuelas públicas convencionales, donde se enseña matemáticas
o portugués, pero que pasan a ser administradas por militares.
“Es un ambiente más
controlado, con más apego a la disciplina (…) practicamos una política de
tolerancia cero”, comenta en una entrevista con Sputnik el coronel Júlio
César Mota, superintendente de Seguridad Escolar y Colegio Militar de Goiás,
que remarca que no hay interferencias con el programa académico.
En su opinión, que haya
policías militares en el patio, en los pasillos o en la recepción de los
centros “lo contagia todo” y crea un círculo virtuoso, fomentando un ambiente
más propicio para el estudio.
El modelo empezó a
implantarse tímidamente en 1998, pensado únicamente para hijos de militares,
pero después se amplió a todos los alumnos y creció exponencialmente en los
últimos años, gracias a los buenos resultados académicos (en poco tiempo, Goiás
pasó a estar en los primeros puestos del ranking nacional).
Los alumnos de estos
colegios estudian las mismas asignaturas que en las escuelas públicas civiles,
pero además tienen una asignatura extra sobre educación moral y cívica, similar
a la que se impartía en Brasil durante la dictadura militar (1964-1985).
“Enseñamos civismo,
ciudadanía, respeto a los símbolos nacionales, un poco de patriotismo, los
valores de la familia, de la patria”, comenta Mota, que subraya que el resto de
asignaturas son impartidas por profesores civiles.
En estos colegios,
donde una vez a la semana se realiza una ceremonia de izado de la bandera, la
disciplina es férrea: los estudiantes, que aprenden a realizar el saludo
militar, deben acudir con la cabeza rapada si son chicos, y con el pelo
cuidadosamente recogido en una coleta, si son chicas.
Según el militar no hay
castigos físicos, adoctrinamiento ni homofobia, pero el modelo es muy criticado
por sectores progresistas, sindicatos y parte de la comunidad educativa.
La presidenta del
Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Goiás (Sintego), Bia de Lima,
cree que una generación entera de jóvenes se está formando sin una visión
crítica de las cosas.
“Hay decenas de
policías, incluso dentro de las aulas, vigilando cómo se da la clase (…) hay
una interferencia directa en la actuación de los profesores, aunque no haya un
control próximo, de alguna manera afecta, muchos profesores de esas escuelas
temen entrar en huelga, sufrir persecuciones”, critica De Lima en una
entrevista con Sputnik.
Además, De Lima lamenta
que las escuelas militarizadas se hayan convertido en la “niña mimada” del
Gobierno de Goiás, con mejores infraestructuras, equipamientos nuevos y paredes
siempre recién pintadas.
“Se está instalando en
el imaginario la idea de que las escuelas militares son buenas y las públicas
no (…) hay una estrategia para abandonar la escuela pública tradicional”,
lamenta.
Los padres parecen
apostar por este modelo, hay una lista de espera de más de 3.000 alumnos, según
el Gobierno de Goiás; la sindicalista asume que muchos profesores también, ya
que ven en los policías militares un respaldo, se sienten más protegidos y les
resulta más fácil dar clase.
Lo que ocurre en Goiás
y en otros estados brasileños es una tendencia al alza y una especie de
laboratorio de lo que podría llegar con el gobierno de Bolsonaro.
Durante la campaña, el
presidente electo, un militar reservista, prometió que cada capital del país
contaría con al menos uno de estos colegios militarizados.
Según un recuento de la
revista Época, entre 2013 y 2018 el
número de escuelas militarizadas en Brasil aumentó un 212%, pasando de 39 a
122; y ya están presentes en 14 de los 27 estados del país.
Fuentes del Ministerio
de Educación consultadas por Sputnik evitaron comentar la
militarización de la educación pública alegando que las competencias en este
caso son de los estados y municipios brasileños, y no del gobierno federal.
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