La desorganización
generalizada y el ajuste a sea-cómo-sea en educación conmueve a la provincia de
Buenos Aires. En el partido de Tandil, el Estado continúa sin pagar el
transporte rural. Desde hace tres semanas, los alumnos de las llamadas “escuelas
de concentración” no asisten a clase. Se rumorea que recién en los cinco días
que hoy se inician las autoridades designadas por la Directora General de
Escuelas, Nora de Lucía, se arrimarán a la ciudad de Tandil para “destrabar” el
conflicto. ¿Qué hacer mientras tanto? La propuesta sugerida a la comunidad
educativa local, que cuenta con el aval del consejo escolar de mayoría radical
y los propios transportistas, es que la cooperadora y los padres se hagan cargo
de la deuda.
La provincia mantiene
en pie una modalidad de contratación de transporte que viene de la época de
Carlos Menem: los empresarios cobran 5.000 pesos por día por combi para
trasladar a los alumnos a sus respectivas escuelas. Es un buen negocio si se
tiene en cuenta que los choferes perciben su sueldo en negro y no cobran
durante el receso escolar de invierno y verano. El servicio se vio interrumpido
porque los empresarios del transporte reclaman una deuda de siete días de pago.
Si se sigue el “consejo” del gobierno, los padres deberían abonar
individualmente aproximadamente 500 pesos para saldarla. Sobre comentar
que para un
empleado rural medio la cifra es exorbitante.
Los padres se negaron a
cargar con la deuda, y los estudiantes continuarán sin concurrir al colegio.
Pero el clime de bronca se ha ido agigantando; hubo algunos piquetes de
protesta en las escuelas más alejadas, según informa el comunicado de Tribuna
Docente Tandil, y suman por lo menos dos las movilizaciones al Consejo Escolar organizadas
por los afectados para exigir la inmediata restitución del transporte escolar
rural.
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