Con profunda preocupación por manifestaciones públicas de algunos candidatos respecto a la educación pública, Almazán comentó: “miramos con alerta y preocupación las propuestas de candidatos a presidentes, incluso también en algunos gobiernos provinciales, de avanzar restringiendo el derecho a la educación; para nosotros la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento marcan la universalidad del acceso al derecho pero también la responsabilidad del Estado nacional como garante de ese derecho en la política y el financiamiento”.
“Estas propuestas como las del voucher educativo son atentatorias contra esas responsabilidades del Estado porque por un lado plantean una transferencia de recursos individuales a cada estudiante (a través de un voucher) que lo que va a hacer es fragmentar el sistema educativo nacional, como lo hizo la Ley Federal de Educación, dejar libradas a las provincias, a las desigualdades que las atraviesan, y ese monto (voucher) no va a facilitar la elección. Son espejitos de colores que se quieren vender porque las escuelas privadas siempre seleccionan a sus estudiantes y la escuela pública tiene que fortalecerse con mayor financiamiento, mayores salarios para los docentes, más recursos, mejor infraestructura, seguir con los avances que tuvimos, creciendo en inversión”, agregó la representante gremial.
Explicó que el voucher educativo otorgado a cada estudiante lo que va a hacer, por ejemplo en Provincia de Buenos Aires donde el 40% de la educación es rural, será imposibilita la financiación ya que es un número pequeño de estudiantes. “Ese voucher tiene que financiar el edificio escolar, su mantenimiento, el equipamiento, el servicio alimentario, salarios docentes, lo otro que puede pasar es incidir en la calidad de la educación porque una escuela que tiene capacidad de albergar a 500 alumnos para modificar el salario de sus docentes o comprar el equipamiento va a tener que tener 1000, a mayor población mayor presupuesto para esa escuela, entonces termina por no ser una elección libre para las familias respecto al acceso a una mejor educación sino quedar cada uno librado a su situación social y económica, y también llega a deteriorar la calidad de la educación, esto ha pasado en Chile, que se ha dado de manera fragmentada, y hay escuelas de menores condiciones para los sectores más humildes pero también la clase media no tiene acceso a la educación porque el sistema termina mercantilizado de manera integral”.
Desde CTERA se avanza en proponer una nueva Ley de Financiamiento Educativo, “que busca acrecentar la inversión, con esta relación del 6% del PBI de todos los recursos de la Nación, planteando que se destine un 8% al sistema educativo común, un porcentual a la universidad y un porcentual a la investigación, ciencia y tecnología. Para mejor educación pública, para mayor calidad social de la educación, mejores salarios, más infraestructura, mejores condiciones de trabajo, de aprendizaje de nuestros estudiantes, creemos que es al revés, que es mayor inversión y mayor responsabilidad de los Estados nacionales y provinciales”.
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