“El ex dictador Jorge
Videla dijo que el ex nuncio apostólico Pío Laghi, el ex presidente de la
Iglesia Católica de la Argentina Raúl Primatesta, y otros obispos de la
Conferencia Episcopal asesoraron a su gobierno sobre la forma de manejar la
situación de las personas detenidas-desaparecidas. Según Videla la Iglesia ‘ofreció
sus buenos oficios’ para que el gobierno de facto informara de la muerte de sus
hijos a familias que no lo hicieran público, de modo que cesaran la búsqueda.
Esto confirma el conocimiento de primera mano que esa institución tenía sobre
los crímenes de la dictadura militar, como consta en los documentos secretos
cuya autenticidad el Episcopado reconoció ante la justicia hace dos meses. Pero
además muestra un involucramiento episcopal activo para que esa información no
trascendiera tampoco por comentarios de los familiares de las víctimas, de cuyo
silencio la Iglesia era garante.” Tal el comienzo de la nota que Horacio Verbitsky
publicó en Página 12 de hoy y que
puede leerse completa aquí. (O aquí de acuerdo a la cobertura de La Nación.)
Por otra parte, según
la crónica de Marcelo Larraquy que apareció en el Clarín de esta mañana y puede leerse completa aquí, “el lunes 16,
en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, la Presidenta recibió a un grupo de 50
sindicalistas cercanos al oficialismo y opositores a la conducción de Hugo
Moyano en la CGT. A la derecha de Cristina Fernández de Kirchner, estaba
sentado Gerardo Martínez, titular de la UOCRA. Durante la dictadura, en la
comunidad informativa de la inteligencia militar, se lo conocía con el
seudónimo de ‘Gabriel Antonio Mansilla’.
Martínez actuó como
agente secreto del Destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo, según su
foja de servicios, que se publica por primera vez, en la que se lo califica
como “agente leal y útil”. En julio del año pasado, Martínez había sido
denunciado en el juzgado federal del juez Ariel Lijo como agente del Batallón
de Inteligencia 601 por el sindicato de la construcción SITRAIC y organismos de
derechos humanos (APDH, AEDD, APEL, entre otros).
(…) En su última
reunión con los gremialistas, quizá sin los antecedentes durante la dictadura
del jefe de la UOCRA, la Presidenta puso a Martínez en primer plano, a su
derecha. O quizá, aún en conocimiento de ellos, les restó importancia, y lo
considera un hombre útil para la coyuntura gremial”.
A la luz de estas
nuevas revelaciones queda claro, una vez más, que la Iglesia y la burocracia
sindical fueron instituciones que prestaron un aval inestimable a las labores
de la dictadura militar genocida, y muchos de sus principales hombres siguen
vivitos y coleando, y bien cómodos en los sillones oficiales.
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