viernes, 30 de septiembre de 2016

Sucedió en Brooklyn

En teoría esta iba a ser la segunda semana de clases en el campus de la Universidad Long Island, en la ciudad de Brooklyn. Pero no. Las autoridades de buenas a primeras decidieron impedir el ingreso al campus a los cuatrocientos miembros del sindicato de docentes. Los trabajadores de la educación estaban contratados y el vencimiento de sus contratos fue el 31 de agosto, y se esperaba que, como siempre, se diera continuidad a la relación laboral en las condiciones de antaño. Pero no.

El nuevo contrato propuesto reducía el pago de los profesores auxiliares, mientras que los docentes de planta recibirían salarios más bajos que los que ganan sus colegas en un campus satélite.

Frente a la protesta, la institución decidió la suspensión indefinida; congeló sus cuentas de correo electrónico y los seguros de salud de los profesores y les informó que serían reemplazados. Por otra parte, aseguraron a los alumnos que la tajante decisión no afectaría el inicio del ciclo lectivo. Pero no.

Desde que empezó el semestre, las clases estuvieron a cargo de suplentes de último momento,  a muchos de los cuales se les asignaron materias para las cuales no tienen la debida capacidad y experiencia. Es decir que, finalmente, los estudiantes resultaron tan víctimas de la precarización como sus maestros.

Impulsados por el  grupo universitario Activistas por la justicia social cientos de estudiantes que abandonaron las clases para sumarse a la protesta colectiva.


miércoles, 28 de septiembre de 2016

Movilización

“Hay un toco de gente”, dice la maestra trepada sobre los hombros de su amigo que seguramente aspira a algo más y por eso hoy decidió perderse las horas extras para acompañar a la mujer entusiasmada. “De a poco el tránsito por el centro porteño comienza a complicarse a raíz del paro de los estatales y docentes”, dice en ese mismo instante el locutor del noticiero televisivo, mientras señala en la pantalla que cuelga a su espalda los muchos que se movilizan para reclamarle al gobierno la reapertura de paritarias, la reincorporación de los despedidos en las distintas reparticiones públicas y para expresar su rechazo al presupuesto 2017.

La esquina del Congreso, en Rivadavia y Callao, ya registra el primer corte total por parte de los estatales, y hacia allí camina la pareja buscando la columna del sindicato bonaerense al que la joven pertenece. Pero todavía les falta un buen trecho.

La columna de la Asociación de Trabajadores del Estado, junto a otros gremios estatales y algunas organizaciones sociales, desde las diez se ha ido concentrando en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Los  gremios de las trabajadores de la educación están en la otra punta, dispuestos a marchar directamente por Callao rumbo al Ministerio de Educación.

Y hacia allí enfila ella tirando del brazo de él que la frena como burro empacado. “¿Y si nos quedamos por acá? ¿No es lo mismo?”. Pero basta que ella lo mire un segundo para que, con una sonrisa de amarga resignación, deponga su dureza y las piernas se le aflojen. “Dale, dale…”, lo apura la mujer ni bien nota que él ya no se resiste.


lunes, 26 de septiembre de 2016

Los docentes de Entre Ríos convocan al paro y la movilización

“Desde   estaremos una vez más protagonizando esta jornada de lucha, junto a nuestros compañeros de todas las provincias argentinas”, se indicó desde el gremio entrerriano. Además se apuntó que los docentes que deseen sumarse, deberán dirigirse  a la seccional Agmer de su departamento, donde se realizarán las tareas organizativas.

La concentración se hará frente al Congreso de la Nación, en la Capital Federal, a partir de las 10:30 horas. Desde allí partirá la columna, que llegará hasta el Ministerio de Educación.

La movilización se concretará en el marco del paro nacional docente convocado por Ctera (Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina) para el martes 27 de septiembre, que se cumplirá en todo el país “ante la grave situación que mantiene a varias provincias en conflicto y la negativa del Gobierno nacional y los gobiernos provinciales de  reabrir las paritarias”, se informó desde Agmer.

“En esa jornada de lucha, trabajadores de la educación de todo el país marcharemos hasta el Ministerio de Educación, para hacer oír nuestros reclamos”, se apuntó además.

Se resaltó que uno de los ejes de la convocatoria “es la amenaza al régimen previsional docente, que se expresa en la presión del gobierno nacional hacia las provincias para que ‘armonicen’ los sistemas provinciales”.

Además se detalló que “el plan de lucha nacional que la Ctera está llevando adelante  tiene como demandas centrales la apertura de las paritarias y aumento salarial; en defensa de las jubilaciones y rechazo a cualquier modificación al régimen jubilatorio; por el cumplimiento de los acuerdos paritarios; por la formación permanente gratuita y en ejercicio; por la continuidad de los programas socioeducativos; exigiendo la suspensión del programa de Evaluación ‘Aprender’; por la eliminación del impuesto a las ganancias que recae sobre el salario de los trabajadores; por aumento del presupuesto educativo nacional: 10 % del PBI para educación; por justicia completa para el docente Carlos Fuentealba”.


Docentes agremiados de Tierra del Fuego se suman a la huelga general

El martes 27 de septiembre hay paro nacional docente. Convocan CTERA y la FND (Federación Nacional Docente) de la CTA Autónoma. Desde el SUTEF (Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego), adherimos a la medida y viajará a Buenos Aires la Secretaria General Adjunta, Verónica Andino, encabezando una delegación de compañeros y compañeras para participar de la marcha. 


Las consignas de la convocatoria son:

- Reapertura de paritaria.
- Inmediata recomposición salarial.
- No a la armonización de las cajas previsionales ni al aumento de la edad jubilatoria.
- Mayor presupuesto educativo.
- Rechazo al operativo de evaluación Aprender 2016.
- No a la exclusión de tutela sindical de los docentes fueguinos, nulidad de las exoneraciones y repudio a las amenazas a dirigentes docentes de Misiones.
- No a la limitación del derecho a huelga y devolución de los días caídos en Chaco según dictaminó la justicia.
- Por la convocatoria a un paro general por parte de CGT y CTA.


El presupuesto de las universidades argentinas para 2017

(Por Gastón Godoy. Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viernes 23 de septiembre de 2016)- El proyecto de presupuesto 2017 que presentó el Poder Ejecutivo prevé 75 mil millones de pesos para las universidades nacionales, un 23 por ciento más que los fondos asignados este año. La cifra que había solicitado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) era de 85 mil millones. Mientras algunos rectores consideran que los recursos presupuestados serán suficientes para el sistema, otros rectores advierten que no hay fondos previstos para el desarrollo de las universidades. Por su parte, los sindicatos de profesores denuncian un ajuste presupuestario y de los salarios: en ese marco, el martes que viene realizarán paros y protestas para reclamar la reapertura de las paritarias.

El presidente del CIN, Guillermo Tamarit, integrante del bloque radical de rectores, dijo a este diario que el proyecto de presupuesto del Gobierno es “satisfactorio”, y rescató la “buena predisposición y el esfuerzo” de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). “La propuesta del CIN siempre es aspiracional, ideal, y esta brecha es la más pequeña de la historia entre lo que pedimos y recibimos”, opinó Tamarit, pero aclaró que van a seguir bregando por los recursos que había solicitado el consejo.

Desde el bloque peronista, plantearon otra mirada. “Hay una diferencia entre lo que calculó el CIN y la propuesta del Ejecutivo, nosotros mantenemos la necesidad de contar con los 85 mil millones de pesos, lo necesario para funcionar correctamente”, dijo a Página/12 Rodolfo Tecchi, vicepresidente del CIN. Tecchi advirtió que, si no se cumple con ese monto, seguramente necesitarán “refuerzos extra”. Tecchi dijo que uno de los mayores problemas es que se mantiene un “congelamiento de las plantas de personal”, que “no figuran los fondos para infraestructura universitaria”, y además “se eliminaron los recursos que se asignaban para financiar los medios audiovisuales de las universidades, que el año pasado fue de 40 millones”. Las más afectadas son las universidades nuevas, que cada año precisan ampliar su estructura edilicia y la cantidad de trabajadores docentes y no docentes.

Otro rector del espacio peronista lo resumió así en diálogo con este diario: “El presupuesto elaborado por el Gobierno cubre las urgencias de la foto actual del sistema. Pero nos preocupa porque excluye los fondos necesarios para el desarrollo universitario. No hay voluntad política para invertir en el futuro del sistema, hay una idea de congelarlo”.

El 30 de septiembre habrá en Jujuy un plenario del CIN y allí los rectores discutirán más en profundidad el proyecto oficial de presupuesto. La idea es que asista el ministro de Educación, Esteban Bullrich.

Mientras tanto, los rectores del CIN vienen manteniendo reuniones con distintos referentes de los bloques parlamentarios, para anticiparse al debate por la ley de presupuesto: ya hubo encuentro con legisladores del Frente Renovador, de la UCR y del Bloque Justicialista. Para los próximos días están agendados encuentros con diputados del Frente para la Victoria, el PRO y el FIT.

La subsecretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela, aseguró que “además de los 75 mil millones que figuran en la planilla, habrá 1247 millones para becas –lo que significa un aumento del 40 por ciento– y también 2200 millones para el programa Fundar –representa casi un 90 por ciento de aumento–, que atiende la articulación con la secundaria, la expansión, desarrollo e inversión de las universidades y mejoramiento de carreras”.

En respuesta a los cuestionamientos, Tavela dijo que las universidades nuevas que deban ampliar su planta docente podrán hacerlo “sin problemas, pero deberán discutirlo con el Ministerio de Educación”. También se refirió a la demora del Gobierno en girar a las casas de estudios los 500 millones de pesos anunciados por Mauricio Macri el 2 de mayo para atender las necesidades generadas por el tarifazo y la inflación. Todavía falta girar 113 millones. Según Tavela, se girarán a las universidades una vez que se “normalice la situación del gas y la luz”.

Los sindicatos de profesores universitarios no están ajenos a la discusión presupuestaria. “La inflación supera el 40 por ciento, queremos un aumento presupuestario a esa medida, esto es insuficiente”, dijo Pedro Sanllorenti, secretario general de Conadu. Tanto esa federación como la Conadu Histórica convocan a participar de las protestas del martes 27, en reclamo de un nuevo incremento salarial. “La situación no da para más, inflación, devaluación, tarifazo... Nuestro salario ya retrocedió y no vamos a regalar más”, señaló Luis Tiscornia, secretario general de Conadu Histórica, que también exigió “un aumento presupuestario de emergencia”.


domingo, 25 de septiembre de 2016

Sudáfrica: la policía cargó contra los manifestantes que exigen educación gratuita

(DemocracyNow! Nueva York, jueves 22 de septiembre  de 2016)- En Sudáfrica, la policía lanzó gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento contra estudiantes de la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo, que se manifestaban por segundo día consecutivo contra el aumento del 8% en las matrículas propuesto para 2017. Los estudiantes piden que la educación sea gratuita.

El año pasado, multitudinarias manifestaciones estudiantiles desarrolladas en todo Sudáfrica obligaron a la universidad a revertir sus planes de aumentar la matrícula para este año académico. El martes, al menos 30 estudiantes fueron arrestados por la policía y varios de ellos resultaron heridos. Las manifestaciones han obligado a la universidad a cerrar sus puertas durante esta semana. También la Universidad de Ciudad del Cabo permaneció cerrada el miércoles por temor a que se desarrollaran manifestaciones de protesta.


viernes, 23 de septiembre de 2016

El martes que viene vuelven a parar todos los docentes del país

(El Día. La Plata, miércoles 21 de septiembre de 2016)- La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), principal organización docente del país, y la Unión Docentes Argentinos (Uda), con mucha fuerza en el interior, definieron ayer a la tarde realizar un “paro nacional” el próximo martes 27 de septiembre.

Como se sabe, la seccional bonaerense de Ctera es el Suteba, integrante del Frente Gremial junto con Uda y otras instituciones, de modo que las clases también se verán profundamente afectadas en territorio provincial.

El principal reclamo es la reapertura de las paritarias, una posibilidad que hasta ahora fue rechazada en forma tajante por el gobierno nacional y el bonaerense.

Volviendo a la medida de protesta, cabe destacar que la Feb -el otro gran sindicato docente de la Provincia junto con el Suteba- se encuentra consensuando con el resto de las federaciones para “convertir el paro del 27 en una gran huelga nacional”.

La organización a nivel país que integra la Feb es Docentes Argentinos Confederados (Dac), de la que también participan gremios porteños y del interior.

En esa “mesa de consenso” están trabajando en conjunto la Ctera (Suteba en la provincia de Buenos Aires ), Dac (Feb en territorio bonaerense), la Uda, los privados del Sadop y los universitarios de la Conadu.

Conadu ya confirmó que movilizará, pero aún no definió la fecha del paro. En caso de que se sume, ese día no habría clases en todo el país y en ningún nivel de la enseñanza.

La primera huelga nacional docente se llevó a cabo el miércoles 24 de agosto último con un nivel de adhesión que superó el 80% según fuentes gremiales nunca desmentidas por las autoridades, quienes calificaron la medida como “irracional”.

Aquel día, de acuerdo a datos brindados por integrantes de diversas comunidades educativas, el paro logró una adhesión de “entre el 80 y el 90% en La Plata, Ensenada y Berisso y de entre el 60 y el 70% en Brandsen, Magdalena y Punta Indio”. Un acatamiento “masivo”, superior al 90%, en los colegios de la Universidad Nacional de La Plata, y “dispar” en las facultades.

La discusión entre el gobierno y los docentes pasa por los números de la inflación.

Las autoridades dicen que la inflación irá bajando hasta fin de año, por lo que no tendría sentido reabrir la paritaria.

Los maestros y profesores plantean que los aumentos otorgados a principios de año ya fueron “licuados” por la “estampida inflacionaria” y que “nadie garantiza que ese proceso vaya a frenarse; de todos modos el incremento de sueldos ya se perdió”, enfatizan.


miércoles, 21 de septiembre de 2016

¡Que viva la Santa Evaluación!

El peronista, hoy diputado por Cambiemos, Eduardo Amadeo, el señor de la foto que acompaña, acaba de publicar un nota de opinión acerca de los beneficios que traerá consigo una Ley de Evaluación Obligatoria del Impacto de los Programas Sociales cuyo proyecto el bloque del que forma parte acaba de presentar al Congreso de la Nación.

Lo insólito es que, para describir las mejoras por venir, toma como ejemplo... ¡la evaluación educativa impulsada por el gobierno de México! 

Al parecer el "especialista" ni siquiera lee las páginas de los diarios que dan cuenta de las multitudinarias marchas de los maestros mexicanos, sus huelgas y cortes de ruta, sus manifiestos y declaraciones, la represión fortísima, los despidos, las detenciones y asesinatos que las "fuerzas del orden" han  debido desatar para que la administración de Peña Nieto pueda imponer la celebrada y necesaria "evaluación". ¿Por qué será que los evaluandos se resisten a ser evaluados?

Vaya beneficios de la obligatoriedad... Increíble.


martes, 20 de septiembre de 2016

La tablita de Balagué

Y se siguieron sumando especialistas al rechazo. Llegó el turno del Colegio de Médicos; antes habían sido las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, los profesionales del SIPRUS (Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad),  los miembros del AMRA (Asociación de Médicos de la República Argentina) y los trabajadores de la ASyT (Área de Salud y Trabajo) de la universidad.

De esta manera no ha quedado ningún agrupamiento de profesionales de la medicina sin expresar su rechazo a esta "novedosa normativa" -según se la calificó desde el gobierno- con que pretenden recortar derechos a la licencia y a la salud que tienen décadas de vigencia. Todos se han pronunciado contra las afirmaciones de la ministra de Educación de la provincia Santa Fe, Claudia Balagué.

¿Acaso pretenden que se sigan juntando firmas y siglas...?

A esta altura resulta evidente que su original criterio de evaluación de las licencias médicas es una manera camuflada de imponer recortes en el ámbito laboral. El nombre de la funcionaria quedará para siempre, en la memoria de los laburantes santafesinos, asociada a ese sustantivo nefasto; la posteridad guardará, sin duda, un lugar en el estante de las curiosidades dañinas para la tablita de Balagué.


domingo, 18 de septiembre de 2016

Marcha a diez años de la segunda desaparición de Jorge Julio López

¡BASTA DE IMPUNIDAD Y ENCUBRIMIENTO! 14.30 horas de Congreso a Plaza de Mayo
Desde Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior) llamamos a movilizarnos a 10 años de la desaparición de Jorge Julio López junto con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Reproducimos el comunicado del Encuentro:
¡¡PASAN LOS GOBIERNOS, SIGUE LA IMPUNIDAD!!

•NO A LA PROFUNDIZACIÓN DEL AJUSTE Y LA REPRESIÓN DE MAURICIO MACRI Y LOS GOBIERNOS PROVINCIALES.
•NO A LA POLÍTICA DE RECONCILIACIÓN CON LOS GENOCIDAS.
Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la segunda desaparición de Jorge Julio López.
No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.
30.000 compañeros detenidos-desaparecidos ¡presentes!
A pocas semanas de cumplirse diez años de la segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López, las organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunciamos las políticas de impunidad y reconciliación con los genocidas que promueve el gobierno nacional de Mauricio Macri.
Los dichos de Darío Lopérfido –quién continúa siendo funcionario de la Ciudad de Buenos Aires -sobre la cantidad de desaparecidos y sus agravios contra los sobrevivientes no fueron exabruptos. Se inscriben en las recientes declaraciones de Macri, cuando dijo “no saber” cuántos fueron los desaparecidos y habló de “guerra sucia” para referirse al genocidio perpetrado por la dictadura.
Detrás de esto, hay una política clara. Su gobierno apunta a involucrar a las fuerzas armadas en la represión interna, con la excusa del “combate al narcotráfico”. El verdadero objetivo son las protestas y movilizaciones de los trabajadores y el pueblo contra el ajuste y el tarifazo que están aplicando el gobierno nacional y los gobernadores provinciales.
La impunidad de los genocidas es funcional a este plan. Los decretos de “autogobierno” de las fuerzas armadas, el desfile del carapintada Aldo Rico y de los genocidas del “Operativo Independencia” en los festejos del Bicentenario; los acuerdos para instalar y mantener bases militares extranjeras; los llamados a la “reconciliación” y a “cerrar las heridas del pasado”; las entrevistas del secretario de Derechos Humanos Avruj,  con los grupos defensores de los represores; el aval político del Ministerio de Justicia al otorgamiento de prisiones domiciliarias a genocidas condenados;  el intento de imponer una política de olvido y de reinstalar la teoría de los dos demonios, forman parte de la profundización represiva que sufrimos como pueblo. Debe enmarcarse en esta política de provocación el intento de conducir con la policía a Hebe de Bonafini a minutos de las rondas de las madres el jueves 4 de agosto, más allá de las profundas discrepancias que tenemos con Hebe de Bonafini particularmente alrededor de su respaldo a la designación como Jefe del ejército del genocida César Milani, el silencio cómplice frente a la segunda desaparición de Jorge Julio López y,  fundamentalmente,  con la política de cooptación y uso del kirchnerismo de las organizaciones populares que graficó “sueños compartidos”.
Los palos a los obreros de Cresta Roja y Mascardi en la Panamericana; el encarcelamiento de dirigentes opositores en Jujuy; la represión a los empleados municipales de La Plata; el “protocolo represivo” de la ministra Bullrich; el apoyo a la represión contra los trabajadores en Santa Cruz y Tierra del Fuego; la represión  a militantes de la Asociación de Medieros y Afines (ASOMA)- FNC y de la CCC detenidos por reclamar Tierra para producir; la represión a los jubilados en el Puente Pueyrredon; la represión en Mar del Plata a vecinos que se manifestaban contra la visita y el acto de Macri, queriendo dejar el hecho como un ataque al presidente; el atentado en el domicilio a la abogada de DDHH Laura Figueroa, querellante en varias causas contra los genocidas en la provincia de Tucumán, demuestran también el intento de profundizar la represión para aplicar su política de ajuste brutal y hambre a nuestro pueblo.
Tiene la misma significación la persecución a los dirigentes sindicales combativos como el Pollo Sobrero y el sindicato azucarero del Ingenio Ledesma que busca la restricción al derecho de huelga en consonancia del fallo de la corte suprema.
El 18 de septiembre se cumplirán diez años de la segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López. Mientras tanto, un tribunal acaba de decidir el otorgamiento de prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, su torturador y principal sospechoso por la segunda desaparición de Julio. Hay en esta resolución una clara cuestión política, esta medida está alineada a las voces de los apologistas del genocidio perpetrado por la Dictadura Cívico-Militar claramente expresada en el editorial del Diario La Nación , ratificada luego por el Ministro Avruj quien recibió a familiares y admiradores de los reos encarcelados por delitos de lesa humanidad, o la del presidente Macri volviendo negar la responsabilidad del Estado en el genocidio denominándolo “guerra sucia”.
Durante más de nueve años, desde los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se silenció su ausencia. Nunca se investigó a los genocidas participes de su segunda desaparición y su entorno. Jamás se indagó a Etchecolatz y su entorno, para asegurarse un pacto de gobernabilidad con la maldita policía bonaerense que siguó asesinando, secuestrando y desapareciendo a cientos de jóvenes impunemente como demostró el escandoloso asesinato de Luciano Arruga. Ahora, el macrismo quiere a Etchecolatz en su casa y los jueces Alejandro Esmoris y Germán Castelli resultaron  funcionales a su política.
No podemos dejar de señalar que durante los gobiernos Kirchneristas sumaban 441 represores –sobre unos 2.000 imputados– los beneficiados con prisión domiciliaria, se promulgaron las Leyes Antiterroristas, se involucró a las fuerzas armadas en el control de las fronteras en la supuesta “lucha contra el narcotráfico y en tareas de “asistencia social” militarizando a los barrios populares; y se nombró al genocida César Milani al frente del Ejército, asignándole un abultado presupuesto para equipamiento en inteligencia interna.  En los últimos doce años hubo presos políticos, criminalización de la protesta y condenas a luchadores, veinte muertos en protestas y movilizaciones, patotas sindicales, Proyecto X, Berni, gatillo fácil, torturas en las cárceles y comisarías.
Por todo esto, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a una cita de honor el 18 de septiembre en Plaza de Mayo, al cumplirse diez años de la segunda desaparición de Jorge Julio López.
Por Julio y por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos; contra el ajuste y la represión y en apoyo a todas las luchas de nuestro pueblo en defensa de sus derechos, por un país sin opresión y explotación.
¡APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ!
¡BASTA DE ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD!
¡NO A LA DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ!
¡CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS!
No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.30.000 compañeros detenidos-desaparecidos  ¡presentes!

viernes, 16 de septiembre de 2016

La toma

Las más de treinta hectáreas fueron ocupadas hace cuatro meses. El predio llevaba décadas deshabitado y encima se había convertido en un basural peligroso, de esos que junta a las ratas y los rateros. Y fue por eso que muchos vecinos de los barrios vecinos apoyaron la toma.

El de comienzos de este septiembre es el segundo desalojo que sufren en lo que va del año. El primero fue brutal, hubo heridos de balas de goma y palazos policiales, de esos con saña. Ni bien se repusieron, que a decir verdad fue rápido, organizaron una movilización al municipio de Esteban Echeverría. Los atendió el secretario de Tierra y Vivienda, quien justificó el desalojo argumentando que “no esperen otra cosa si ocupan un lugar que no es propio”. No agregó palabra, es decir ninguna respuesta al problema de la falta de vivienda que sufren miles de familias del distrito. Así que siguieron  adelante con la ocupación y se decidieron a levantar las precarias construcciones que habitan.

Y ahora un nuevo desalojo. La Municipalidad mandó topadoras para barrer con las casas de los habitantes. Después de la andanada represiva para correrlos y los representantes fueron a parar a la seccional. Los ocupantes pasaron la noche en vigilia, aguantaron hasta bien entrada la madrugada a que liberaron a los detenidos.

La fiscal, que quería retenerlos en la comisaría hasta la mañana siguiente, tuvo que ceder. Una vez que estuvieron todos afuera se realizó una pequeña reunión para acordar cómo van a seguir la pelea. La primera iniciativa es la de convocar a una reunión general, grande, con todos los que en este momento vaya a saber uno dónde se refugiaron, para el sábado a la tarde.

Se lava la cara frotando fuerte, y arma el mate mientras se manda al buche un pedazo grande de pan con manteca. De pronto advierte que su hijo, temeroso y asombrado, lo mira con los ojos grandes desde un costado de lo que queda de la casilla: “Dale, vos -le dice entonces- terminá la leche y vestite rápido que se hace tarde para la escuela”.

miércoles, 14 de septiembre de 2016

España: la Plataforma Estatal por la Escuela Pública convocará a una huelga en otoño contra las "reválidas"

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública baraja convocar una huelga en otoño contra las reválidas de ESO y Bachillerato que se implantan este curso, una medida de protesta que enmarcan en las nuevas movilizaciones que están preparando y que se decidirá en una asamblea el próximo día  el 27 de septiembre.

La propuesta de convocar una huelga se planteó ayer en una reunión en la que dicha plataforma se centró en la puesta en marcha de las reválidas, último eslabón de la implantación de la LOMCE, ya que consideran que “la puesta en marcha de las reválidas es uno de los mayores ataques sufridos por la educación en el Estado Español, por lo que decidieron preparar nuevas movilizaciones contra las mismas para conseguir su eliminación.

Las entidades que componen la Plataforma Estatal coinciden en que es inaceptable que las reválidas, que han cosechado un rechazo unánime de la Comunidad Educativa, hayan sido puestas en marcha, al publicarse en el BOE el Real Decreto que las impone el 30 de julio, y se vayan a realizar por primera vez al finalizar este curso escolar.

Y es que creen que “el modelo de reválidas pertenece a un modelo educativo del pasado, excluyente, segregador, elitista, que estaba configurado para que, mediante este nefasto instrumento de las reválidas, se cribara a la inmensa mayoría del alumnado” y recuerdan que “en el momento de su eliminación, llevada a cabo con la reforma educativa realizada en 1970, de cada 100 alumnos que empezaban la Educación Primaria, sólo 27 lo podían hacer en Secundaria y un demoledor por exiguo 3% llegaba a la universidad”.

Denuncian desde dicha plataforma, a través de un comunicado, que  “LOMCE quiere, mediante dichas reválidas, recuperar ese modelo de expulsión del alumnado del sistema educativo de forma prematura, derivando en todo caso a una parte antes de finalizar dicha expulsión hacia una formación profesional devaluada, mediante la puesta en marcha de la Formación Profesional Básica y la insistencia de considerar al alumnado de formación profesional de segunda categoría”.

Y también creen que con ello se va a impulsar  “la privatización del sistema para asegurar que mientras que las familias con bajos recursos económicos ven cómo sus hijos e hijas tienen todo tipo de barreras para avanzar en su proceso educativo y en su progreso social, aquellas que tienen recursos podrán garantizar a sus hijos e hijas una titulación de acceso fácil y un escenario de preservación de las élites que les harán la vida mucho más cómoda”.

Por todo ello, la Plataforma Estatal, que sigue realizando actuaciones en contra de la LOMCE, ha valorado la puesta en marcha de otras nuevas centradas de forma específica contra las reválidas. Entre ellas, se ha debatido sobre una posible convocatoria de huelga que se ha propuesto en el seno de la misma, que se convocaría en principio en la segunda quincena de octubre o quizás en la primera de noviembre, aunque la Plataforma Estatal tomará una decisión definitiva en la próxima reunión, fijada para el 27 de septiembre. Por lo que, para tomar una decisión, consultarán a las plataformas autonómicas y locales para que valoren las opciones de movilziacion y la posible huelga.


martes, 13 de septiembre de 2016

Entrevista con el Presidente de la Federación de Estudiantes de la entidad jesuita de Chile, Gustavo Orellana: “En la Universidad Alberto Hurtado rompieron su propio récord: 289 expulsados”

(Por Andrés Figueroa Cornejo. Rebelión, Barcelona, viernes 9 de septiembre de 2016)- El movimiento estudiantil de la Universidad jesuita Alberto Hurtado (UAH) ha permanecido en el ojo del huracán de los medios masivos de comunicación dominantes. El objetivo: criminalizar, satanizar y aniquilarlo premeditadamente. El reciente 3 de septiembre, la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), máxima agrupación del sector en el país, se reunió en la sede de la de la UAH para brindar su respaldo a las y los jóvenes perseguidos y sancionados.

El Presidente de la Federación de Estudiantes de la UAH, Gustavo Orellana Acuña, señala que “Los grupos que controlan la U son el Partido Demócrata Cristiano, la alta jerarquía de la congregación católica de la Compañía de Jesús, una fracción del Partido Socialista. Y la gente que representa esos grupos tiene en común provenir del ex Movimiento de Acción Popular Unitario (Mapu), un partido de izquierda en sus orígenes y que devino en un grupo de interés asociado al poder, al lobby profesional y a la inteligencia política (en términos de represión y control social). Por eso la dirección tiene tanto apoyo de la actual ministra de Educación, Adriana Delpiano, también ex Mapu”.

Y añade que “el movimiento estudiantil en la UAH comenzó a formarse con seriedad el 2010, cuando se terminó el ciclo de federaciones impuestas por la dirección de la entidad con los partidos políticos de la Concertación (hoy Nueva Mayoría). Desde entonces las y los estudiantes logramos construir un petitorio histórico y por el cual seguimos luchando hasta hoy”.
-¿Qué demandas considera?

“Son tres puntos básicos. Terminar con el subcontrato y la tercerización de los servicios de aseo y guardias privados de seguridad. No para que dejen de existir esos servicios, sino que para que sean un cuerpo de trabajadores/as de la propia institución. Por otra parte, la democratización de la UAH y un gobierno triestamental (académicos, trabajadores, estudiantes) con voz y voto. Acá no existe ninguna instancia en la que podamos participar en las decisiones sobre la vida universitaria. Y por último, un financiamiento adecuado y la gratuidad universal. Al respecto, es preciso recordar que la UAH se define por su rol público, pero en la realidad las carreras, en promedio, cobran alrededor de 3 millones de pesos al año (USD4.470).”

-La UAH tiene 18 años de vida. ¿Cuándo comenzaron a ser castigados por la autoridad?

“El 2010 fue expulsada la primera Federación de estudiantes democráticamente elegida. El argumento que usó la dirección fue que se les habían ‘perdido los papeles del crédito universitario’ de los miembros de la Federación. Como se trataba de estudiantes empobrecidos, fueron inmediatamente expulsados por incapacidad de pago del arancel.

Posteriormente, hubo una serie de sumarios (procesos punitivos jurídicos internos) en contra de dirigentes estudiantiles que se destacaban por ser organizadores del movimiento. El 2012 se produjo la primera toma de la UAH, donde también se realizó el primer ingreso de las Fuerzas Especiales de Carabineros (policía militar chilena) a las dependencias de la universidad.

El movimiento estudiantil, al igual que en todo el país, cobró mayor masividad, hasta que, desde las bases, llegamos nosotros a la Federación. Nuestro objetivo hasta hoy es recuperar la Federación para las y los estudiantes porque los dirigentes anteriores fueron siempre funcionales a los intereses de la dirección de la UAH, de los gobiernos nacionales de turno y del Estado. Luego de muchas dificultades interpuestas por las autoridades de la institución, logramos ganar la Federación en noviembre de 2015. A la semana de asumir el máximo organismo democrático estudiantil de la universidad, ya la dirección había sumariado a nuestro jefe de campaña. Hasta el momento en que llegamos a la Federación, la autoridad universitaria había sumariado a 8 estudiantes. Mientras tanto, rápidamente los estudiantes volvieron a la política universitaria, volvieron a llenarse las asambleas, los consejos de Federación volvieron a estar al servicio de las carreras. Ello comenzó a incomodar a la dirección.”

-¿Y cómo se expresa el malestar de los dueños de la UAH?

“Con más sumarios en contra de los estudiantes. A nuestro propio jefe de campaña se le hicieron tres sumarios consecutivos justo en días de exámenes. De ese modo, como no fructificaron los cargos falsos que le imputaron, entonces se le expulsó por razones académicas. En enero de 2016, temporada de vacaciones, fueron sumariados 8 jóvenes más, de los cuales 7 quedaron en situación de ‘condicionales’. Ahora bien, la política de los sumarios se basa en castigar a los estudiantes que solidarizan con los estudiantes sumariados anteriormente. Es el absurdo completo.”

-¿Qué pasó con el rector Fernando Montes (S.J.)?

“Fernando Montes estuvo 18 años de rector y en su gestión se registró la mayor cantidad de sumarios en contra de estudiantes de educación superior a nivel de país desde el retorno de los gobiernos civiles. Después de Montes, en marzo de 2016, asumió la rectoría el decano eterno de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Eduardo Silva (S.J.). Su historial está marcado por la deslegitimación frente a los trabajadores. Sin embargo, a su investidura asistió incluso la presidenta Michelle Bachelet, dándole un respaldo gubernamental incondicional.”

-Entre el 9 de junio a principios de agosto de 2016 ustedes realizaron una movilización general…

“Siempre tras el petitorio histórico que levantamos. En el proceso de movilización se efectuó una toma y la autoridad desplegó toda su represión sobre nosotros. Una de las estrategias de criminalización en nuestra contra consiste en responsabilizarnos de supuestos daños sufridos por la UAH durante la toma. Para eso la dirección empleó montajes (armados) fotográficos muy pobres. También utilizó la amenaza de calificarnos académicamente con la nota mínima para intentar obligarnos a volver a clases sin ninguna demanda estudiantil cumplida, ni diálogo, ni negociación. Alrededor de un 25% del estudiantado fue castigado con las peores evaluaciones por seguir movilizado. La reprobación de una cantidad de asignaturas determinadas es causal de eliminación de la institución. En ese rango hoy existen 1.158 estudiantes, quienes quedaron en calidad de ‘condicionales’, mientras que, por lo mismo, fueron expulsados inmediata y formalmente 264 jóvenes (el 30 de agosto de 2016). Para las expulsiones primó un criterio político, independientemente de la excelencia académica de los estudiantes. El argumento fue la condición de representantes estudiantiles y su compromiso con las demandas del movimiento. Asimismo, el día de un plebiscito del movimiento estudiantil y durante una segunda toma de las dependencias universitarias, según un listado de las Fuerzas Especiales de Carabineros, se ‘individualizó’ a un grupo de 25 estudiantes a quienes se les acusó de los supuestos daños de la primera toma (!).”

-¿Y existen pruebas para semejante acusación?

“Ninguna. De los 25 jóvenes, tres fueron notificados de su expulsión y los otros 22 de la suspensión de un año (dos semestres), lo que, en los hechos, significa la expulsión porque se pierden las becas y la continuidad de los estudios. En general, de los casi 290 estudiantes sancionados en total, la inmensa mayoría somos jóvenes pobres. No podemos estudiar sin becas.”

-El último día de agosto ustedes ingresaron a rectoría con un petitorio…

“En efecto. El rector Silva hasta ese momento, sólo había sostenido una reunión con la Federación estudiantil donde se limitó a reiterar sus negativas al diálogo. El ingreso a rectoría contaba con solicitudes bien sencillas: consensuar un nuevo reglamento de convivencia universitaria y formularlo triestamentalmente; consensuar un protocolo de movilización para evitar sanciones y represalias; y la reincorporación inmediata de los casi 290 estudiantes sancionados. El rector Silva, una vez más, se negó a todo y nos dijo que los tribunales de la UAH son autónomos, toda vez que sus miembros son designados por el propio secretario general de la institución, el demócrata-cristiano José Miguel Burmeister.”

-¿Cuáles son los poderes de José Miguel Burmeister?

“Todos. Es el nexo entre los grandes empresarios que forman el Consejo Superior de la universidad con la dirección. De hecho, Burmeister sesiona como secretario general en ambas instancias, cuestión que ni el rector puede hacer.”

-¿Quiénes son los ‘personajes’ más relevantes en el consejo superior?

“Eugenio Tironi (cabeza de un importante grupo económico del país); Andrea Vial (productora ejecutiva de Televisión Nacional de Chile); un miembro del grupo económico Saieh vinculado a la propiedad de bancos; el responsable provincial de la Compañía de Jesús, Cristian del Campo.”

-Ustedes caracterizan a la coyuntura de la UAH como situada en una crisis institucional…

“Con las represalias y sumarios, tres carreras ni siquiera tendrán egresados este año. Más de mil estudiantes no podrán seguir estudiando porque ya no tienen becas. Hay profesores que se han ido por cuenta propia y otros que han sido echados por apoyar la movilización. ¿No es una verdadera crisis institucionalidad que una universidad jesuita, la congregación del Papa; una entidad educativa que se dice sin fines de lucro y de carácter público, y que sostiene un relato progresista, humanista y de servicio a la comunidad, deje a su suerte a tantos jóvenes empobrecidos? Estamos hablando de una institución que sí recibe aportes del Estado para que estudiantes empobrecidos puedan estudiar. A estas alturas, aquí ya se perdió cualquier criterio académico y humano. Sólo prima la política de reprimir al movimiento estudiantil. La ministra de Educación, Adriana Delpiano públicamente apoyó al rector y sus medidas en nuestra contra. O sea, la crisis adquirió un carácter de Estado.”

-El miércoles 31 de agosto pasado, otra vez irrumpieron las Fuerzas Especiales de Carabineros a la universidad…

“A punta de golpes, lumazos, gases antimotines, dejando más de seis estudiantes lesionados de gravedad, y a una trabajadora migrante y subcontratada que además está embarazada, la que fue trasladada de urgencia a la Posta Central de Santiago. No contentos con ello, nos montaron sumarios a 25 dirigentes estudiantiles, entre ellos a tres de los cuatro miembros de la Federación. Ya habíamos sido sancionados antes de los acontecimientos descritos. El objetivo de las autoridades es claro: desfederar y destruir la organización estudiantil. A otro estudiante y a mí se nos procesó penalmente por ‘maltrato de obra de carabineros’, sin más pruebas que la declaración de un carabinero. Quedamos en la comisaría con orden de arraigo y firma mensual. El tribunal determinó 90 días de investigación. Carabineros actuó indiscriminadamente, agrediendo a varios periodistas.”

-Esta política represiva y criminalizadora, ¿sólo cae sobre ustedes?

“En absoluto. Ya van 20 estudiantes expulsados en la Universidad Diego Portales; 30 en la Universidad Cardenal Silva Henríquez; y otras y otros tantos en la Universidad Católica de Valparaíso y de Temuco, y en Universidad Viña del Mar. A ello se suma la política de desfinanciar a otras Federaciones estudiantiles de estudios superiores. En la Universidad de Magallanes la ministra de Educación llegó a destituir a la rectora Roxana Pey por manifestar públicamente su disconformidad con el incumplimiento de la gratuidad de la enseñanza proveniente del gobierno central.”

-Frente a esta política de Estado que reprime ‘ejemplarmente’ toda disidencia, y que, en tanto régimen político en crisis por la corrupción abierta refrendada en todas las encuestas a la población, ¿qué piensan hacer?


“Ante el autoritarismo, la corrupción, la represión, la ausencia de diálogo y democracia, sólo nos queda un camino: generar más organización y apelar solidariamente a un movimiento amplio de defensa de nuestros derechos. Y no abandonaremos la movilización. No lograrán que se naturalice la violencia del Estado en contra de las y los jóvenes que luchan por una causa justa.”


lunes, 12 de septiembre de 2016

Jornada Nacional “A 40 años de la Noche de los Lápices”: los profesores universitarios de Tucumán impulsan un paro que acompañe y refuerce la movilización este viernes 16 de septiembre

“Este viernes 9 de septiembre se realizará un nuevo Plenario de Secretarios Generales de nuestra Federación, CONADU Histórica, para debatir y resolver sobre el Plan de Lucha Nacional.

Como lo resolvió la Asamblea General Docente de nuestro gremio del pasado 31 de agosto, ADIUNT lleva el mandato de proponer al Plenario de la Federación la realización de un paro nacional el viernes 16 de septiembre, en el marco de la JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN que tendrá lugar 'A 40 años de la Noche de los Lápices'.

Ese día habrá machas y concentraciones en todo el país junto al movimiento estudiantil, en defensa de la educación y la universidad pública y gratuita. El mandato de nuestra asociación busca aportar a la consolidación del Plan de Lucha Nacional por la inmediata reapertura de la paritaria, por el Presupuesto y el Boleto Educativo Gratuito, contra el ajuste y el impuesto a las ganancias, por la derogación de la Ley de Educación Superior, entre otros reclamos.

Informaremos, al finalizar el plenario, sus resoluciones."

ADIUNT (Asociación de los Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán)


SUTEBA, seccional La Matanza: "el jueves 15 nos movilizamos con los docentes de la modalidad Adultos a La Plata"

El 26 de agosto nos reunimos con docentes y directivos de la modalidad Adultos de los distintos programas  en el Suteba (Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires), seccional La Matanza, para discutir sobre  a la suspensión en la designación de suplentes para los cargos provisionales de dicha modalidad, y el  descuento indebido (que genera deuda) a los suplentes que  fueron designados o que  han trabajado en  la DGCyE (Dirección General de Cultura y Educación).

Ante esta grave e injusta situación que responde al ajuste y atenta contra la estabilidad laboral y la continuidad pedagógica de los alumnos y  comunidades  de la modalidad  resolvimos:
Movilizar el 15 de septiembre a La Plata. Salimos 8:30 horas de la sede sindical de San Justo, Presidente Perón 2941, Buenos Aires.
POR LA ESTABILIDAD LABORAL
CONTRA LA SOBRECARGA DE TRABAJO
POR LA PLENA VIGENCIA DEL ESTATUTO DEL DOCENTE Y EL REGLAMENTO DE LICENCIAS EN LA MODALIDAD

IMPORTANTE: Los/as compañeros/as que van a participar de la movilización deben anotarse personal o telefónicamente llamando a  la sede sindical de San Justo.


Carta abierta del Sutef (Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego) en el día del maestro



Neuquén: impunidad para los responsables políticos del asesinato del maestro Carlos Fuentealba

(Prensa Obrera, desde Neuquén, n. 1427, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 8 de septiembre de 2016)- El reciente fallo de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén establece el sobreseimiento de los quince imputados en la causa Fuentealba II. Es un nuevo acto de encubrimiento de los responsables políticos del asesinato del docente Carlos Fuentealba.

La resolución emitida en mayo de este año por el Tribunal de Impugnación -que extendía un año más el plazo de la causa- fue anulada por este fallo de la sala penal del TSJ, que declara extinguida la causa Fuentealba II. Se pretende cerrar así un círculo de impunidad.

Todas las alas del partido de gobierno (MPN, Movimiento Popular Neuquino) y todos los poderes del Estado provincial han salido al rescate del ex gobernador Jorge Sosbich, de los funcionarios cómplices y de la cúpula policial. Incluso el Poder Legislativo, por voluntad de sus bloques mayoritarios, rechazó pronunciarse por el castigo a los responsables políticos del crimen.

El asesinato de Carlos Fuentealba fue, sin lugar a dudas, un crimen del Estado contra la clase trabajadora; fue consecuencia de la brutal represión policial emprendida contra el piquete montado por Aten, en el marco del plan de  lucha que los trabajadores de la educación libraban por aumento salarial en abril de 2007.

El juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales del asesinato de Carlos  Fuentealba, es una exigencia irrenunciable de los trabajadores de la educación y del movimiento obrero.