sábado, 30 de enero de 2016

Los maestros entrerrianos exigen una recomposición salarial por encima del 45 por ciento y plantearon un aumento de emergencia a cuenta del 20 % para el mes de febrero

En el día de la fecha se llevó a cabo la reunión de la mesa de negociación convocada por el presidente del CGE (Consejo General de Educación) con la cual se inicia la discusión salarial y una agenda de temas a debatir ya planteados por el sindicato. AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos) pretende una recomposición salarial por encima del 45 % y exige una recomposición de emergencia del 20 % para el mes de febrero a cuenta de la negociación final.
Hoy jueves 28 de enero se llevó a cabo la reunión de la mesa de negociación convocada por el presidente del CGE con la cual se inicia la discusión salarial y una agenda de temas a debatir. En representación del gobierno estuvieron: el Ministro de Gobierno, Mauro Uribarri, el de Economía, Hugo Ballay, el presidente del CGE, José Luis Panozzo y demás funcionarios.

Por AGMER estuvieron presentes el Secretario General, Fabián Peccín, el Adjunto, Alejandro Bernasconi, el Secretario Gremial, Manuel Gómez y la Secretaria de Administración y Actas, Adriana Dechat. Además estuvieron presentes autoridades de AMET, UDA Y SADOP.

El Ministro de Gobierno Provincial expresó la voluntad de diálogo y de dar respuestas a las demandas de los trabajadores y que se iban a realizar esfuerzos para dar la mejor propuesta salarial posible, indicando como central la recuperación del 15 % de coparticipación nacional. A continuación, el presidente del CGE se refirió a las primeras acciones de políticas educativas y a la voluntad de constituir todas las comisiones necesarias para comenzar a trabajar en las demandas que los sindicatos ya han presentado al CGE en oportunidad de la reunión con el gobernador Bordet. 

También se refirió a que se estaba priorizando la reposición de mobiliario y de obras en aquellas escuelas que alojaron familias inundadas, también en la finalización de obras en las escuelas y la decisión de que el INAUBEPRO se haga cargo del transporte escolar, expresando que se va a avanzar en una política a mediano plazo de compra de unidades de transporte propias, como así también retomar las comisiones en cuanto a las reformas necesarias de las resoluciones 1000 y 300 CGE. A continuación, presentó el equipo de paritarios que constituirán la Comisión Negociadora en representación del Poder Ejecutivo en la paritaria salarial.

Desde AGMER, Fabián Peccín señaló que en la primera audiencia con el gobernador de la provincia se le entregó una agenda detallada de demandas y propuestas las cuales fueron reiteradas y exigió que se avance con definiciones y con la conformación de ámbitos para que se trabajen.

En torno a lo salarial señaló la preocupación respecto del proceso inflacionario y del fuerte impacto de la reciente devaluación, además del escenario que se abre a futuro producto del aumento de las tarifas de servicios a partir de la eliminación de subsidios y de aumentos. En ese marco, indicó que AGMER iba a demandar una recomposición salarial por encima del 45 %, con cláusula de revisión en caso de una nueva devaluación y reiteró los criterios y propuestas definidos por la Comisión de Salario y Nomenclador del sindicato respecto de que todo el aumento debe ser en blanco. También señaló que era central en la discusión incorporar la remuneratividad del FONID.

Además, se planteó la necesidad de un aumento de emergencia del 20 % para el mes de febrero con los mismos criterios, a cuenta de la futura recomposición salarial.

También se solicitó que la continuidad de la discusión salarial se de en una mesa de negociación.
Desde el gobierno provincial se reiteró que se iba a avanzar con propuestas concretas a partir de los avances en la paritaria salarial nacional y que habrá una nueva reunión con el Ministro de Economía dentro de los próximos 15 días, quien informó, además, que el cronograma de haberes del mes de enero para los docentes será entre los días 02 y 05 de febrero.

 Finalmente, la Comisión Directiva Central de AGMER convoca a reunión de la Comisión de Salario y Nomenclador para el día martes 2 de febrero y a un plenario de Secretarios Generales para el día miércoles 10 del mismo mes.


viernes, 29 de enero de 2016

No al ajuste en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

En una entrevista en el diario Perfil (ver aquí), el nuevo Presidente del CONICET, Alejandro Ceccatto, realiza declaraciones preocupantes en cuanto a su gestión al frente del principal organismo de Ciencia y Técnica de Argentina. Consultado sobre sus planes a futuro, Ceccatto anuncia sin más que "el CONICET hoy es inviable y necesita un cambio profundo". El "cambio" al que Ceccatto se refiere queda claro de inmediato cuando anuncia que el ritmo de crecimiento actual es insostenible.

Desde Jóvenes Científicos Precarizados (JCP), regional Buenos Aires, queremos denunciar esta intención de hacer pasar un ajuste en el CONICET, reduciendo el otorgamiento de nuevas becas e ingreso a la planta del organismo. Advertimos que estos anuncios se inscriben dentro de una política general de ajuste del Estado, que abarca tanto al Gobierno Nacional de Mauricio Macri como a diferentes gobiernos provinciales de los más variados signos políticos, los que han anunciado en los últimos días decenas de miles de despidos de trabajadores estatales. Nos resulta alarmante que, al nuevo presidente, le parezca necesario poner más topes al crecimiento del número de investigadores, cuando los números actuales de nuestro país están muy por debajo de los alcanzados en los llamados países desarrollados. Mientras allí la cantidad de investigadores que colaboran con el desarrollo oscila alrededor de los 4000 por cada millón de habitantes, en Argentina y según el límite planteado por Ceccatto ("seguir creciendo hasta llegar a los 30 mil investigadores en 4 años”) contaríamos con una cifra menor a los 1000 investigadores por millón de habitantes. Las contradicciones de Ceccatto quedan patentes más adelante en la misma nota, cuando llamativamente -luego de declarar la necesidad de disminuir el crecimiento del CONICET- su flamante titular comenta que el nuestro es "un país con una comunidad científica pequeña".

Asimismo repudiamos los dichos del nuevo Presidente cuando plantea que a los becarios de investigación nos quedan "pocas reivindicaciones sin cumplir" porque tenemos "vacaciones y licencias" y que "ser becario no es una promesa de trabajo". Dado que Ceccatto es funcionario del CONICET desde hace tantos años, llama la atención su grado de desinformación. Las/os becarias/os de Ciencia y Técnica seguimos trabajando hoy en condiciones de extrema precariedad, no sólo en términos de la continuidad laboral, sino porque carecemos de aportes jubilatorios, aguinaldo, asignaciones familiares, verdaderas licencias, entre otras. Por otra parte, los pocos derechos laborales con los que sí contamos no han sido el "regalo" de ningún funcionario, sino que los hemos conquistado movilizándonos y reclamando colectivamente, como ocurrió recientemente con el bono de fin de año y nuestra inclusón en la “jerarquización” que logramos en diciembre. A luces claras, Ceccatto pretende confundir a la opinión pública tergiversando el debate sobre nuestro reconocimiento como trabajadores con el ingreso de todos los becarios a la planta permanente del CONICET. Sin embargo, no da una respuesta a nuestro proyecto de ley "Estatuto del Investigador en Formación", que contempla plenos derechos laborales para todas/os las/os becarias/os en la forma de un contrato a término. Son estas condiciones de precariedad, que venimos denunciando hace 10 años, las que permiten que el ajuste se pueda realizar con mayor facilidad. 

 Desde JCP Buenos Aires realizaremos un pedido de reunión inmediato con el nuevo Presidente del CONICET, de conjunto con las organizaciones gremiales que venimos luchando en defensa de la investigación pública. Hacemos un llamamiento a la movilización de toda la comunidad en defensa de nuestros derechos laborales y en contra de cualquier intento de ajuste en Ciencia y Técnica: en este sentido, como se decidiera durante nuestra última manifestación ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, proponemos realizar una asamblea de becarios e investigadores para discutir un plan de lucha contra el ajuste y por nuestros derechos, el día miércoles 3 de febrero a las 18 horas en el Instituto Gino Germani (Uriburu 970, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

 ¡Investigar es trabajar!

JCP Buenos Aires
Domingo 10 de enero de 2016


jueves, 28 de enero de 2016

Chile: un régimen de subsidios en educación

(Por Emiliano R. Monge. Prensa Obrera, "Internacionales", número 1397, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 21 de enero de 2015)- El 23 de diciembre, el Congreso de Chile aprobó la “ley Corta” de gratuidad en la educación universitaria. La medida afectará a 178.104 estudiantes, lo que corresponde a sólo el 27,5% de todos los universitarios del país (El País, 24/12). El Estado se encargará de pagar los gastos de cada alumno que cumpla los requisitos establecidos. Las universidades chilenas tienen una de las tasas de endeudamiento más grandes del mundo, que recaen sobre el ingreso familiar. El proyecto no es la educación gratuita y pública, sino una ampliación de las becas y subsidios que benefician a los establecimientos privados.

Aún así, Michelle Bachelet viene haciendo sustanciales correcciones tras la presión de la oposición y de su propio gabinete. Disminuyó de 70 a 50% el cupo para estudiantes pobres, debido a la crisis económica que atraviesa el país, y redujo la cantidad de instituciones educativas incluidas en la ley.


La ley intenta rescatar a la educación privada, que mantiene las bases que impuso el pinochetismo. Aunque también, una echada de lastre frente a la movilización de la juventud desde 2011. Por la educación pública y contra el lucro en la educación se produjeron importantes movilizaciones durante la primera administración de la actual presidenta y durante el gobierno de Piñera.

Camila Vallejo (Partido Comunista), que fuera dirigente estudiantil y es actualmente diputada nacional por la oficialista Concertación-Nueva Mayoría, salió a bancar la “ley corta”, que excluye a la mayoría de los estudiantes y significa una transferencia de recursos al sector privado y brinda a los pobres una educación de segunda. 

Pero la contención del movimiento de lucha tiene límites. Manifestaciones de secundarios y universitarios inundaron las calles desde abril. En junio, profesores de educación pública se movilizaron contra la reforma de la carrera docente y convocaron a un paro nacional indefinido. El 22 de diciembre, miles de estudiantes marcharon por las calles de Santiago con la consigna “Ni un peso más al mercado, educación gratuita y de calidad”. Bachelet presionó al Congreso para que la ley fuera aprobada antes de fin de año e implementada antes del inicio de clases.

La orientación de la ley mantiene la lógica del subsidio al estudiante y las políticas mercantiles. Contempla la transferencia de 5.000 millones de pesos chilenos a las universidades privadas (El Dínamo, 24/12), nueve de las 25 en total. La medida no se financia con un impuesto a las grandes ganancias o al capital financiero, sino con mayor presión fiscal sobre los trabajadores. La ley mantiene la precarización y el vaciamiento de las universidades públicas, y normas de reparto basadas en la “calidad” de esas instituciones (una clara valoración en función de las necesidades del mercado). Es un salvataje a la educación privada, que está golpeada por la crisis mundial. El actual ministro de Hacienda dijo que “no podemos con recursos públicos financiar cualquier tipo de institución y carrera” (ídem). Los centros de formación técnica y los institutos profesionales quedaron por fuera de la “gratuidad”, que son en donde se forman los hijos de trabajadores.

La ley presenta una calificación en cinco categorías, según el ingreso familiar (de 50 a 150 mil pesos), por lo que muchos quedarían por fuera del beneficio a pesar de tener salarios que no cubren el costo de vida. Como si esto fuera poco, el objetivo también contempla la eliminación de las actuales asistencias económicas y no se descartan medidas compensatorias como aumento de matrículas o de impuestos. Al no modificar el sistema de la educación secundaria lo que se consigue es un “cuello de botella” entre los niveles.

En oposición al plan de rescate de Bachelet, defendemos las banderas del movimiento estudiantil y docente: abajo el lucro, contra los cupos y deciles, por una educación pública y gratuita.


miércoles, 27 de enero de 2016

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia convoca una movilización independiente por la libertad de Milagro Sala y contra la criminalización de la protesta

Un plenario del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que reunió a los representantes de casi cincuenta organizaciones de derechos humanos políticas y sociales, resolvió convocar para el próximo miércoles 27 a una jornada nacional por la libertad de Milagro Sala y marchar de Congreso a Plaza de Mayo contra la criminalización de la protesta.

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia tiene una trayectoria de 20 años  de lucha  en defensa de las libertades democráticas; enfrentó durante la última década las políticas de represión y cooptación del kirchnerismo.


La detención de Sala -durante años un alfil del gobierno responsable del Proyecto X, César Milani, Sergio Berni y Aníbal Fernández- por los cargos de “instigación al tumulto” y “sedición” se encuadra en los términos de las leyes anti terroristas aprobadas durante los gobiernos kirchneristas. Sus argumentos son retomados ahora por Mauricio Macri y Gerardo Morales para sentar un precedente la protesta popular que enfrenta el ajuste y los despidos que ambos bloques políticos están ejecutando allí donde gobiernan. 

Esta política represiva -que tiene entre sus precedentes la condena a perpetua a los petroleros de Las Heras, reivindicada por los funcionarios kircneristas- fue una de las promesas que Macri les llevó a los grandes buitres con los que se entrevistó en Davos.


martes, 26 de enero de 2016

España: la suba de los aranceles ha dejado fuera de la universidad a 70.000 estudiantes

(Por Gloria Mbilla. Diagonal, Barcelona, lunes 25 de enero de 2016)- La reducción de la cuantía de becas en educación durante los años 2011-2015 ha desembocado en el descontento general de la población hacia un ministerio cada vez peor valorado.

Durante esta legislatura, bajo el mando del Partido Popular, hemos asistido a la mayor desmantelación de servicios públicos de la historia reciente. Uno de los grandes golpes, orquestado por el que ya ha sido nombrado el “peor ministro de la historia de la democracia”, José Ignacio Wert, lo ha recibido la educación pública. Tanto escuelas, institutos como universidades han visto drásticamente reducidas sus partidas presupuestarias mientras se subvencionan centros educativos de carácter privado.

En la educación superior se han encarecido las tasas universitarias, ya de por sí costosas. De todas las comunidades, la que mayor incremento ha experimentado ha sido la Comunidad de Madrid, en la que las éstas se han visto aumentadas hasta en un 65%, a pesar de que tras la investidura de Cristina Cifuentes el pasado mes de mayo se tratase de maquillar esta subida mediante la reducción de un 10%.

Como consecuencia de estos tijeretazos populares, más de 70.000 estudiantes han tenido que renunciar a la universidad debido a que no pueden afrontar los pagos. Uno de estos casos es el de Adrián, quien tras estar cuatro años estudiando ingeniería informática en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid tuvo que abandonar sus estudios debido al coste de las tasas y las trabas para poder acceder a una beca, ya que era necesario un 6.5 de media.

Todo este descontento se ha visto reflejado en las constantes manifestaciones celebradas por todo el territorio español durante cuatro años para exigir la retirada de las medidas. Especialmente importante fue la huelga general del sector educativo el 22 de mayo de 2012, cinco días después de que el Congreso anunciara un recorte de más de 10.000 millones de euros en educación y sanidad.

No sólo los estudiantes han sufrido el batacazo. También se encuentra indignada con las medidas la comunidad docente universitaria, que ha padecido recortes, despidos y ninguneo por parte de la clase política durante estos cuatro años.

Contamos con  la opinión de Jose Carlos Hernández González, uno de los muchos docentes que ha repudiado esta serie de tijeretazos a lo público. Para Hernández, “el peor sitio donde se podía recortar es a educación, además conservando gastos en otros aspectos que no sirven para nada, como una administración elefantésica, unas diputaciones y un Senado que va a sueldo”.

“Que precisamente se haya recortado en educación y sanidad es por lo que este país es la España invertebrada de Ortega, sin pensar que en el futuro nuestra salida es la innovación en la juventud”, añade Hernández.

Tras la sustitución de Wert por Íñigo Méndez de Vigo el 24 de junio de 2015 el Ministerio ha tratado de suavizar las medidas tomadas durante la legislatura y encargó el Libro Blanco sobre la Profesión Docente al filósofo Jose Antonio Marina. 


lunes, 25 de enero de 2016

En Tierra del Fuego, "el gobierno del Frente para la Victoria baja sueldos y jubilaciones, licua su deuda y conculca derechos"

(Central de los Trabajadores Argentinos -CTA- seccional de Tierra del Fuego/Sindicato de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Tierra del Fuego -SUTEF-, Ushuaia, sábado 23 de enero de 2016)-  "Lo hicieron a menos de un mes de gestión, cuando los estatales están de vacaciones, sin consenso con los trabajadores, cortando las comunicaciones, encerrados en la Legislatura sin permitir el ingreso de nadie, y rodeados de un gran operativo policial", señala un comunicado de SUTEF y CTA Autónoma Tierra del Fuego.

"A menos de un mes de haber asumido, Rosana Bertone ha demostrado una gran debilidad, ya que no contó con el consenso de los gremios estatales, no convocó al diálogo y presentó el proyecto 24 horas antes de la sesión, en momentos en que la gran mayoría de los trabajadores reclamaba en contra de esa legislación.

En estos términos se modificó el régimen de jubilaciones. Un régimen que había resistido las modificaciones neoliberales de los ’90 del menemismo al no traspasar la Caja a Nación, ni armonizar y que incluso había logrado beneficios ligados a la situación de zona desfavorable como la ley conocida como “los 25 inviernos”.

Entendemos que estas medidas atentan contra la paz social y atentan directamente con el inicio de clases normales y el desarrollo del ciclo lectivo, ya que todos los estatales, y los docentes en particular, cuando regresen de su vacaciones y se presenten a trabajar se encontrarán con todos sus derechos avasallados, y sobre todo, el régimen jubilatorio docente fueguino, que es lo más sagrado para el sector, en peores condiciones que las del ANSES.


La gobernadora dio un discurso justificando estas medidas donde parece que no sabe o se olvidó que los haberes jubilatorios no se pagaban en tiempo y forma porque el Poder Ejecutivo no enviaba los aportes y contribuciones en tiempo y forma y porque no pagaban una sola cuota de la deuda histórica según Ley 676. Con el sólo hecho de cumplir las leyes no hubiera habido ningún problema con el pago a los jubilados.

Está claro que el problema no es estructural del IPAUSS, ni tampoco el instituto es deficitario como lo quieren hacer ver, sino que el problema está en el manejo de los recursos del gobierno de la provincia para afrontar la deuda y el pago de aportes y contribuciones. Luego le endilga la culpa al gobierno nacional cuando dice que desde Nación les dijeron que cada provincia debe arreglar sus cuentas internas y habrá solamente dinero para obras.

Por supuesto, la fórmula que aplican para resolver el déficit de la provincia es “hacer caja” sacándole dinero a los trabajadores estatales activos y pasivos mediante aportes, aumentarles los años de servicio, bajando la jubilación y el cálculo del haber y principalmente, licuando infinitamente la deuda millonaria que tiene con esos trabajadores. El ajuste pasa por el trabajador. También la gobernadora se dirigió a los trabajadores pidiendo que entiendan que estas medidas eran necesarias y debían ser solidarios. Les pide solidaridad y austeridad a los trabajadores invocando su carácter de persona católica. Sin embargo no les pide austeridad a sus funcionarios y lo aclara específicamente en el mismo discurso.

Los trabajadores han sido saqueados en sus ahorros de la Caja Previsional por el Estado. Ahí no se les pidió solidaridad, se los obligó a ser solidarios, se les robó 208 millones que fueron a parar a los bolsillos de los “nuevos ricos”, empresarios de la construcción, del puerto, de turismo, etc. Nunca el Estado devolvió ese dinero. Y le pide a los trabajadores que sean solidarios, que permitan que les licúen la deuda, que se la paguen “a los premios”, que les quiten el 82 % con un cálculo del haber perjudicial, que le aumenten la cantidad de años para jubilarse y que le descuenten más aportes para la Caja y Obra Social.

Eso, señora gobernadora, no es pedir que los trabajadores sean solidarios, sino es pedirles que se dejen robar, que se dejen avasallar, que se dejen someter. Y la solidaridad debe ser espontánea y no impuesta. Usted impuso esta batería de leyes, no pidió solidaridad. ¿O acaso la solidaridad se pide sin consensuar el proyecto, poniendo centenares de policías entre usted y los trabajadores y no dejándolos ingresar al recinto?

La señora gobernadora está confundiendo solidaridad con sumisión, habla de quitar privilegios a algunos sectores pero termina quitándole derechos de los trabajadores. Repudiamos completamente sus medidas de ajuste que son claramente neoliberales típicas del menemismo y el manfredotismo, repudiamos su falta de consenso, su forma de aprobar las leyes y sobre todo, su intento de querer engañar a la clase trabajadora con palabras floridas en su discurso lleno de errores conceptuales básicos en cuanto a los números del IPAUSS, intentando generalizar hechos completamente aislados como que los hijos se jubilan antes que los padres o que hay personas que se jubilan a los 40 años y tratando de hacerle creer al trabajador estatal que es el culpable porque tiene muchos privilegios. Démosle el nombre real, no son privilegios, son derechos. Derechos logrados durante años de mucho esfuerzo, lucha y sacrificio.

Derechos que acaban de quitarles a los trabajadores. Por supuesto que hay personas con muchas carencias en Tierra del Fuego que necesitan una mejor distribución de la riqueza, pero también hay muchos millonarios que se valieron de los ahorros de los trabajadores, de su esfuerzo. A ellos se les es debe pedir solidaridad, a esos ricos de la isla, a los que saquearon el IPAUSS, a los que siguen saqueando el IPAUSS, a ellos se les debe exigir que hagan “aportes solidarios”, a ellos se les debe aumentar los impuestos y no a los trabajadores que han sabido luchar durante años para adquirir y defender esos derechos, aunque la gobernadora los considere privilegios. Un régimen docente que supimos mantener por 100 años, Bertone lo exterminó en una sesión de 14 horas.

No ha explicado este Gobierno, ni mucho menos los Legisladores que levantaron la mano, porqué se reforma el régimen jubilatorio docente en una emergencia previsional cuando la relación del sector docente es de un jubilado cada cinco activos, lo que hace que este sector docente sea sustentable y lo seguirá siendo siempre debido a la incorporación de activos por el reemplazo inmediato de jubilados y la permanente creación de nuevas escuelas. Es superavitario de acuerdo a los números que pueden verificarse en el IPAUSS por lo cual se vuelve automáticamente solidario con los demás sectores.

Tampoco explicaron qué estudio científico realizaron para cambiar un régimen que ha sido considerado especial, debido a que está comprobado científicamente que la tarea docente presenta vejez prematura por el desgaste físico, psicológico y psicoafectivo. Esto lo ha hecho un régimen especial.

Pero tampoco nadie del Gobierno explica porqué se declara una emergencia para el Instituto cuando el mismo Poder Ejecutivo le debe al IPAUSS una cifra millonaria de contribuciones patronales.
Y además, como broche de una transición con complicidad política que ha garantizado inmunidad, la Gobernadora nombró al ex Ministro de Economía de la gestión Ríos, Rubén Banthje como Presidente del IPAUSS. El mismo Ministro que inició el no pago de los aportes y contribuciones en tiempo y forma al IPAUSS. Un lobo suelto y un cordero atado.

Así empezó a gobernar el FPV, con 250 talleristas sin trabajo en la calle, con 17 docentes en proceso de exoneración por una protesta, con un ajuste sobre los trabajadores, con los PEL sin seguridad de continuidad. Ni un rico preso, ni un funcionario investigado, todo contra los trabajadores. Nos empujan a las calles, porque de algo no hay dudas, los trabajadores vamos a luchar para recuperar todo lo que borraron de un plumazo entre gallos y medianoches de una madrugada nefasta del 9 de enero del 2016, día que será recordado tristemente como el día de la infamia, del despropósito, del autoritarismo y de la imposición.

No queremos ni un derecho menos en Tierra del Fuego. Desde el SUTEF y CTA, además de las acciones gremiales correspondientes, se harán todas las presentaciones judiciales que ameriten, una vez analizado a fondo por el equipo jurídico del sindicato.

En una sesión ordinaria entre el 8 de enero y el 9 de enero, el nuevo gobierno de Rosana Bertone presentó y aprobó una batería de leyes de reforma del IPAUSS, emergencia previsional, tarifaria y el código fiscal. Para ello se valió de la mayoría automática que tiene en la nueva Legislatura y en algunos casos acordó con los bloques de la UCR y MPF. A menos de un mes de haber asumido, Rosana Bertone ha demostrado una gran debilidad, ya que no contó con el consenso de los gremios estatales, no convocó al diálogo y presentó el proyecto 24 horas antes de la sesión, en momentos en que la gran mayoría de los estales estaban de vacaciones. Además, para asegurar que la protesta de los sindicatos no genere abrir un canal de negociación, cortaron las comunicaciones telefónicas de celulares e internet en Ushuaia y montaron un operativo policial impresionante, sin precedentes en las sesiones en ‘El Almirante’, ya que cuadras antes de llegar al lugar había vallados policiales y presencia de antimotines, tal cual lo hicieran en la transición cuando juzgaron en Tribunales a 33 trabajadores por luchar.

Todos los gremios estatales se hicieron presentes en el lugar para protestar, pero no se les permitió acercarse y mucho menos ingresar al recinto, a pesar de que las sesiones son constitucionalmente abiertas y públicas. La CTA Autónoma había determinado paro, tal como algunos otros gremios. En particular, el SUTEF convocó a concentrar en la CTA y marchar hacia 'El Almirante', a los pocos docentes que permanecían en la isla y no habían viajado en sus vacaciones.

La sesión fue maratónica ya que inició a las 14:00 horas y finalizó cerca de las 2 de la mañana. La batería de leyes aprobadas vienen a garantizar un ajuste que no solo es hacia los estatales, sino a hacia toda la sociedad fueguina ya que prepara el camino para aumentar impuestos inmobiliarios, aumenta impuestos de rentas a los monotributistas de menores ingresos que adherían al régimen simplificado y otras medidas similares, que llevarán a que el ajuste se traslade a los precios de alquileres, ventas y prestaciones de servicio, que pagarán finalmente los ciudadanos, el pueblo de Tierra del Fuego. En un primer análisis, para el sector de los trabajadores, estas leyes lo perjudican más que la Ley 460.

Estos son algunos de los derechos que se perdieron:

Acceso a la jubilación

Aprobaron cambios en la edad jubilatoria que los aumenta en 5 años, en 10 años y en algunos casos hasta en 15 años.

Un docente que hasta ayer se jubilaba con 25 años de servicio, de los cuales 20 años debían ser en la isla y no tenía límite de edad; hoy se encuentra con que se va a poder jubilar a partir de los 50 años.
En tanto, aquellos estatales hombres que hasta ayer accedían a la jubilación ordinaria con 30 años de servicio, de los cuales 20 debían ser en la isla y debían tener 55 años de edad, hoy se encuentran con que aumentarán a 30 años de servicio, de los cuales 20 años deben ser en la isla y deben tener 60 años de edad.

Aquellas estatales mujeres que hasta ayer accedían a la jubilación ordinaria con 25 años de servicio, de los cuales 20 debían ser en la isla y debían tener 50 años de edad, hoy se encuentran con que aumentarán a 30 años de servicio, de los cuales 20 años deben ser en la isla y deberán tener 60 años de edad. (10 años de diferencia).

En tanto, todos aquellos estatales que podían jubilarse con 25 años de aporte a la Caja en Tierra del Fuego (25 inviernos), solamente podrán acceder por medio de la jubilación ordinaria, a los 60 años. (¡¡¡En la mujer hay una diferencia de 15 años!!!).

Aportes extraordinario y diferenciales

Para seguir enumerando pérdida de derechos, a partir de la aplicación de la ley de emergencia aprobada, habrá un aumento de aportes en general para todos los trabajadores activos del 1% y a los docentes se les agrega un 3%. Para la obra social también se incrementarán los aportes.

También los jubilados son alcanzados por aumento en estos aportes. Estos aumentos en los aportes de trabajadores activos y pasivos, se reflejan en un descuento mayor en el sueldo, por lo que el salario de bolsillo recibe una disminución.

Cálculo del haber perdiendo el 82%

En cuanto a quienes se jubilaban hasta ayer, el cálculo del haber se realizaba con el 82% del promedio de los mejores 24 meses de sueldo actualizado de los últimos 10 años. Esto en la docencia significa la mayor pérdida del haber debido a las altas y bajas que el Sistema Educativo presenta tanto en horas cátedras como en cargo.

Es muy difícil que un docente que tiene que tomar más de 1 cargo para cubrir la canasta familiar, mantenga el segundo cargo u horas de suplente o interino por más de 2 años debido a la falta de titularizaciones. En efecto, se le dan de baja cuando termina el año lectivo y debe volver a tomar en marzo cuando inicia el nuevo ciclo. Por ello la importancia de los mejores dos años en el sector docente.

Sin embargo, con la nueva ley, pasará a cobrar el 82% del promedio de los últimos 120 meses, (10 años) lo que significa una importante baja en su cálculo del haber que en la mayoría de los casos significa una pérdida del 25% y es mayor en el sector docente debido a las altas y bajas y la diferencia de antigüedad. Por esto, con este cálculo del haber, el nuevo 82% que votaron es mentiroso ya que representará solo un 61,5% y aún menos en ciertos casos, de lo que es el sueldo en la actualidad.

Pérdida de autarquía y mínima representación en Directorio de los trabajadores al desdoblar el IPAUSS

Al separarse la Caja de la Obra Social, con la nueva ley, el directorio contará con solo un representante por los activos y uno de los pasivos en cada uno de los institutos. Sin embargo el Poder Ejecutivo nombrará al presidente y vice, lo que asegura la mayoría automática por el voto doble del primero en caso de empate.

Pero además, las atribuciones del presidente son mayores que las que tenía en el IPAUSS. Es decir, muchas cuestiones que debían someterse a votación en el Directorio, ahora serán definidas solamente por el presidente, quedando la autarquía del IPAUSS completamente vulnerada.

Licuación de la deuda

También se licúa la deuda pues se deroga la Ley 676 que garantizaba que el Estado le devuelva al IPAUSS lo que le adeudaba cuando usó los ahorros de los trabajadores del IPAUSS para dar créditos a empresarios, a través del Banco Provincial, que nunca devolvieron. Luego estatizó la deuda y nunca la pagó. Esos originales 208 millones de dólares de deuda, fueron puestos en valores según la cantidad de meses de pago a jubilados que significaba en ese entonces, para que no pierda su valor real. Esto debía pagarse mes ames y los Gobiernos de Cóccaro y Fabiana Ríos no lo hicieron.
Actualizado con esa puesta en valores, la deuda de hoy rondaría los 18.000 millones de pesos. Pero esta nueva Ley aprobada que deroga la 676, lleva a una aplicación de intereses mínimos a la deuda , ningún punitorio y la licúa bajándola a 4.000 millones aproximadamente. Pero tampoco está claro cómo lo van a pagar, pues es en bonos y a medida que haya recursos.

Código Fiscal

Entre otras cosas, la quita del cobro de los impuestos de tierras a los municipios y el readecuo, llevará a los impuestos inmobiliarios a sufrir un incremento que, obviamente, terminará pagando el ciudadano con casa propia o el inquilino o el consumidor final en el caso del readecúo que sufran los locales comerciales", finaliza el informe firmado por la Comisión Directiva Provincial del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF-CTA) y la Comisión Ejecutiva Provincial de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego.


sábado, 23 de enero de 2016

Defender el salario es exigir la canasta familiar para todos

(Asociación del Magisterio de la provincia de Santa Fe -AMSAFE-, seccional Rosario, sábado 9 de enero de 2016)- Las últimas protestas de los docentes junto a los estatales del departamento Rosario pusieron de manifiesto la necesidad de un bono o aumento de emergencia, que a pesar de no ser otorgado seguiremos exigiendo.

En  los meses de noviembre- diciembre, los empresarios,  tomando como excusa la devaluación anunciada por el  gobierno  de  Macri  y como es costumbre, produjeron una escalada fenomenal en los precios de alimentos, medicamentos y otros insumos. Esto implicó una transferencia de riquezas al sector empresario, sin ninguna medida que compense la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, jubilados  y sectores más vulnerables. A esto hay que agregar la eliminación del cepo cambiario y la baja de las retenciones al agro, medidas todas  que siguen beneficiando a los sectores más concentrados de la riqueza.

Nuestro sector, al igual que muchos trabajadores vienen sufriendo un deterioro salarial que no logra recomponerse. En los últimos 12 años sufrimos una devaluación sistemática debido a la inflación, el IVA y el coercitivo impuesto a las ganancias  en una  lucha permanente contra los topes salariales impuestos desde las esferas nacionales y provinciales con total acuerdo de la dirigencia de CTERA.

El propio gobernador Lifschitz admitió que las medidas tomadas por el flamante gobierno nacional tendrían un impacto que repercutirá en el bolsillo de los trabajadores, sin embargo expresó que su política en relación a las paritarias  será encuadrarse en la misma línea del gobierno nacional.

Desde Amsafe Rosario sostenemos la defensa del salario equivalente a la canasta familiar, paritarias libres,  la resolución de los problemas de infraestructura, el pago a  término de los jubilados, y la creación de todas las horas y cargos necesarios.

Para ello exigimos a la Comisión Directiva  Provincial la urgente convocatoria a una Asamblea Provincial, que dé posibilidad al conjunto de la docencia santafesina de debatir  con los tiempos necesarios para  fijar el salario a reclamar en paritaria.

La defensa de nuestro salario pasa por exigir la canasta familiar para todos.


viernes, 22 de enero de 2016

No estudia ni trabaja uno de cada 5 jóvenes y son casi el doble que hace 20 años (suman casi 900 mil en Argentina, tienen entre 15 y 24 años; abandono escolar y embarazo adolescente, entre las causas, dice el informe del Banco Mundial sobre los "ni-ni")

(Por Alfredo Dillon. Clarín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 21 de enero de 2015)- Para cada uno de ellos, el futuro no encierra demasiadas promesas. En Argentina, 1 de cada 5 jóvenes no estudia ni trabaja. Son 875.000 chicos de entre 15 y 24 años: el 19,8% de las personas de esa edad. Las cifras surgen de un informe del Banco Mundial sobre los “ni-ni” en América Latina publicado esta semana.

Para cada uno de ellos, el enorme potencial de la juventud corre riesgo de dilapidarse. Argentina tiene casi el doble de “ni-ni” que hace 20 años: en 1992 eran 470 mil, según cifras de la SEDLAC, la base de datos del Banco Mundial sobre América Latina.

El aumento responde en parte a causas demográficas: la población de esta edad creció 65% (de 2,6 a 4,3 millones) en el mismo período. Pero mientras varios países de la región lograron reducir sus porcentajes de “ni-ni”, Argentina es una de las naciones de América Latina donde se agravó el fenómeno (creció 1,6 puntos porcentuales).


Entre los vecinos, Brasil no registra cambios significativos, en tanto que Chile, Perú y Venezuela lograron reducir hasta un 12% sus tasas de los jóvenes que no estudian ni trabajan en estas dos décadas.

En total, en América Latina hay más de 20 millones ni-ni, la mayoría de ellos vive en la pobreza y dos tercios son mujeres. “Debemos brindarle una educación adecuada y habilidades laborales a nuestra creciente población joven, ayudándolos a que tengan éxito en la vida –sostiene Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe–. Aquellos países que ofrezcan una educación de alta calidad a una población joven en expansión y que además cuenten con mercados laborales dinámicos y de buen funcionamiento podrán crecer y reducir la pobreza de manera más rápida”.

El ni-ni latinoamericano típico es una mujer de un hogar urbano, si bien el número de ni-ni mujeres en la región está descendiendo por un mayor acceso a oportunidades educativas y laborales.

En cambio, el problema se viene intensificando entre los jóvenes varones: hay 1,8 millón de “nuevos” ni-ni en América Latina desde 1992, y la gran mayoría hombres. En Argentina, por ejemplo, mientras que el 80% de las jóvenes van a la escuela secundaria, sólo el 67% de los chicos asisten. La diferencia a favor de ellas se incrementó en los últimos 10 años, según datos de la OCDE.

De todos modos, en la Argentina el problema aún afecta más a las mujeres (24,8%, es decir, 1 de cada 4) que a los varones (14,8%). Según explica el informe del Banco Mundial, entre las mujeres jóvenes, el principal factor de riesgo es el embarazo adolescente, que en Argentina creció 15,7% durante la última década. Entre los hombres, es el abandono temprano de la escuela con destino al mercado laboral informal, seguido del desempleo. La mayoría de ellos nunca regresa a la escuela para completar sus estudios.

“Ser ni-ni puede tener efectos negativos de largo plazo sobre la productividad, reduciendo los salarios y las oportunidades de empleo de por vida y frenando el crecimiento económico en general. El efecto negativo sobre el ingreso también puede empeorar las desigualdades existentes, así como obstaculizar la movilidad social y la reducción de la pobreza en los hogares pobres y vulnerables, indica el informe”, plantean Rafael de Hoyos, Halsey Rogers y Miguel Székely, los autores del estudio.

Los expertos discuten distintas políticas que pueden servir para reducir el número de los ni-ni, evitando que los jóvenes abandonen la escuela y logrando que aquellos que ya son ni-ni consigan un empleo. Entre otras medidas, recomiendan las transferencias condicionadas en efectivo (como el Plan Progresar o la Asignación Universal por Hijo), así como concientizar a padres y estudiantes de los beneficios de la educación.

También puede ayudar el desarrollo de habilidades socioemocionales, apoyo pedagógico y programas empresariales, complementados por sistemas de detección temprana para identificar a aquellos jóvenes que corren riesgo de abandonar la escuela.


jueves, 21 de enero de 2016

Reclamamos la inmediata liberación de Milagro Sala y rechazamos la criminalización de la protesta social

(Asociación del Magisterio de la provincia de Santa Fe, seccional Rosario -AMSAFE-, miércoles 20 de enero de 2016)- Por acción del gobierno de Gerardo Morales detuvieron a Milagro Sala mientras encabezaba un acampe en la plaza de San Salvador de Jujuy.

Se trata de un antecedente aberrante para todos aquellos que ejercemos el derecho a la protesta y la lucha en las calles.

Este hecho se suma a la represión los/as trabajadores/as de Cresta Roja y a los/as trabajadores/as despedidos de La Plata, 

En un panorama de mayor ajuste, despidos y deterioro del salario; saben que necesitan frenar las luchas. Por eso reprimen y criminalizan la protesta social, derecho que históricamente nos ha permitido alcanzar nuevos derechos.

Desde el gobierno de Cambiemos buscan atacar la organización popular y avanzar sobre las conquistas del pueblo trabajador. Debemos alertarnos y llamar a la unidad de todas las organizaciones a repudiar la criminalización y frenar el avance de la mano dura.

Exigir la libertad inmediata de Milagro Sala es una tarea impostergable para todos los sectores del campo popular.

- Inmediata libertad de Milagro Sala.
- No a la criminalización de la protesta social.
- No al ajuste
- No a la represión.
- Derogación de la Ley antiterrorista.
- Desprocesamiento de los más de cuatro mil luchadores sociales.


miércoles, 20 de enero de 2016

Más de 10.000 cesantías en estatales en el nivel nacional: despidos y persecución sindical, un nuevo paso en el ajuste de los gobiernos

(Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior -Ademys-, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  jueves 7 de enero de 2016)- Los trabajadores estatales porteños conocemos las políticas que desarrolló el PRO desde su gestión, y que ahora se proyectan a nivel nacional. Las hemos padecido: la creación de “gerencias operativas”, la proliferación de funcionarios con un enorme desconocimiento en la materia que deberían supervisar y a la vez una formación empresarial y perfil tecnocrático, la creación de un Ministerio de Modernización, cuya finalidad es la persecución a los delegados que no se encolumnan con la gestión e incrementar el recorte público. También hemos visto el manejo arbitrario de contratos, que dejan sin empleo a trabajadores precarios y, en paralelo, apuntalan los negociados, como en el caso de Fernando Niembro; hemos sufrido y enfrentado la persecución e intentos de disciplinamiento, como con las docentes Elsa y Alejandra, entre otras medidas. Las políticas públicas del PRO a nivel nacional y provincial estrenan el 2016 con despidos y cesantías de a miles.

Es imprescindible señalar que los actuales despidos y desvinculaciones se asientan sobre una base de precarización y contratos basura que durante 12 años fue desplegada por el gobierno kircnerista, que sustentó buena parte del crecimiento del empleo con contratos temporarios o haciendo facturar como monotributistas a miles de trabajadores.


En esta primera semana de 2016, muchos empleados contratados y otros que habían logrado el ingreso a planta, tanto en organismos nacionales como municipales, ven interrumpida su fuente laboral de manera intempestiva y arbitraria. Muchos se enteraron de la baja en su contrato, incluso, por medio de la prensa. Con el pretexto de “despedir a los ñoquis” del estado, el macrismo lanza una caza de brujas para recontratar masivamente a miles de trabajadores y deshacerse de aquellos que eventualmente pudieran intentar pelear por sus derechos elementales. La modalidad de la gestión es la no renovación de contratos o el despido, y solo posteriormente, “evaluar” las tareas que el trabajador venía desarrollando para determinar su continuidad o no. En un hecho sumamente repudiable, mediante entrevistas que indagan acerca de su filiación ideológico partidaria, las nuevas gestiones de gobierno macristas tratan de deshacerse de empleados que no manifiesten adhesión a las nuevas autoridades.

Algunas de las áreas donde se producen despidos son organismos nacionales como la AFSCA (al menos un centenar de trabajadores, pero se desconoce el destino del resto, que suman unos 1200 a nivel nacional), el Centro Cultural Néstor Kirchner (cerca de 500 despidos), Senado de la Nación (cerca de 2000 despidos), Ministerio de Trabajo (cerca de 40). En los municipios el panorama no es diferente. En La Plata se denuncian 4.500 despidos, y los trabajadores ocuparon parte de las oficinas públicas de la intendencia en protesta. En Quilmes los despidos sumarían un millar, lo que lejos de limitarse a una depuración de los “contratos políticos”, incluye a trabajadores de áreas sensibles como Desarrollo Social y Niñez; allí también los empleados realizaron reclamos callejeros. Los despidos también se dan en Lanús (unos 300) y Malvinas Argentinas (900), Hurlingam, esta última intendencia del FpV (300).

Cabe señalar que esta política de despidos masivos puede darse no sólo por la impunidad gerencial del PRO y su ejército de CEO´s, sino también por la connivencia de muchos sindicalistas cómplices, pero fundamentalmente por años de precarización laboral, pasantías y contratos basura compartidos con las gestiones salientes a nivel municipal y nacional. A su vez, las políticas de despidos no se limitan al área metropolitana ni al PRO, ya que análoga situación viven los empleados públicos en Mendoza (gobernada por el radical Cornejo) y en Santa Cruz (gobernada por Alicia Kirchner), por ejemplo, donde los despidos también se cuentan de a centenares.

A la par que a los empresarios de la soja y a los pulpos del agro y la industria se les regala la quita de aranceles e impuestos, los despidos masivos vienen como contraparte para que “cierren los números” y para tratar de disciplinar a los trabajadores. Los despidos en Cresta Roja, el paro que vienen de protagonizar los trabajadores del subte ante la negativa de un bono por parte de Metrovías, la pelea que están llevando adelante el SIPREBA y los trabajadores de prensa del Grupo 23 en defensa de su salario y por sus puestos de trabajo dan muestra de que patronales, ya sean estatales o privadas, tienen un plan: que los trabajadores paguemos la crisis.

Mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires seguimos exigiendo la apertura de la mesa de condiciones laborales y salariales y reclamamos un aumento de emergencia, la inmediata recomposición salarial, un plan de obras para construir escuelas y la realización de los concursos de ingreso, denunciamos las políticas de achicamiento público que empiezan a desplegarse en este 2016 con mayor intensidad. Estos ataques merecen la mayor unidad posible entre los trabajadores para frenar el ajuste. La necesidad de medidas concretas de acción por parte de las centrales sindicales no puede ni debe demorarse. Los laburantes no podemos seguir siendo la variable de ajuste de los gobiernos.


martes, 19 de enero de 2016

Contra la arbitrariedad policial

El Sindicato de Trabajadores Judiciales -SiTraJu-, Ate Capital (Asociación de los Trabajadores del Estado), Agtsyp y UTE-Ctera (Unión de los Trabajadores de la Educación) se sumarán a la presentación judicial de la Defensorìa Genral de la Ciudad contra el fallo del TSJ (Tribunal Superior de Justicia) que avala el accionar policial de pedir el DNI (Documento Nacional e Identidad) a los transeúntes. 

El fallo ya había sido cuestionado por la CTA de los Trabajadores Seccional Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la reunión más organizaciones sindicales expresaron su preocupación ante el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que avaló la potestad de las fuerzas de seguridad para demorar sin causa a transeúntes por averiguación de identidad. El fallo otorga a los efectivos policiales la facultad de discernir cuando es “razonable” demorar a una persona para pedirle su documentación.

Según los gremios  esta medida habilita ilegalmente la discrecionalidad del agente estatal de la fuerza de seguridad atentando contra los principios del estado democrático y constitucional de derecho, violando expresamente disposiciones de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional. Contradice también lo dispuesto por la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) en el fallo “Bulacio”, donde al momento de condenar al Estado argentino, se rechaza de manera enfática la utilización de “razzias” o detenciones al azar, exigiendo que las condiciones para realizarlas deben estar objetiva y previamente definidas en una ley formal, lo que de ninguna manera se condice con el criterio sostenido por el TSJ de derivar la validez de las mismas de las funciones generales de la fuerza policial.


lunes, 18 de enero de 2016

Ante la convocatoria ofical, Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior) ratifica el pedido de un aumento salarial de emergencia

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viernes 15 enero de 2016)- El Ministerio de Educación porteño ha pautado para el día 4 de febrero a las 11 horas la primera Mesa de Condiciones Salariales y Laborales de 2016.

Desde Ademys, a la par que venimos impulsando reuniones convocando a la docencia para la elaboración colectiva de nuestro pliego reivindicativo, hemos planteado ante el Ministerio que dirige Soledad Acuña una serie de puntos que merecen respuesta urgente.

De cara a esta nueva convocatoria, reiteramos lo planteado en la reunión de presentación de las nuevas autoridades realizada el 21 de diciembre de 2015, donde nuestro sindicato sostuvo la necesidad de un bono de fin de año equivalente a un doble aguinaldo, y un aumento de emergencia y recomposición del básico a partir del 1° de enero: somos los trabajadores los principales afectados por la devaluación del 42% realizada hace un mes, la escalada inflacionaria que sólo en los últimos meses de 2015 superó el 10%, y los aumentos de tarifas que ya están en marcha, configuran un cuadro de fuerte confiscación del salario. Recordamos, asimismo, que en dicha reunión de diciembre la Ministra Acuña se comprometió a avanzar en un aumento de salario con una “suma puente” con sueldos de enero, y hasta la fecha no hemos tenido confirmación de la misma ni su monto.


Planteamos nuevamente nuestro pedido de creación de escuelas para poder resolver la falta de vacantes en zona sur, a la par que denunciamos la cantidad de familias que siguen teniendo severos problemas para acceder a la escuela pública en este 2016. Insistimos con nuestra exigencia por concursos transparentes en tiempo y forma, que pueden ser garantizados solo por Juntas de Clasificación democráticamente elegidas, por lo cual exigimos la restitución de dicho órgano y de la votación directa de sus miembros: ni docentes, ni vocales elegidos a dedo.

A su vez, volvemos a exigir el fin del sumario a las compañeras Elsa y Alejandra, luego de que la Justicia haya resuelto la reinstalación a sus cargos.

Remarcamos también la exigencia de que se ponga fin a la discriminación sindical que el gobierno porteño ejerce sobre Ademys por oponernos a sus políticas privatistas, discriminación que el gobierno lleva adelante tratando de desconocer a nuestro cuerpo de delegados, hecho que ha sido contestado con movilizaciones masivas y a su vez por la vía judicial desde nuestra entidad.

Los trabajadores no podemos ser, nuevamente, la variable de ajuste. Seguiremos organizándonos en las aulas y en las calles para evitarlo.


domingo, 17 de enero de 2016

Repudiamos absolutamente la represión y los despidos

Los trabajadores de la educación denunciamos que el ajuste ya empezó y rechazamos ser la variable de pagar los costos de la crisis, como es el plan de Mauricio Macri y María Vidal. A los despidos de  trabajadores estatales y municipales seguidos  de brutal represión, como ha sucedido en la ciudad de La Plata, hay que añadir  una estudiada campaña mediática del gobierno de Macri y del intendente Julio Garro de que todos los  estatales somos “ñoquis”. Pero aunque empiecen por ellos, el mensaje disciplinador es para el conjunto de los trabajadores. El miedo a perder el empleo se basa en que el 70 por ciento de los estatales se halla en situación de precarización laboral. 

¿Quiénes son los verdaderos ñoquis?

Los ñoquis son los Ciro James, la patota y los funcionarios cómplices de la intervención en el INDEC. Ñoquis son los intendentes que ganan más de 150.000 pesos si se suman todos los ingresos, o se aumentan el sueldo como Martiniano Molina, el intendente de Quilmes, mientras despiden trabajadores que cobran menos de 6.000 como somos la mayoría de los estatales y municipales.  El macrismo quiere hacer creer que la totalidad de los despidos son de personal “acomodado” por la administración kirchnerista. Más allá de las internas, o del pase de facturas entre las dos gestiones, esto es como mínimo una extorsión y como máximo  la concreción de despidos.

Según datos recogidos por  ATE (Asociación de los Trabajadores del Estado) habría unos 15.200 despidos si sumamos los que se produjeron en el Estado Nacional, en las distintas provincias y en los municipios. La situación es variada, en el Estado nacional se estiman  3340 despidos, en Salta 195, en La Rioja 800, en Catamarca 832, en Tierra del Fuego 1000, en Mendoza 1600, en la provincia de Buenos Aires 7397. El ataque a los trabajadores se da tanto en las jurisdicciones controladas  por el macrismo, como es el caso de la provincia de Buenos Aires,  pero también en provincias donde continúa gobernando el Partido Justicialista o el kirchnerismo, como son los casos  de Salta, La Rioja y Santa Cruz.

Aprovechan  la precarización laboral existente en el Estado para despedir contratados que no cuentan con estabilidad laboral, diciendo que se trata de una no renovación. Los despidos tocan tanto a trabajadores contratados de la planta transitoria, como los que revistan en la Resolución 48, y también a compañeros que son monotributistas, que tienen contratos de locación de obra o de servicios o contratos por convenio con distintas universidades.

El empleo público en los últimos años se precarizó, los trabajadores  tienen distintas relaciones patronales pero no la normal que tiene cualquier trabajador en relación de dependencia. La precarización comprende  desde la tercerización en cooperativas para trabajos municipales y pequeñas obras publicas hasta el contrato como monotributistas, y esto en gobiernos de cualquier tipo.

Un trabajador necesita apelar al empleo público porque la oferta privada no crece ni a  la mitad del aumento de las ganancias de las empresas. Eso no es por la inversión sino fundamentalmente por el aumento de las horas de trabajo y por la intensificación de  los ritmos. Si se cumplieran las leyes laborales  se liberarían muchísimos puestos de trabajo y  si fueran dignas y humanas las condiciones de trabajo en la producción,  crecerían las ofertas de trabajo.

Hasta en la docencia se dejó de lado el estatuto con  los contratos en los Fines, Cai, Patios abiertos y otros circuitos diferenciados. ¿Cuántos contratos tiene Macri en la Ciuda Autónoma de Buenos Aires? Y con los mismos argumentos estigmatizantes vienen por el régimen de licencia y el cambio transitorio de funciones. 
                                                                  
Echan trabajadores mientras no atacan a los morosos de los bancos oficiales, a los grandes evasores y los corruptos de las empresas contratistas.

¿Qué se propone el gobierno con los despidos?    
         
Descargar el ajuste sobre los trabajadores y reprimir a los que defienden sus derechos, como ha sucedido con los de Cresta Roja y los municipales de La Plata. Los despidos han empezado por el eslabón más débil. La precarización laboral viene de los ’90 pero  tuvo continuidad durante la llamada "década ganada" de los K que no hicieron nada para cambiar la situación.

Como planteó el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay,  es un mensaje a todos los trabajadores frente a las próximas paritarias. Los despidos también sirven para chantajear, para que aceptemos una negociación a la baja de nuestros sueldos.

¿Qué hacen los sindicatos?

El paro impulsado por ATE el 29 de diciembre que tuvo su punto saliente en Sta. Cruz donde la gobernadora Alicia Kírchner decidió el despido de 3 mil trabajadores, con cortes de ruta y la toma de la casa de gobierno, constituye una señal clara de la voluntad de lucha y de no dejarse atropellar. En algunos lugares, como en el Centro Cultural Kirchner, fundamentalmente ATE está realizando medidas de fuerza. Yasky ha rechazado verbalmente que la educación y el salario sean la variable de ajuste de la crisis pero sin convocar a ninguna medida.

Desde Suteba (Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires), seccional La Matanza, esta conducción Multicolor llama  a unificar la lucha de conjunto sin distinción de gremios o afiliación,  contra los despidos y contra la represión. Hace falta asambleas en los lugares de trabajo para votar un plan de acción que haga retroceder al gobierno. Llamamos a las centrales obreras a abandonar su pasividad y ponerse a la cabeza de la defensa de los puestos de trabajo.

¡Ningún despido en el Estado!
¡Reincorporación ya de todos los cesanteados!
¡Que sean los trabajadores en asamblea quienes determinen y controlen la asignación de funciones y tareas para todos!
¡Reapertura inmediata de paritarias!
¡Salario igual a la canasta familiar con cláusula gatillo según la inflación real!
¡Abajo la precarización laboral!¡Pase a planta permanente del personal subcontratado!
¡Basta de represión!¡Unidad de acción de todos los trabajadores!

CONSEJO EJECUTIVO SECCIONAL- SUTEBA LA MATANZA
Conducción Multicolor


miércoles, 13 de enero de 2016

El sillón y la gran duquesa, de Carlos Schlieper

Para nosotros se trataba de un película prácticamente desconocida a la que nos asomamos por caualidad hace unos días a través de la heterogénea cartelera que el Incaa TV desparrama por su canal de cable. Se trata de El sillón y la gran duquesa, una comedia filmada en blanco y negro dirigida por Carlos Schlieper sobre un guión escrito en colaboración con Alejandro Verbitsky y Emilio Villalba Welsh según el cuento "Las doce sillas" de Illia Ilf y Eugeni Petrov. 


La obra en cuestión se estrenó en 1943, y en ella es fácil rastrear cierta inspiración de los filmes de comedia paradigmáticos, como los de Ernst Lubitsch, quizás su clásico Trouble in Paradise que antecedíó en una década el intento de Schlieper.

La pieza dura apenas sesenta minutos, es muy pobre y muy pobres son también sus brillos (la copia que se proyecta poco ayuda en este sentido). El empuje de Olinda Bozán esta vez no alcanza. Tampoco el simpático Osvaldo Miranda que repite un monocorde "camarada" al noble ruso que lo observa con desaprobación.

Pero aquí se pretende destacar una escena, los cinco minutos del comienzo que son una verdadera curiosidad para el cine patrio. Se desarrollan durante la revolución bolchevique; es 1917 y estamos en Rusia, reza el cartelito, y los obreros y marineros de aquella parte del mundo andan armados, con antorchas y bien calientes arrasando todo a su paso. En la casa del Gran Duque las mujeres están aterradas... ¿Violación? ¿Ejecución sumaria? No, temen que les birlen sus valiosas joyas, las cuales finalmente la vieja criada ocultará en un sillón para que la trama continúa un cuarto de siglo más tarde en la Argentina. Casi un fino apunte sociológico acerca de las motivaciones conductuales de los ricos.



martes, 12 de enero de 2016

Los servicios de salud y de educación en México son los más perjudicados en la signación de presupuesto y por la privatización en curso

(Por Pedro Echeverría V. http://pedroecheverriav.wordpress.com, México D. F., viernes 8 de enero de 2015)-  1.“Más del 15 por ciento de los adultos viven con diabetes en México, lo que es más del doble del promedio de los países de la OCDE que es de 6.9 por ciento. Las muertes por padecimientos cardiacos bajaron uno por ciento desde 1990 mientras disminuyeron un 48 por ciento en los otros países”. Pero aún hay más, por ello se recomienda a los titulares del IMSS, ISSSTE y Salud, González Anaya, Reyes Baeza y Mercedes Juan, mucha mayor inversión para salvar la situación de la salud en México. Se exige mayor cobertura con el Seguro Popular para disminuir de 9.7 por ciento la mortalidad materna y de 32 por ciento el cáncer cérvico uterino. (Ver La Jornada) ¿Cuántas más denuncias hay que esperar?

2.En México los servicios de salud pública para beneficio de sus afiliados y sus familias son desde 1943, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como por el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde 1960. Ambos proporcionan servicio a un 46 por ciento de la población. Desde 1938 fue fundada la Secretaría de Asistencia Social que se transformó en Secretaría de Salud en 1982 que libremente atendía al resto de la población. Existen también servicios especiales en este campo para el ejército y la armada. Desde la década de los ochenta, con la entrada del neoliberalismo y la privatización, se han multiplicado las clínicas y hospitales privados para los sectores ricos, además de proporcionar servicios de subrogación o privatización por ineficacia de los servicios públicos.

3.En 2005 el presidente Fox y su secretario de Salud Julio Frenk anunciaron la creación del Instituto de Protección Social, al que consideró como el tercer “gran pilar” de la seguridad social en México, adicionalmente al IMSS y al ISSSTE. Un sistema de financiamiento de la salud denominado Seguro Popular, se habló de un programa de vivienda y un sistema de ahorro para jubilaciones y pensiones que se pondrían en marcha el 1 de enero de 2006. La población objeto de atención de este Instituto fueron los trabajadores independientes, autoempleados, población indígena y campesina, entre otros, que no tienen acceso a la cobertura del IMSS o del ISSSTE. Se esperaba que en 2006 estuvieran incorporados cinco millones de familias; sin embargo predominó la desinformación y la imprecisión de sus servicios.

4.Los servicios de salud en México, a la par con los servicios educativos, han vivido más de 40 años de derrumbe porque desde entonces los gobiernos han trabajado para su privatización haciendo diferentes negocios con ellos y porque es muy bajo el presupuesto que se ha aplicado para su funcionamiento. Así como se ha impulsado la creación de miles de clínicas, hospitales, laboratorios de carácter privado y abandonado a las instituciones públicas como el IMSS y el ISSSTE, en educación ha sucedido lo mismo: el gobierno ha apoyado la apertura de miles de escuelas privadas de todos los niveles y recortado el presupuesto público en educación, así como la matrícula de ingreso de estudiantes con el argumento de que no hay dinero. Incluso en la inversión en salud y educación se parecen: en salud sólo se dedica el 5.5 por ciento del PIB y en educación el 4 por ciento, en tanto que en otros países es el doble o el triple.

5.En el IMSS y el ISSSTE hay carencia casi absoluta de camas en los hospitales y muchísimos enfermos tienen que ocupar los pasillos para colocar sus catres o simples colchones en el piso, además de llevar enseres necesarios (alcohol, gazas, agujas) para la estancia en el hospital. Luego suplicar la atención de un médico, una enfermera que –ante la poca contratación de personal- tienen que partirse el alma para atender a los cientos de solicitantes. Por ello hay dificultad en conseguir consultas, lograr la atención de un médico especialista o contar con exámenes de laboratorio. ¿Qué necesidad de que México haga el ridículo en el mundo por no atender problemas importantes y por no invertir lo necesario en campos básicos como son la salud y la educación?

6.Por falta de camas me he visto obligado en tres ocasiones en 55 años (dos por operación y otra por accidente vehicular) a dejar el ISSSTE -al que pertenezco desde el año de su fundación en 1960- para pagar (sin subrogación) mi atención en hospital particular. Y miles de personas hacen lo mismo con sacrificios, como si no nos descontaran de nuestro salario el servicio que está obligado a prestar. Pero aquí lo importante es lo que el pueblo de México debe hacer para que no siga siendo víctima de falta de servicios de salud o cómo debe organizarse para lograr un poco de servicios a tiempo y de calidad. ¿Podrá conseguirse mientras exista el sistema capitalista y los gobiernos que sólo administran los servicios de salud para su propio beneficio?

7.¿Cómo carajos frenar esas decenas de miles de muertes de mujeres y hombre por enfermedades como la diabetes, problemas cardiacos, cáncer de mama y otros, etcétera, que son los que más se repiten? Parece que a la gente le preocupa muy pocos los problemas de los demás mientras no sufra en carne propia. ¿Espera acaso que alguien se solidarice con ella cuando en su vida diaria no se preocupa por ni mínimamente por lo que le sucede a su vecino? La batalla por la salud, la educación, los servicios sociales, contra el desempleo y la miseria son problemas que a todos nos deben interesar. Tengo la convicción de que un día la gente pensará y se dará cuenta de su mundo; espero que no sea tarde.


lunes, 11 de enero de 2016

Gratuidad universitaria en Chile: triunfo táctico, ¿victoria estratégica?

(por Alvaro Ramis. www.puntofinal.cl Punto Final, número 844, Santiago de Chile, viernes 8 de enero de 2016)- La nueva política pública de gratuidad universitaria constituye un “triunfo táctico” del movimiento estudiantil y de la ciudadanía antineoliberal que apoya sus demandas. Los estudiantes pertenecientes al 50% más vulnerable de la población no deberán pagar el arancel ni la matrícula durante la duración formal de la carrera. Basta que se matriculen en universidades adscritas a la gratuidad, las que han sido declaradas elegibles según los requisitos establecidos en la ley. En concreto, se beneficiarían unos 234 mil estudiantes, lo que representa el 20% de la matrícula total del sistema.

Hasta este punto, nada más que decir. Sólo celebrar que los esfuerzos desplegados desde hace décadas, y más radicalmente en 2006 y 2011, han llegado a un primer resultado. El alivio económico al bolsillo será importante, y se ha creado un precedente concreto, ya que ha primado formalmente el derecho social a la educación por sobre el criterio que la define, piñeristamente, como un bien de consumo. Esto no hubiera sido posible sin una movilización permanente, tanto a nivel callejero como también de la que se hace estudiando, conversando, discutiendo, convenciendo a los que hay que convencer.

El problema es que este triunfo inmediato ha requerido para su concreción de circunstancias bastante contradictorias, que pueden comprometer a largo plazo la victoria estratégica contra la educación de mercado. La forma como se ha dado satisfacción a una demanda económica inaplazable, innegable y concreta, puede dañar la transformación del sistema de educación superior. El triunfo táctico de hoy, si no se analiza el curso de los acontecimientos y las definiciones que vienen, se puede convertir en una derrota estratégica, ya que podría significar la clausura de la demanda estudiantil y la consolidación del mercado de la educación, si no se procede a un cambio sustantivo en su marco regulatorio.


Lucha política y lucha económica

Esta situación no es una anomalía. Es muy normal que una parte importante de un movimiento social o sindical se movilice primariamente por objetivos económicos inmediatos y le sea indiferente la lucha política. En medio de lo peor de la dictadura muchos compañeros sólo salieron a la calle en 1983, cuando la situación económica se les hizo insoportable. Y nunca asociaron sus demandas económicas a las consignas de libertad, democracia, derechos humanos. El “economicismo” siempre logra amplias movilizaciones de masas y muy rápidamente. En cambio una movilización estrictamente política siempre resulta mucho más difícil, ya que sus objetivos son inmateriales: tienen relación con la dignidad, la autonomía de los sujetos, la participación, la justicia, todos elementos que influyen de forma cualitativa en la concreción de un derecho, pero que no permiten dar sustento inmediato a las necesidades de la vida. De allí que no se deben disociar las demandas políticas y las demandas económicas, ya que esa bifurcación suele beneficiar a los amigos del statu quo . Cómo pensaba el viejo Plejanov, inmerso en esta misma discusión en la Rusia de 1900: “No nos rebelamos contra la agitación basada en la economía, sino contra aquellos agitadores que no saben aprovechar los conflictos económicos de los trabajadores con los empresarios para desarrollar la conciencia política de los trabajadores”(1).

Gratuidad no implica desmercantilización

Hoy sólo se ha resuelto la gratuidad en un primer año como “marcha blanca”, por la vía de una glosa en el presupuesto. Se ha logrado después de una turbulenta tramitación parlamentaria, que ha incluido un veto del Tribunal Constitucional. Lo que se abre es una segunda fase que se deberá concretar en una nueva ley general de educación superior. En el actual escenario, poco ha cambiado para los grandes grupos económicos que han construido el negocio de la educación superior como un sistema desregulado y concentrador de poder y riqueza. Para ellos la única diferencia es que ahora, en vez de cobrar a los alumnos, deberán hacerlo al Estado, su nuevo gran cliente. Hasta el momento las exigencias de la gratuidad no amenazan su negocio.

En Chile existen 60 universidades, las que no pueden lucrar por ley, aunque en los hechos muchas lo hacen de forma sibilina, desviando sus ganancias por medio de transferencias a sociedades de papel. Además hay 58 centros de formación técnica (CFT) y 42 institutos profesionales (IP) que no tienen legalmente esta restricción al lucro. Sin un cambio profundo en la ley y en la capacidad de fiscalización del Estado, los nuevos recursos públicos vendrán a alimentar la billetera de los controladores de estas instituciones.

Otras preguntas son: ¿Cómo se deben calcular los aranceles? ¿Qué pasa si se forma un cartel de sostenedores que se coluden para incrementar artificialmente los precios que cobran al Estado? ¿O si por el contrario, los aportes del Estado no logran cubrir los aranceles de las carreras? ¿Se instaurará un copago? La información oficial habla de la fijación de un “arancel regulado”, pero hasta la fecha no se ha institucionalizado un instrumento de esa naturaleza. Tampoco sabemos qué pasará con el 80% restante de la matrícula total del sistema que no entra en la cobertura actual. ¿Será incluido progresivamente o el 20% actual es el piso y el techo al que se llegará? Recordemos que hasta el 21 de mayo de 2015 la gratuidad incluía al sexto decil, lo que se redujo luego del cónclave de la Nueva Mayoría del 3 de agosto de 2015 sólo al quinto. En medio de la crisis del precio de los commodities y la baja de la demanda china por nuestros productos no se ve fácil lograr un incremento presupuestario a corto plazo.

La disputa por los criterios de elegibilidad para la gratuidad

Pero el problema clave radica en los criterios de elegibilidad de las instituciones. Oficialmente se fijaron tres para las universidades no estatales: acreditación por cuatro o más años, tener participación de alumnos y/o funcionarios en alguna instancia del gobierno superior institucional, y no tener sociedades con fines de lucro entre los integrantes de sus corporaciones o fundaciones . Juan Pablo Figueroa, de Ciper, sometió a este examen a las universidades existentes y llegó a la conclusión que las únicas privadas no tradicionales que clasificaban de forma rigurosa bajo estas exigencias eran tres: las universidades Alberto Hurtado (UAH), Católica Silva Henríquez (UCSH) y Diego Portales (UDP)(2).

El primer criterio se ha aplicado con rigor y se han excluido las universidades con menos de cuatro años de acreditación. Pero este criterio muestra su debilidad cuando se analiza la “industria de la acreditación” universitaria, puesta tantas veces en tela de juicio por denuncias de corrupción, tráfico de influencias, y más profundamente, por los absurdos criterios que priman a la hora de conceder estas certificaciones. El segundo criterio se ha cumplido a medias. Varias universidades privadas que han accedido a la gratuidad han adaptado su estructura para incorporar la participación mínima de sus académicos y estudiantes. Pero se trata de cosmética. Los “señores de La Querencia” desean mantener el control de sus fundos universitarios sin que nadie amenace sus caprichos.

Y el tercero es el más resistido y el que fue objeto de controversia en el Tribunal Constitucional. Basta releer El negocio de las universidades en Chile, de María Olivia Mönckeberg, para captar la maraña de sociedades que están involucradas en un negocio que genera utilidades exponenciales. En palabras de Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) “las universidades son mejor negocio que la cocaína”. Y lo ejemplifica gráficamente: “Los actuales aranceles en Chile están muy por sobre la docencia, son un robo con aval del Estado. Esto tengo que demostrarlo, y lo hago mediante los siguientes puntos. En primer lugar, viendo las utilidades de las universidades. Te pongo un ejemplo, la San Sebastián se constituyó en el año 90 con 14,4 millones de pesos puestos por los socios. Luego, 23 años después, tiene un patrimonio de 37.457 millones de pesos”(3). Este volumen de ganancias es superior a cualquier otro sector de la economía nacional. Ni la minería tiene esta tasa de rentabilidad.

De allí que la carta de navegación de las movilizaciones de 2016 ya esté clara. Es justo celebrar las conquistas económicas ya conseguidas porque son fruto de la movilización y la lucha social. Pero si el movimiento se paraliza es posible que a largo plazo el triunfo táctico y parcial de hoy se convierta en una victoria estratégica de los sostenedores del lucro y la mercantilización de la educación.

Notas

(1)-Baron, Samuel H. (1958). “Plekhanov’s Russia: The Impact of the West Upon an ‘Oriental’ Society”. Journal of the History of Ideas , 19 (3): p. 388.
(2)-“Los desconocidos detalles de cómo se implementará la gratuidad universitaria en 2016”. Ciper 18.08.2015.
(3)-El Desconcierto, 21.12.2015.

domingo, 10 de enero de 2016

Macri, el aburrido

Sucedió el jueves a la noche en el transcurso del programa "Código político" que va por la canal de cable TodoNoticias. Allí, después de reflexionar un rato sobre temas varios, y al ser consultada al respecto, la intelectual Beatriz Sarlo sentenció que Mauricio Macri le resultaba "muy aburrido, mortal".

Al día siguiente sus declaraciones -más bien una espontánea suelta de sus más íntimos sentimientos- fueron levantadas por muchos y muy importantes espacios periodísticos.

Antes de que el reguero de pólvora de las frases hechas y el sentido común siga corriendo vale aquí recordar que es el mismo adjetivo que alguna vez y de manera bien repetida supo bendecir al otrora también presidente de los argentinos Fernando de la Rúa.

Como en aquel entonces, y dado que los medios suelen alimentarse y a la vez engordar simplificaciones de esta naturaleza, quisiéramos recordar ahora lo mismo que enfatizábamos en aquel entonces. ¿Aburrido? ¡Aburrido es lo de menos!