domingo, 31 de marzo de 2013

Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS): fondo solidario con las luchas docentes de todo el país (se destinarán $10.000 para Neuquén y $10.000 para Misiones)




Miles de docentes porteños no cobraron los 200 pesos del material didáctico


El gobierno de Mauricio Macri les descontó a miles de docentes porteños doscientos pesos de su salario de marzo por el material didáctico percibido en enero y febrero.
Se trata de una insólita interpretación del acta salarial y una absurda provocación del gobierno hacia los jóvenes docentes, que son los que mayoritariamente cobran la garantía mínima y es a los que se les hizo el descuento.
Frente a este atropello del macrismo, la UTE reclamará la intervención de la Subsecrataría de Trabajo de la Ciudad, en cumplimiento del artículo 43 de la constitución porteña que establece la necesidad de convocar a las partes antes de afectar el salario de los trabajadores. Al mismo tiempo, ha solicitado la intervención a la Comisión de Trabajo de la Legislatura, y presentará un amparo en la Justicia, reclamando la devolución del dinero descontado.

Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA)


Barrabravas de River y Nueva Chicago integraban la “fuerza de choque” del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que quiso impedir la entrada de la “izquierda violenta” (según los dichos de Cristina Fernández de Kirchner) en la Plaza de Mayo el 24 de marzo


(Por Gustavo Grabia, Clarín, Buenos Aires, 31 de marzo de 2013)- (…) (De un lado la izquierda de rojo, con palos y amenazante, escribió la presidenta) “Del otro lado jóvenes vestidos de azul, celeste, o blanco, con banderas argentinas, brazos y manos entrelazados, haciendo un cordón humano para separar y evitar la agresión y la pelea”.

Pues bien, tal como muestran las imágenes, algunos de esos jóvenes de manos entrelazadas son peligrosos barrabravas con prontuarios importantes y que estuvieron investigados hasta en causas por homicidios. Barras que consiguieron siempre impunidad trabajando para el poder político de turno y desde 2003 lo hacen para el kirchnerismo. Uno de los que logró identificar Clarín es Ariel Pugliese, el “Gusano”, el más peligroso de los barras de Nueva Chicago y que junto al número dos de la barra, Javier Miranda, fueron contratados para trabajar en el INDEC tras la intevención de Guillermo Moreno.
El otro que aparece en primer plano, desafiante, es Víctor Videla, apodado Toddy, un peso pesado en la tribuna de River que estuvo preso por el crimen de otro barra, Gonzalo Acro, en medio de la guerra interna de la barra Millonaria. A Videla se lo suele ver en el edificio de diagonal Julio Argentino Roca, 651, Capital Federal, sede de varias dependencias gubernamentales, entre ellas, claro, la Secretaría de Comercio Interior y también la de Industria, a cargo de Javier Rando, donde está contratado otro barra importante de River, Matías Goñi, quien el año pasado y en una causa por violencia en el fútbol no tuvo empacho en declarar ante la Justicia que él respondía a Guillermo Moreno.

(La ilustración destaca a Moreno en el video tomado en el lugar por el Partido de los Trabajadores Socialistas.)

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viernes, 29 de marzo de 2013

El Sindicato de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Chaco (Federación SITECH) parará miércoles, jueves y viernes de la semana próxima


(Diario Chaco. Resistencia, 29 de marzo de 2013)- Lo confirmó el secretario general del sindicato como continuidad de las medidas en reclamo de la reapertura de paritarias. 
La medida fue anunciada durante el viaje de los docentes a Buenos Aires para participar de un acto Frente a la Casa de Chaco. En el lugar, el secretario general de SITECH Federación, Eduardo Mijno relató a Diario Chaco los pormenores.  
El además miembro de la Mesa Nacional de la Federación Docente (FND en la CTA) afirmó que en la mañana de este miércoles marcharon al Congreso Nacional y entregaron un proyecto de resolución al diputado nacional del Movimiento Proyecto Sur, Jorge Cardelli, donde repudian la "represión" del Chaco.    
Luego de esta actividad y junto a la Federación Nacional Docente y CTA, se dirigieron a la Casa del Chaco donde realizaron un acto, y finalmente al Ministerio de Educación de la Nación donde entregaron una nota donde expresan su disconformidad ante las policitas nacionales y provinciales en materia educativa.


Habitantes de más de 70 pueblos de Castilla y León salen a las calles por el cierre de 106 aulas de Educación Secundaria Obligatoria


Las autoridades pretenden que en el curso 2013-2014 no haya unidades de enseñanza secundaria en ningún colegio rural de Castilla y León. Esto ha provocado la alarma y la indignación no solo entre la comunidad educativa, sino entre sus pobladorxs que han salido a protestar de manera contundente.
La total eliminación de las aulas de ESO en colegios rurales se decidió hace dos años. En un primer momento, la Consejería decidió eliminar todas aquellas que no cumplieran los requisitos mínimos fijados de contar con al menos 10 alumnos y estar a más de 35 minutos del centro educativo.


En ese momento, desaparecieron la mayor parte de los cursos iniciales de ESO impartidos fuera de los institutos. Ahora, Educación ha anunciado que la decisión es irreversible y que el próximo curso se procederá al cierre total de todas estas aulas. Según confirmó el servicio de prensa de Educación, «el próximo curso todos los alumnos de secundaria serán escolarizados en los institutos, tal y como marca la ley».

Leer completo aquí.


La Facultad de Ciencias Sociales, una de las más afectadas por las jubilaciones forzadas que aplica el rectorado, reclamó que la Universidad de Buenos Aires respete la Ley 26.508, como hacen las demás universidades nacionales


(Página 12, Buenos Aires, viernes 29 de marzo de 2013)- El conflicto por las jubilaciones forzadas de los docentes mayores de 65 años que enseñan en la Universidad de Buenos Aires sigue vigente. Si bien el Consejo Superior decidió prorrogar esta semana numerosas designaciones docentes hasta el 30 de junio (que vencían a fin de marzo), el gremio docente AGD denunció que en el listado aprobado por el gobierno de la UBA “hay detectadas algunas bajas”. En la mayoría de los casos cesanteados, se trata de docentes e investigadores de larga y acreditada trayectoria en la educación superior. En ese contexto, las autoridades y profesores de la Facultad de Ciencias Sociales dieron a conocer una declaración, tal como se resolvió en una reunión abierta a la comunidad académica, para manifestarse en contra de las cesantías que aplica la UBA, desconociendo la vigencia de la ley de jubilaciones sancionada en 2009 que prevé la continuidad de los profesores hasta los 70 años.
“Con el cese de los trabajadores de más de 65 años, el Rectorado de la UBA impugna un derecho laboral, desconoce las tareas de docencia e investigación llevadas a cabo por ellos y los castiga, sencillamente, expulsándolos de cargos legítimos”, dice el documento. El conflicto, que llegó a judicializarse en diciembre del 2011, está en manos de la jueza María José Sarmiento.
El conflicto por las cesantías comenzó cuando las autoridades de la UBA quisieron imponer el retiro forzado de 642 docentes interinos, una disposición que, según la declaración de Sociales, “resulta violatoria de los derechos humanos, humillante, y en muchos casos, priva del necesario sostén económico y de la protección de la obra social universitaria”.
Las autoridades de la UBA basan su decisión en el estatuto universitario, vigente desde 1958, que establece que los profesores cesan a los 65 años, y no les reconocen a los docentes la posibilidad de continuar ejerciendo hasta los 70, tal como establece la ley de jubilaciones que se aplica en el resto de las universidades nacionales. Desde la UBA esgrimen que la ley es “inconstitucional” y se amparan en la autonomía universitaria.
“La autonomía universitaria persigue garantizar la libertad académica; el Rectorado de la UBA la invoca para desconocer los derechos laborales consagrados en la ley vigente, razón por la cual coloca a la universidad en una situación de excepción en comparación con la totalidad de las demás universidades nacionales, que sí cumplen con la ley”, argumenta el documento de Sociales.
Desde que se generó el conflicto, los cargos de los docentes que las facultades reclaman son prorrogados cada seis meses. Lo que está en discusión son los cargos interinos (que son mayoría en la planta docente de la UBA), ya que a los profesores regulares se les admite que continúen en sus cargos hasta los 70.
“Seguimos reclamando la reincorporación de todos los docentes y exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley 26.508 que el Rectorado y el Consejo Superior se empeñan en desconocer, vulnerando derechos laborales conquistados y dejando en la calle a docentes”, sostienen dirigentes de la Conadu Histórica, al tiempo que afirman que “hay casos detectados de docentes que no figuran en los listados” de prórroga.
El conflicto está en manos de la Justicia, que debe resolver la cuestión de fondo: si la UBA debe acatar la ley o no. Las autoridades de Sociales entienden que “la apelación por parte de la UBA a una demanda de inconstitucionalidad de la Ley 26.508, cuestionando los derechos adquiridos por los docentes universitarios, niega la soberanía popular y deja a los ciudadanos a merced de los poderes fácticos”. La causa está en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de la jueza Sarmiento.


jueves, 28 de marzo de 2013

La Asociación de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Neuquén (ATEN) sigue con 72 horas de paro y va a los puentes


 Neuquén, 27 de marzo de 2013

Anoche el plenario de secretarios generales resolvió desde el miércoles que viene continuar con el paro por tres días. Hoy al mediodía irán al puente y realizarán una permanencia de cuatro horas. Mañana irán nuevamente en una caravana desde las 9.
Ayer a la mañana se realizaron las asambleas en cada seccional y en la mayoría el tema más debatido y dividido fue la posibilidad de cortar las rutas durante el fin de semana largo. Capital resolvió parar por otras 72 horas y movilizarse hoy hasta los puentes con un corte durante cuatro horas. Desde las 18 se desarrolló el plenario de secretarios generales que discutió hasta entrada la noche cómo continuar con las medidas. Finalmente se votó paro por 72 horas para el 3, 4 y 5 de abril (incluyendo el aniversario del fusilamiento de Carlos Fuentealba) y realizar una permanencia en el puente que une Neuquén con Cipolletti. La marcha provincial partirá desde el monumento a San Martín y se estima que el corte comenzará al mediodía.
Paralelamente se desarrollará la reunión con el gobierno según lo establece el acta firmada el lunes tras la convocatoria realizada por las autoridades provinciales.
Mañana habrá una caravana también hacia el puente que partirá desde ruta 22 y Saavedra y se concretará otra vez una permanencia sobre la ruta.
El sábado a las 11 se realizará un acto en La Torre de la destilería en Plaza Huincul, a siete años del ataque de los llamados "cascos amarillos", a los huelguistas del 2006. Por la causa de la zona liberada, el ex gobernador Jorge Sobisch fue sobreseído de sus responsabilidades políticas.

El 4 de abril se realizará una marcha provincial al cumplirse seis años del asesinato de Fuentealba. Por la mañana habrá un acto en Arroyito a las 9 y movilización desde el monumento a las 12.
El próximo plenario será el sábado 6. El gremio reclama un aumento salarial del 35%, solución del déficit de ISSN, plan de obras y regularización de los auxiliares de servicio. El plenario de anoche también rechazó el acta firmada el lunes 25 "por no establecer un plan de obras escolares para resolver el problema de la falta de vacantes en todos los niveles, las obras repetidamente prometidas, ni las partidas de refrigerio y mantenimiento. Por desconocer la necesaria recomposición salarial del 35% ante la creciente inflación, por no devolver los días descontados y violar el derecho de huelga. Por no garantizar los aportes económicos necesarios del gobierno para recuperar las prestaciones y medicamentos que actualmente están sin cobertura".

ATEN PLOTTIER INFORMA:

Miércoles 27 de marzo: marchamos a los puentes, con actividades allí por cuatro horas. Salimos del monumento a San Martín a las 10 horas.
Jueves 28 de marzo: caravana a los puentes. Salimos de Jumbo a las 9 horas. Actividades.
Continuidad de la medida de fuerza los días 3, 4 y 5 de abril.
Miércoles 3 de abril: recorrida por escuelas convocando al paro.
Jueves 4 de abril: acto a las 9 horas en Arroyito y luego vamos en caravana al acto en Neuquén a las 12 horas.
Viernes 5 de abril: asambleas por la mañana. Empezamos a las 9 horas en punto.
Sábado 6 de abril: plenario de secretarios generales.


Carabineros reprimieron marcha estudiantil en Chile


(AVN. 28 de marzo de 2013)- La Policía Militarizada (Carabineros) en Chile reprimió este jueves a la multitudinaria marcha estudiantil que exigía educación pública, gratuita y de calidad y el fin del lucro.
Los estudiantes, de secundaria y universidades privadas, marcharon en las ciudades de Santiago y Temuco y en ambas urbes fueron repelidos por los uniformados con chorros de agua y gas lacrimógeno, reseñó Telesur.
La manifestación, convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y el Movimiento de Estudiantes de Instituciones Privadas (Mesup), también se realizó en Valparaiso, donde transcurrió en total normalidad.
El ministro de Interior y Seguridad, Andrés Chadwick, expresó su respaldo a la represión de los carabineros.
La movilización también fue convocada para demandar que se acabe el endeudamiento familiar.
“Queremos que se afronte el endeudamiento familiar que, hasta el momento, no se ha podido resolver”, expresó Cristian Villagrán, vocero de la Coordinadora de Estafados por el Crédito Corfo, la agencia del Gobierno de Chile que otorga créditos a los estudiantes para pagar las universidades.
El pasado octubre, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera rebajó la tasa de los créditos para los estudiantes hasta 2%.
Villagrán explicó que “hay cerca de 74.000 familias que están quedando fuera (de la medida gubernamental) y que, precisamente, son las más afectadas. 5.000 de ellas están con orden de embargo y remate de sus casas solo por querer dar educación a sus hijos”.


¡¡¡¿Otra vez la sinarquía internacional?!!! (la fábula de los sucios trapos rojos que se lanzan contra la prístina y pacífica celeste y blanca...)



“(…) 24 de marzo en la Plaza. Gente uniformemente vestida de rojo, autotitulada de izquierda. Amenazantes, con garrotes en sus manos (…)” versus “(…) Del otro lado, jóvenes vestidos de azul, celeste, o blanco con banderas argentinas, brazos y manos entrelazados.” Tal la versión de la "sinarquía internacional",  apenas aggionarda a este 2013, que difundió a través de una serie de mensajes enviados por la red social Twitter la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el día de ayer. De no creer.


miércoles, 27 de marzo de 2013

La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) rechaza la re-reelección del rector Rubén Hallú y la candidatura de su vice, Alberto Barbieri



La Federación Universitaria de Buenos Aires llama al movimiento estudiantil a luchar por la democratización de la UBA

La FUBA reivindica la pelea del año 2006, cuando a partir de la candidatura de Atilio Alterini -funcionario de la dictadura- miles de estudiantes nos movilizamos para denunciar la estructura antidemocrática de la Universidad y logramos suspender en reiteradas ocasiones la Asamblea Universitaria.
Este reclamo se expandió y el movimiento estudiantil en todo el país tomó como bandera luchar en contra de que una minoría profesoral sea la que determine un destino educativo ligado a los negocios, los vínculos con empresas, la falta de presupuesto y en definitiva la privatización.

El gobierno de Néstor Kirchner actuó, y cedió las instalaciones del Congreso Nacional y la Policía Federal para reprimir a los estudiantes en 2006 y 2009. De este modo, Rubén Hallú (foto) fue elegido dos veces. El rector kirchnerista fue la cabeza de un pacto que no sólo incluyó al oficialismo, sino también a radicales y hasta macristas. Las falsas promesas "democratizadoras" vinieron de la mano de la profundización de la política previa: carencias presupuestarias (miles de ad honorem, falta de becas, crisis edilicia, recursos propios), aplicación de la LES y la Coneau, persecución judicial a estudiantes, vínculos con la minería contaminante (La Alumbrera y otras empresas como Monsanto y Ledesma), así como se incrementó la precariedad laboral, por nombrar algunos ejemplos.
Con este balance a cuestas, Hallú pretende la rereelección, para seguir sosteniendo su proyecto de orientación privatizadora y antidemocrática. Otro candidato es Barbieri, que también es kirchnerista (vinculado fuertemente a De Vido), y actual Vicerrector -es decir, protagonista de la gestión de Hallú-. Su facultad, Económicas, es ejemplo perfecto del pacto político de la UBA, pues la dominan radicales y kirchneristas, y de la orientación social que los une, ya que reina en ella la privatización, los convenios con empresas, el pase de contenidos del grado a los posgrados pagos. Hallú y Barbieri, socios actualmente, son dos caras de la misma moneda, gobernando contra los intereses de la masa estudiantil, docente y no docente, y por eso el movimien! to estudiantil los enfrenta.
La FUBA rechaza tajantemente todo proyecto privatista y antidemocrático. Por eso rechaza cualquier intento rereeleccionista de Hallú o su reemplazo por Barbieri. Ratifica su lucha por la reforma de los estatutos y la democratización, para poner la UBA en manos de estudiantes, docentes y no docentes, luchando por el financiamiento único estatal, la autonomía universitaria, contra la LES y la Coneau, por el fin de la precarización de los docentes y no-docentes, y por una Universidad al servicio de las mayorías populares.

Declaración de la Junta Representativa de la FUBA


Documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia


Plaza de Mayo, 24 de marzo de 2013

Compañeros y compañeras:

El 24 de marzo nos convoca año a año en esta Plaza para repudiar el golpe más brutal de nuestra historia. Estamos aquí, y en todas las plazas del país, reivindicando los sueños y la lucha de nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas que dieron su vida por conquistar un país sin opresión, sin explotación, sin injusticia, sin represión.
Decimos presente en esta cita con la Memoria, la Verdad y la Justicia y con el compromiso militante de mirar el futuro con las banderas de la rebeldía que la dictadura no pudo acallar.
Estamos aquí, apoyando las crecientes luchas de los trabajadores y de nuestro pueblo en defensa de sus derechos y contra cualquier forma de represión y criminalización de la protesta. Decimos presente! A nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y decimos también ¡presente¡ a todos los luchadores populares asesinados por la represión durante los gobiernos constitucionales
En esta cita histórica de nuestro pueblo, de cada 24 de marzo, repudiamos a la dictadura que, a costa de la sangre de nuestro pueblo, impuso la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre.
Repudiamos la brutal represión, racional y planificada contra nuestro pueblo, que tiene un nombre preciso: genocidio. Genocidio que impuso la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes , niños, como paradigma del terror y que tuvo como objetivo aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir profundas transformaciones en la Argentina. Por esto se buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo: cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales, las más diversas militancias
Repudiamos los campos de concentración, la desaparición, el asesinato, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura, el robo de niños, que impuso la más brutal dictadura que conoce nuestra historia.
Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia de Tucumán y en el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país.

Estamos aquí para repudiar a los grupos del poder económico que planificaron y financiaron el golpe a favor de una política que los beneficiara a costa de la miseria sistemática para nuestro pueblo.

Denunciamos también a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos. Por todos y cada uno de los compañeros desaparecidos, por cada uno de los atropellos que sufrió nuestro pueblo: ¡¡denunciamos y exigimos justicia!!
El camino iniciado con el heroísmo de las madres plantadas frente a la dictadura y la resistencia antidictatorial de nuestro pueblo, con las miles de solidaridades que la sostuvieron, tuvo su continuidad en estos casi 40 años de presencia en las calles en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable, de conseguir castigo a los genocidas.
La anulación de las infames leyes de impunidad de Alfonsín primero y el indulto menemista posterior, abrieron la posibilidad de juzgar a los genocidas. Este logro histórico de nuestra lucha no hubiera sido posible sin la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001.
Hoy, a casi 10 años, hemos logrado que se realicen juicios en diferentes lugares de nuestro país, con un resultado de 396 represores condenados y poco más de 1000 procesados. Este año han comenzado los juicios de la ESMA, en Buenos Aires; La Perla en Córdoba, y Arsenales y Jefatura de Inteligencia, en Tucumán. Entre los tres reúnen delitos contra 1500 víctimas y 150 acusados.
Sin embargo la impunidad de la dictadura de ninguna manera ha llegado a su fin.
Existieron más de 600 centros clandestinos durante la dictadura y no llegamos ni a 2 represores por campo condenados! Cada día de atraso en el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura es un día ganado por la impunidad biológica: 396 son los represores condenados y 320 los represores que murieron impunes antes de llegar a la justicia.
Hay más de 60 represores prófugos y casi la mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Hace pocos días Martínez de Hoz, el ministro hacedor de la miseria planificada impuesta por la dictadura, que contaba con el beneficio del arresto domiciliario, murió en su lujoso departamento del edificio Kavanagh sin recibir condena.
Denunciamos que las causas siguen siendo en su inmensa mayoría fragmentadas, parcializadas, y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio. A este ritmo serán necesarios por lo menos cincuneta años para terminar de juzgar a los represores que ya están procesados.
Denunciamos a los jueces cómplices de los genocidas que entorpecen y demoran las causas, y denunciamos al Poder Ejecutivo, que tuvo y tiene la posibilidad de impulsar las medidas necesarias para acelerar los juicios y no lo hace.
Por eso desde la anulación de las leyes de impunidad hemos luchado porque se realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campo de concentración, y por todos los delitos que cometieron contra todos nuestros compañeros.

CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.

Exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas. Esos archivos que contienen la información sobre el destino de todos y cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y de sus hijos apropiados.
Luchamos por la identidad de los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices. La política oficial no abre los archivos y sólo impulsa que quienes duden de sus orígenes, se hagan una prueba genética.
Los jóvenes que recuperaron su identidad hasta el momento son 108 y la cantidad de grupos de familia con muestra genética en poder del Banco Nacional de Datos Genéticos sólo son 246 y estas no alcanzan para la restitución de la identidad de las restantes 400 personas denunciadas y apropiadas como botín por la dictadura.
Por eso exigimos que se establezca rápidamente un mecanismo para que las muestras de todos los restos óseos sin identificar integren el Banco Nacional de Datos Genéticos y que todos los familiares de víctimas de desaparición forzada puedan integrar la base del Banco. De está manera aumentará la identificación de personas nacidas en cautiverio o secuestradas en sus primeros años de vida y que actualmente no pueden ser identificadas por no haber muestras genéticas de sus familias.
Exigimos la máxima transparencia en el manejo de los datos y que se impida su manipulación política por parte de organismos del Estado.

APERTURA y PUBLICACIÓN DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA.
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JOVENES APROPIADOS.

Desarmar la impunidad, construida prolijamente durante años, desarmar el aparato represivo de la dictadura, requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión política que el Gobierno no tiene.
Nuestros compañeros Julio López, secuestrado en el 2006 y Silvia Suppo, asesinada en el 2010 en Santa Fe, que testimoniaron y lucharon contra la impunidad de los genocidas son hoy símbolos que evidencian descarnadamente la continuidad del aparato represivo de la dictadura y la política de impunidad y olvido que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales quieren imponer sobre estos nuevos crímenes. Sus causas están plagadas de encubrimiento e impunidad. Exigimos también el esclarecimiento del asesinato de Mirta Raia en Tucumán.
Con todos estos años de lucha hemos derrotado la teoría de los dos demonios, logramos anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y reabrir las causas contra los genocidas.
En los juicios no solo buscamos la condena de los genocidas, sino también damos pasos en la construcción de una memoria y una historia desde las luchas e intereses populares. Por eso los Centros Clandestinos de Detención deben ser espacios de denuncia de los crímenes contra el pueblo y de construcción de memoria. Una memoria que recupere la historia, las luchas, las banderas y sueños por los que lucharon los 30000 compañeros detenidos desaparecidos: la de un país sin opresores ni oprimidos; sin explotadores ni explotados.
Nos oponemos a que los Centros Clandestinos de Detención se transformen en lugares de recreación. Por eso nos oponemos a que en la ESMA se realicen festivales, cursos de cocina, o que haya payasos o murgas.
Repudiamos el asado proselitista realizado en la ESMA por el ministro Julio Alak, el viceministro Álvarez y el secretario de derechos humanos Fresnedas. Esos "asaditos", con su siniestra significación, asociada a tortura y muerte, son una ofensa a la memoria colectiva. Por eso repudiamos las declaraciones de la Presidenta, que afirma que "en la ESMA hubo asados y los seguirá habiendo".
Denunciamos el nuevo intento del gobierno nacional de banalizar el Casino de Oficiales de la ESMA, modificando el único lugar que queda realmente como Espacio de la Memoria, como relato de lo sucedido en las 17 manzanas que ocupaba ese Centro Clandestino. Cuesta creer que se proponga instalar una fuente de agua y realizar intervenciones arquitectónicas en el lugar donde se mantenían secuestrados y torturados a los compañeros.
El gobierno dice que donde hubo muerte debe haber alegría, porque este sería el proyecto de país por el que lucharon los 30000 detenidos desaparecidos. Les decimos que no es cierto, que nuestros 30000 detenidos desaparecidos lucharon para terminar con la desigualdad y la dominación y por construir un país solidario. Y que entonces la única alegría posible es continuar la lucha para hacer realidad sus sueños.

Compañeras y compañeros:

Salimos, una vez más, a denunciar la impunidad de ayer y de hoy. Por eso hoy denunciamos al gobierno nacional, que pretende adueñarse de las banderas de derechos humanos, que honramos con nuestra lucha de tantos años, para ocultar su responsabilidad en la continuidad de la impunidad y su política de mano dura hacia las luchas populares.
Denunciamos que Cristina Fernández de Kirchner tiene una política que privilegia la entrega y descarga la crisis sobre las espaldas de nuestro pueblo. El gobierno paga la usuraria y fraudulenta deuda externa, denunciada por años por el movimiento popular y las organizaciones de derechos humanos. Garantiza ganancias millonarias a empresas extranjeras que saquean nuestros recursos y superexplotan a los trabajadores, mantiene compromisos con empresas imperialistas de la minería contaminante, refuerza sus vínculos con los agronegocios como el de la rosca sojera, y la extranjerización de la tierra.
Asegura los beneficios a su propio grupo económico y a sus amigos, como Monsanto, y mantiene y profundiza las reformas antiobreras del menemismo.
Porque estamos comprometidos con la historia, el presente y el futuro, somos parte de las luchas que recorren todo el país: puebladas, cortes de calles y rutas, huelgas, acampes, piquetes, las más diversas acciones que dan voz a la defensa de los derechos de los trabajadores ocupados y desocupados, de los jubilados, de los estudiantes, de los pueblos que defienden las condiciones ambientales de la depredación, de los campesinos, de los pueblos originarios, de quienes reclaman tierra y vivienda, salud y educación. Saludamos al pueblo de Esquel en el décimo aniversario del plebiscito que le dijo no a la Mina con el 82 por ciento de los votos. Y con ellos y con todos los asambleístas decimos no a la mega minería a cielo abierto.
La inflación devora los ingresos populares. El supuesto congelamiento de los precios y la tarjeta Moreno son un fraude para imponer los topes salariales. Continúa el impuesto al salario y cientos de miles de trabajadores se quedan sin salario familiar, mientras la asignación universal por hijo no cubre las mínimas necesidades y no llega a todos.
Estos hechos son la verdadera contracara de un discurso enmascarador , que pretende vender a su gobierno como progresista, nacional, popular y defensor de los derechos humanos. Denunciamos también a los gobiernos provinciales del oficialismo y la oposición que despliegan políticas de ajuste en sus provincias.
El ajuste provoca la reacción de millones de trabajadores, como se demostró en numerosas luchas y en el paro general del 20 de noviembre.

Saludamos desde esta Plaza la lucha de los docentes y estatales que recorre la Argentina y ratificamos la necesidad de superar las medidas parciales con un plan de lucha y un nuevo paro general. Hoy vemos con mucha preocupación que, junto a la política de ajuste y entrega y como respuesta a la movilización popular, el gobierno avanza en la represión y la criminalización de la protesta. En estos 10 años de gobierno kirchnerista han sido asesinados numerosos luchadores populares, y su número ha crecido en forma cualitativa en los últimos tres años. Las luchas por tierra y vivienda, contra la tercerización, por salarios dignos, por los derechos de los pueblos originarios, y contra esta política de hambre y entrega encuentra una y otra vez nombres propios de asesinados del movimiento popular.
Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy), Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte (Neuquén), Javier Chocobar (Tucumán), Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (Bariloche), Mariano Ferreyra, Roberto López y Mario López (Formosa), Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (Indoamericano), Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (Jujuy), Mártires López (Chaco), Cristian Ferreyra (Santiago del Estero), Diego Jáuregui (Avellaneda), Jeremías Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (Rosario, Santa Fe), Noemí Condorí (Escobar), Miguel Galván (Santiago del Estero), Celestina Jara y su nieta de ocho meses (Formosa), Imer Flores (Chaco), Juan Manuel Asijak de 16 años (Formosa). Exigimos la aparición con vida de Daniel Solano, joven trabajador desaparecido hace más de un año en Río Negro.
En el último año se multiplicaron las acciones represivas directas: La represión encabezada por el Coronel Sergio Berni contra los trabajadores de la línea 60 y los desocupados y trabajadores de cooperativas que cortaron Panamericana y fueron llevados al ex Centro Clandestino de Detención de Campo de Mayo, se continuó con la represión en Bariloche, y en días recientes con la acción de la bonaerense contra la pueblada de Junín y los camioneros de Lomas de Zamora y la de la Metropolitana de Macri en Parque Centenario y la Sala Alberdi.
La existencia de presos políticos durante este gobierno, como los compañeros de Corral de Bustos y Bariloche, no sólo es una violación a los derechos humanos más elementales, sino que convierte a los detenidos en rehenes ejemplificadores para todo el movimiento popular.
¡¡Reclamamos la libertad inmediata de los presos de Bariloche y Corral de Bustos!!

El número de procesados por luchar aumenta con cada conflicto, mientras permanecen impunes los responsables de crímenes contra el pueblo.

Garrahan, Kraft, Fate, ATE Neuquén, dirigentes del movimiento de desocupados, son sólo algunos de los casos que enfrentan juicios con los que se pretende castigar a los que luchan.
¡¡Exigimos el cierre de las causas y anulación de las condenas a los 5000 luchadores populares procesados y la sanción inmediata del proyecto de ley contra la criminalización de la protesta!!
Denunciamos el espionaje y la infiltración en el movimiento obrero y popular que se expresa en el Proyecto Equis. Se ha puesto de manifiesto la mentira de la ministra Garré que pretendía reducir a un software lo que es, en realidad una actividad planificada y sistemática sobre las organizaciones populares, que se utiliza para armar causas contra los que luchan. Este espionaje viola derechos constitucionales básicos. Este es el concepto de seguridad democrática de Garré, Berni y Aníbal Fernández. Desde hace más de un año, venimos denunciando a Gerardo Martínez, espía de la dictadura y espía después del 83, amparado por el gobierno de Cristina Fernández.

Exigimos el desmantelamiento del proyecto X y de todos los programas de espionaje a las organizaciones populares.

Cuando no se apeló a la represión directa, se utilizó la represión tercerizada.
Denunciamos la persecución de los trabajadores por parte de burocracias sindicales, asociadas a las patronales y a las patotas, como en el caso de Volswagen Córdoba, Sitraic, Bosch, los trabadores del Programa Buenos Aires Presente, de la Ciudad de Buenos Aires, petroleros y docentes de Santa Cruz, entre otros.
El desarrollo del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, que está entrando en su etapa final, confirma abrumadoramente la responsabilidad de Pedraza, su patota y los policías implicados en el crimen. Con el crimen de Mariano actuaron en defensa del régimen de tercerización laboral y de beneficios empresariales en base a los subsidios del estado, el mismo régimen que luego llevó a la masacre de Once. Reclamamos la perpetua para todos los implicados en el juicio, pero también la investigación y condena de todas las responsabilidades que quedaron en evidencia: los funcionarios del Gobierno Nacional, del Ministerio de Trabajo, de la secretaría de transporte y de los empresarios del transporte cuyos intereses defendía la burocracia de Pedraza.

Exigimos castigo a todos los responsables.

En el último periodo se ha recrudecido la represión directa y parapolicial contra los pueblos originarios y los campesinos que defienden sus tierras contra el avance de los pulpos agroexportadores protegidos por los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Así, con el amparo de Gildo Insfrán, Capitanich y Zamora, aliados de Cristina Kirchner, se han cobrado la vida de seis miembros de la Comunidad Qom en Formosa y Chaco y dos campesinos de Santiago del Estero.
Basta de reprimir a los pueblos originarios y a los campesinos.
Porque renovamos nuestro compromiso para seguir luchando por un país sin opresión y represión es que exigimos la derogación de la nueva ley antiterrorista, propuesta por la presidenta y aprobada entre gallos y medianoche por la mayoría oficialista. Esta ley que fue exigida por el GAFI y el Grupo de los 20 califica de terrorista al que "exige a una autoridad nacional, a un gobierno extranjero o al agente de un organismo internacional que haga o deje de hacer algo". Este nuevo engendro represivo es una amenaza latente para todos aquellos que defendemos nuestros derechos en las calles y ha pretendido ser utilizada para perseguir las protestas contra la mega minería.

Exigimos la derogación de la ley antiterrorista.

A 19 años del atentado a la AMIA seguimos exigiendo justicia. Repudiamos ese ataque criminal y nos solidarizamos una vez más con las víctimas. Denunciamos la campaña mentirosa del gobierno diciendo que con el Memorando se va llegar a la verdad, lo cual significará una nueva frustración para los familiares y todo el pueblo argentino. La reciente aprobación de esta ley es una vía muerta para el esclarecimiento de la masacre de la AMIA. Traerá como consecuencia la consagración de la impunidad porque no se propone investigar este crimen del cual el Estado argentino es el principal encubridor y también responsable. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quiere vendermos que persigue a una supuesta conexión internacional en base a informes secretos de la CIA y el Mossad para justificar el abandono de la búsqueda de los responsables locales.

Exigimos la apertura inmediata de los archivos secretos y su entrega a una comisión investigadora independiente.

A un año de la tragedia de Once, expresamos nuestra más profunda solidaridad con las víctimas y con sus familiares. Dolorosamente denunciamos este crimen contra el pueblo largamente anunciado, producto de la política de transporte privatista, de los grandes negociados con TBA, los Cirigliano y la burocracia sindical. Política que impulsa el gobierno nacional y que es continuidad de la implementada por el menemismo.
Exigimos el castigo a Jaime, Schiavi, Cirigliano y de todos los responsables.
La infame absolución de los acusados por el secuestro y sumisión a la trata en el juicio de Marita Verón desnudó la complicidad del aparato policial, el poder político y judicial con las redes de trata, a lo largo y a lo ancho del país. El fallo de Marita produjo una movilización popular de alcance nacional, que representó un golpe, además, contra el Gobierno de Alperovich, responsable de la impunidad. El femicidio y la violencia de género contra las mujeres es un grave problema social. Las hermanas Jara, María Ovando, Romina Tejerina, Wanda Tadei son nombres emblemáticos de esta cruda realidad social. Denunciamos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, por su actitud de total hipocresía, ya que mientras hablan profusamente del tema, en los hechos no tienen una política que se proponga terminar con la violencia de género y proteger los derechos de las mujeres.
Exigimos la aparición con vida de las más de 400 mujeres y niños secuestrados y el desmantelamiento de las redes de trata de personas. Juicio y cárcel a todos los responsables y sus cómplices.
Repudiamos los apremios ilegales y las torturas sistemáticas en las cárceles y comisarías de todo el país, como las recientemente ocurridas en Chaco, Tucumán y Jujuy. Denunciamos la criminalización de la pobreza y el gatillo fácil, que lleva cobradas más de 2300 vidas durante los últimos 10 años y las causas armadas contra los jóvenes de barriadas  humildes. Exigimos la aparición con vida Luciano Arruga y el castigo de todos los responsables. ¡¡¡Basta de gatillo fácil, basta de asesinar a los pobres y los jóvenes!!! Compañeras y compañeros La dictadura genocida que estamos repudiando en esta plaza se propuso terminar con la lucha de nuestro pueblo por un país con pan, trabajo, tierra, salud, educación, vivienda para todos, por una niñez y una vejez protegidas, por una juventud con futuro.

Por nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, por el país que soñaron y soñamos, por una Argentina sin opresión y sin explotación, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia decimos: ¡¡presentes!!

30.000 compañeros detenidos desaparecidos, ¡¡presentes!!!


domingo, 24 de marzo de 2013

Sigue la huelga de los maestros de la provincia de Neuquén: paro y movilización por otras 72 horas a partir de mañana


El plenario de secretarios generales de la Asociación de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Neuquén (ATEN)  reunido en Loncopué el 23 de marzo de 2013 resuelve:

Con 18 seccionales presentes y los mandatos de asambleas, ATEN resuelve continuar por amplísima mayoría con el paro por 72 horas, y las siguientes actividades:

Lunes: volanteadas sobre las rutas en toda la provincia y recorrida de escuelas.
Martes: asambleas y plenario de secretarios generales en Plottier.
Miércoles: Marcha provincial. La modalidad de esta actividad será definida por las asambleas y plenario del martes, de no existir o no una mesa de negociación y propuesta concreta del gobierno.

¡Repudio a la represión en Chaco! Desde ATEN seccional capital, toda nuestra solidaridad con los compañeros del Chaco. ¡¡¡Basta de reprimir a los /las docentes!!!




sábado, 23 de marzo de 2013

El ministro de Educación, Alberto Sileoni, ofreció a los profesores universitarios un aumento de salarios del 16 por ciento hasta septiembre, 2% en octubre y otro 2 en enero de 2014: CONADU Histórica ratificó de inmediato la huelga de la semana que viene


UNÁNIME RECHAZO: SE RATIFICA EL PARO DEL MARTES 26 Y EL MIÉRCOLES 27 EN 25 UNIVERSIDADES NACIONALES

16% en marzo
2% en setiembre
2% en diciembre, a cobrar en ¡enero de 2014!
No acumulativos.
Ante esta oferta de vergüenza, ¡paremos la Universidad de Buenos Aires!

Martes 26, 18,30 horas, gran acto contra las cesantías en Santiago del Estero 1029 (Sede Constitución de Sociales).
Miércoles 27, 9 horas, volvemos al Rectorado (Viamonte 444) para reclamar que ningún docente quede afuera y para que se anule el Convenio de la dictadura militar con la CAJA negra complementaria.


En la fecha (viernes 22) se llevó a cabo en la Casa Rosada la primera reunión de la Mesa de Negociación Salarial del sector Docente Universitario y Preuniversitario. Estuvieron presentes el Jefe de Gabinete de Ministros Juan Manuel Abal Medina, el Ministro de Educación de la Nación Alberto Sileoni, el Secretario de Políticas Universitarias Martín Gill y demás funcionarios del área y del Ministerio de Economía, además del Presidente del CIN Arturo Somoza. CONADU Histórica concurrió con una representación de su Mesa Ejecutiva, encabezada por la Secretaria General Rita Villegas.
Iniciada la reunión, tras palabras del Jefe de Gabinete, el Ministro Sileoni realizó una breve intervención en la que expuso a los gremios el ofrecimiento oficial: 20% en tres cuotas no acumulativas (16% en marzo, 2% en setiembre y 2% en diciembre, a cobrar en enero de 2014).
CONADU Histórica detalló su pliego de reivindicaciones, además de considerar absolutamente insuficiente el magro ofrecimiento, que ni siquiera alcanzó a ser el ?piso salarial? que el Ministro decretó para los maestros de la Educación obligatoria. Además de los reclamos salariales y laborales, la Federación planteó a las autoridades el pedido de derogación del convenio de la dictadura militar por el cual descuentan un 4,5% compulsivamente a los docentes de la UBA para aportar a la Caja del Complemento, a lo cual el Ministro respondió que podría haber novedades satisfactorias al respecto en los próximos días. Anunció además que podría haber una nueva reunión paritaria la semana que viene.
Finalmente, y considerando que la propuesta salarial constituye una afrenta a la docencia de las 48 Casas de Altos Estudios, CONADU Histórica ratifica plenamente la medida de fuerza de 48 horas para el 26 y 27 próximos dispuesta por el Plenario de Secretarios Generales, que volverá a reunirse el viernes 5 de abril en Buenos Aires.

El martes 26 y miércoles 27, paremos la UBA.
El 26, a las 18.30 hoeas, en Santiago del Estero 1029, paremos las cesantías.

Asociación Gremial Docente-UBA en CONADU Histórica

viernes, 22 de marzo de 2013

Hijos y familiares de desaparecidos denuncian: “el gobierno quiere impedirnos llegar a Plaza de Mayo este 24 de marzo para silenciar nuestras denuncias”


(ACTA)- Hijos y familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar emitieron una dura advertencia ante -lo que denominaron- la provocación montada por el gobierno nacional para obstruir su llegada a la Plaza de Mayo este 24 de marzo.
“Nos quieren impedir que marchemos, que reclamemos como hace décadas lo hacemos por memoria, verdad y justicia, que llevemos hasta la Plaza de Mayo nuestra denuncia por la impunidad de ayer y de hoy”.
Así se expresaron ante la convocatoria de la organización Unidos y Organizados que convoca a concentrar -junto a organismos de derechos humanos alineados con el gobierno- este 24 de marzo a las 14 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio para hacer su acto más de 4 horas después en la Plaza de Mayo. Buscan impedir así el ingreso de la columna del Encuentro Memoria Verdad y Justicia que agrupa a los organismos independientes del Gobierno, organizaciones sociales, gremiales y políticas de izquierda y que desde hace 17 años moviliza en forma independiente de todos los gobiernos.
“Quieren impedirnos que lleguemos a la Plaza de Mayo, quieren expropiarnos nuestro derecho a expresarnos y a repudiar el genocidio porque quieren silenciar la denuncia al espionaje ilegal de la Gendarmería, los casi 5.000 luchadores procesados penalmente por pelear por sus derechos, la criminalización de la protesta social y de los casi 20 muertos en protestas sociales por tierra, trabajo y vivienda bajo este gobierno que dice no reprimir".
"El gobierno y sus organizaciones pretenden utilizar la memoria de nuestros viejos y familiares caídos y la lucha de un pueblo que durante más de tres décadas viene luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Nosotros no nos movilizamos desde el 2003 como algunos que hoy militan en las filas kichneristas, lo hacemos desde que tenemos memoria, junto a organismos independientes de todos los Gobiernos, incluido éste que hoy nos quiere dejar afuera de la Plaza de Mayo un 24 de marzo para que no denunciemos cómo la impunidad de ayer se continúa hoy con éste gobierno”, señalaron.
Asimismo, puntualizaron que “hoy desde la Rosada intentan reducir a un testimonio del pasado el aniversario del golpe militar, buscando encubrir un presente que lo encuentra enfrentado a su propio relato sobre los derechos humanos: por eso quieren evitar que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia pueda hacer su acto el 24 de marzo en la Plaza de Mayo. Realmente lamentamos que haya otros familiares que se presten a esta maniobra por comulgar con este gobierno”. “Somos los únicos que denunciamos no sólo la persecución a los luchadores y la criminalización de este Gobierno sino la impunidad que continúa para la gran mayoría de los responsables militares, civiles y eclesiásticos del golpe genocida. Por eso nos quieren impedir llegar a la Plaza de Mayo este 24 de marzo. Reafimamos nuestra convocatoria a marchar desde las 15 horas de Congreso a Plaza de Mayo junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia y hacemos responsable a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que tengamos totales garantías para manifestarnos como lo hicimos desde siempre”, concluyeron.

Firman: María Victoria Moyano, nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo Alejandrina Barry, hija de desaparecidos Juan Contriciani, hijo de desaparecidos Gloria Pagés, hermana de desaparecidos Jorge Sobrado, ex detenido desaparecido en La Perla, provincia de Córdoba María Inés García, hija de desaparecidos Graciela Frañol, hermana de desaparecidos Andrea Robles, hija de asesinado por la Triple A Pablo Silvestri, hijo de asesinado por la Triple A Carla Lacorte, hija de asesinado por la dictadura chilena y víctima del gatillo fácil.